Una propuesta de mínimos por la soberanía sanitaria

Angels Martínez Castells y Sergi Raventós Panyella

Fundadores de Dempeus per la Salut Pública

Diversos activistas, universitarios y profesionales relacionados con la salud y la sanidad han elaborado un Manifiesto que es, en cierto sentido, una respuesta al documento presentado por la sectorial de salud de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC). Aunque no es la primera crítica que suscita dicho documento, en el Manifiesto "Por el derecho a decidir también nuestra salud y el sistema sanitario de Catalunya" —que se encuentra en la actualidad en proceso de difusión y recogida de firmas— sí se ofrece un programa alternativo de soberanía sanitaria.

Las personas que han elaborado y firman el Manifiesto consideran fundamental que no se confunda la soberanía con el interés particular del mundo empresarial privado de la sanidad, como demuestra el hecho de que el documento de la ANC fue presentado por Helena Ris, actual directora general de la Unio?n Catalana de Hospitales y sucesora de Boi Ruiz al frente de la patronal de los hospitales privados de Catalunya.

La valoración que en el Manifiesto se hace de la realidad que atraviesa la sanidad pública en Catalunya no puede ser más crítica, ya que las políticas austericidas aplicadas por la Conselleria de Salut han conducido al sistema a un punto crítico que puede hacer imposible su recuperación. En opinión de los autores, la situación se agrava día a día porque, al igual que en la fábula, son los lobos los que están a cargo del gallinero: las puertas giratorias funcionan en los dos sentidos, y son ahora los anteriores dirigentes de la patronal los que están dirigiendo la sanidad pública. Así, cada día nos despertamos con una nueva amenaza que afecta la integridad de nuestro sistema de salud y precariza al personal del sector. Y mientras se elaboran soflamas vacuas y pretendidamente "neutrales" y "apolíticas" como las que encontramos en “Salut per la Independència” se intentan proteger los nichos de corrupción que corroen el sistema. Quienes ponen nuestra sanidad pública en peligro de extinción tampoco dudan en recorrer todo el abanico de la represión: desde demandas judiciales a quienes exigen transparencia, hasta represalias laborales a quien se atreve a contar la verdad sobre las urgencias colapsadas.

Una muestra de lo que decimos, por ejemplo: en el Institut Català de la Salut (ICS) han perdido su trabajo más de 2.400 personas desde el año 2010 (un 7%), y mientras que el presupuesto para sanidad pública en Catalunya ha disminuido en un 16%, el de la sanidad privada lo ha aumentado en un 52% en los últimos 10 años.

Después de las movilizaciones por el cierre de urgencias en determinados municipios al inicio del austericidio, ahora son los hospitales públicos más importantes como el de Vall d'Hebron, o el Hospital de Bellvitge (que ha pasado de 322,6 millones de euros de presupuesto en el 2010 a 288,9 el 2012) los que sufren de forma aguda los colapsos de urgencias, el cierre de servicios, de quirófanos y camas, mientras la ciudadanía se organiza para hacer frente a unas listas de espera abusivas (sobre las que a diario miente la propia Conselleria de Salud). La situación ha llegado a tal gravedad que en el Hospital de Bellvitge una decena de pacientes se han declarado insumisos contra el cierre de plantas y camas y se han atrincherado, con sus familiares, evitando su traslado. Son conscientes de que los recortes que la Conselleria de Boi Ruiz propone son suicidas y tienen sesgo de clase y de género: mientras las mujeres en su mayor parte deben suplir la "austeridad" de los cuidados de la sanidad, el personal sanitario, más reducido, sufre una precarización en salarios y condiciones de trabajo que difícilmente se pueden compensar sin una vocación profesional extrema, de la que los saqueadores se aprovechan sin remilgos.

