JOAN HERRERA

En época de crisis es justo y razonable exigir el esfuerzo de todos, y especialmente de los que más tienen. Muchos hemos creído siempre en la necesidad de intervenir y regular el mercado, cosa que se ha acabado aceptando incluso en los sectores más liberales. Pero, en lugar de refundar el capitalismo o reformar la lógica de los mercados, el mercado ha reformado al Estado. El Gobierno ha optado por saciar al mercado, como si la diferencia entre unos y otros tan solo pasase por la velocidad a la que se arrodillan ante los grandes inversores.

Se dijo, en uno de los países con menos esfuerzo fiscal de nuestro entorno, que bajar impuestos era de izquierdas, y se hicieron reducciones fiscales por valor de 30.000 millones de euros. Al final, las consecuencias son que el Gobierno ha optado por la opción del recorte sin revisar la política de ingresos.

Con los ajustes, el Ejecutivo ha aceptado el dogma de acabar con el problema del déficit únicamente por la vía del gasto, con una propuesta muy poco racional. En primer lugar porque es antieconómica debido a la renuncia prematura a la inversión, lo que nos puede llevar de la recesión a la depresión económica. Y, en segundo lugar, porque es una propuesta que conlleva graves consecuencias sociales en terrenos tan relevantes como las pensiones, la dependencia o la rebaja del sueldo de los funcionarios, aceptando que la lógica del ajuste se debe basar en los ajustes salariales, empezando por los empleados públicos, para después seguir con la bajada salarial de todo aquel que mantenga un empleo.

Pasada ya una semana, y por si esto fuera poco, el Gobierno lanza un nuevo mensaje: ahora toca la reforma laboral, asumiendo que los ajustes se tienen que hacer con el esfuerzo de los asalariados. No sitúa reflexión alguna en torno a nuestro principal problema: la falta de crédito a empresas y familias –en el que sí hay un diferencial negativo respecto a Europa– ni aborda las reformas y exigencias que se necesitan en el sector financiero. También se dice que llegará una propuesta para que pague quien más tiene, pero sin plazos ni propuestas concretas, y con el sospechoso balance de haber presentado como única medida de progresividad fiscal la reforma de la ley Beckham, modificación aprobada a propuesta de quien escribe.

El presidente del Gobierno siempre ha reivindicado su tradición de la izquierda, de un fuerte republicanismo cívico. Pero, en cambio, es en el momento de mayor ofensiva de los valores de la derecha, de propuestas de ajustes más duros e injustos, cuando Zapatero ha decidido desertar del terreno de la izquierda, de desarmarla, y de rendirse al ajuste duro, irracional, injusto y no equitativo.

Podríamos ahora esperar a que concrete las propuestas para que pague más quien más tiene, mientras los ajustes duros se materializan. Incluso es posible que en cuestión de días podamos encontrarnos con alguna medida concreta. Pero creo que lo que nos toca a la gente de izquierdas y de progreso es definir otros caminos por los que transitar. Se puede equilibrar el déficit sin recortes sociales, con una política de recorte del gasto distinta y sobre todo con una reforma fiscal justa, progresiva y ambiental. En los próximos días, diferentes grupos de la izquierda debemos señalar la política fiscal que se puede hacer: recuperar un impuesto sobre la riqueza; reformar el IRPF, introduciendo un nuevo tramo del 50% para los ingresos superiores a 8.000 euros mensuales. Podemos diferenciar la fiscalidad de las sociedades productivas de las meramente instrumentales, sin trabajadores a cargo, que sirven exclusivamente para pagar menos impuestos. Se debe crear un nuevo tramo del impuesto de sociedades para las empresas que ganen más de 1.000 millones de euros al año. Esta semana se discutirá una proposición de ley, trabajada con todas las organizaciones ecologistas, sobre fiscalidad ambiental, que bajo el concepto de que quien contamine pague, evite la externalización de los costes ambientales, que acaba asumiendo el conjunto de la sociedad. Es urgente un plan de choque contra el fraude fiscal y la lucha contra la economía sumergida, que en España alcanza porcentajes récords respecto al resto de Europa. Son posibles propuestas que permiten centrar el debate sobre el mercado del trabajo en la disminución de la precariedad; el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; reformas en el sector financiero que garanticen el acceso al crédito a familias y pymes; la reforma del sector eléctrico para adelantarnos a la crisis energética y, en clave europea, introducir fiscalidad sobre las transacciones.

Si el presidente ha tirado la toalla, el resto de la sociedad no puede hacer lo mismo. No es idealismo, es responsabilidad. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones en votaciones en el Congreso, en movilizaciones, en propuestas serias y rigurosas. Podemos ser más fuertes y útiles a los ciudadanos si, desde nuestra pluralidad, nos unimos más y mejor cuando haga falta. La mayoría de ciudadanos de este país se siente de izquierdas, pero sobre todo, y lo más relevante, es que son trabajadores, pensionistas, personas sin empleo, jóvenes, estudiantes y precarios. A ellos les debemos una respuesta, porque fueron ellos los que nos eligieron para representarlos, no los mercados. Más allá de los partidos, estamos al servicio de esos ciudadanos. Hago esta propuesta como secretario general de ICV, como diputado en el Congreso. Pero, sobre todo, porque siento que