El documento de la sectorial de salud de la ANC olvida que para conquistar la soberanía también en salud y sanidad debe actuarse también sobre los verdaderos determinantes de la salud y lamentablemente la mayoría de personas en Catalunya no disfrutan de una situación vital, económica o laboral compatible con la definición de salud del Congreso de Médicos y Biólogos celebrado en Perpinyà en 1976 y que el documento de la ANC dice compartir. De hacerlo, debería denunciar que cuando los determinantes de salud se desmoronan, no se puede tomar la determinación de reducir el sistema de apoyo social ni el sector sanitario que podrían, al menos, paliar sus efectos más devastadores. Y tampoco puede negarse la malnutrición de los niños, ni ponerse de espaldas a los desahucios continuados ni escamotear los problemas de salud mental derivados de quedarse en paro y sin prestación e incluso esconder el incremento de suicidios en Catalunya.

Por ello vale la pena que se discutan de forma amplia en distintos sectores de la ciudadanía de Catalunya los puntos básicos que el Manifiesto recoge:

1. Garantizar el Derecho a la protección de la salud y a un modelo de asistencia sanitaria pública, de cobertura universal y sin exclusiones, equitativo y financiado suficientemente por impuestos progresivos.

2. Plan de Nacionalización de los servicios públicos de salud. Convertir el Servicio Catalán de la Salud (SCS) en el Servicio Nacional de Salud de Catalunya (SNSC), con funciones de planificación, financiación, gestión y evaluación de los servicios de salud públicos.

3. Con el criterio de que todo lo que se paga con dinero público debe ser público, es necesaria la definición y declaración por parte del SNSC de los proveedores públicos como medio propio del SNSC: progresivamente la totalidad de las entidades SISCAT, con hospitales de la XHUP y/o con equipos de atención primaria deberían pasar a ser entidades que sean medio propio de la Generalitat. Este punto implica también la eliminación de las puertas giratorias en la sanidad pública y que las personas incriminadas por corrupción sean juzgadas.

4. Sobre política de los medicamentos, se propugna un sistema de salud sin la omnipresencia de la industria farmacéutica, y en el que se regulen y se vigilen los conflictos de intereses de políticos, gestores y prescriptores, y se seleccionen los que de verdad son necesarios, de manera que se deje de comprar humo a precio de oro en el mercado internacional de las tecnologías.

5. Refuerzo de la Atención Primaria y Comunitaria como instrumento básico para la resolución e integración de los circuitos e intervenciones que se realizan sobre la ciudadanía del territorio con una dirección general única para todos los equipos de atención primaria del territorio.

6. Restauración de la Agencia Catalana de Salud Pública con las funciones de la Ley General de Salud Pública de Catalunya, reforzando los programas de prevención, promoción y protección de la salud (como por ejemplo: alimentos, medio ambiente, salud laboral, salud mental), promoviendo el enfoque de salud en todas las políticas, a fin de orientar las prioridades no sólo a los principales problemas de salud, sino los determinantes sociales de la salud.

7. Derogación de coREpagos sanitarios y farmacéuticos y compromiso de no imposición de nuevas tasas como el euro por medicamento que, como se ha demostrado, significa barreras de acceso al tratamiento.

8. Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público, como mínimo en los plazos actualmente en vigor, y sin penalización en el Código Penal, que empodere a las mujeres como personas autónomas y con derecho a decidir, y que vaya acompañada de acciones de educación sexual y afectiva para toda la población (hombres y mujeres).

9. Una visión mucho más integral de la sanidad y la salud que incorpore los aspectos biológico, psicológico y social. Poner el acento en el papel del trabajador/a social, que junto con el personal sanitario médico y de enfermería de atención primaria constituye una figura local muy cercana a los sectores más vulnerables y que requieren más solidaridad social.

En el Manifiesto se insiste, por último, en que es necesario fomentar la participación ciudadana empoderada en sanidad y salud para favorecer la democracia real, mejorar la sanidad, y democratizar la Salud Pública a partir del análisis y seguimiento de los Determinantes Sociales y reducir las desigualdades. Los párrafos finales del Manifiesto se dedican a ratificar la idea de que la participación es clave para la soberanía en sanidad y salud de los pueblos, alertando de los nuevos intentos de reducción en la financiación presupuestaria a los servicios públicos y del secretismo de la negociación del TTIP entre EEUU y la UE, que, de seguir adelante, nada bueno prometen para la sanidad pública del siglo XXI.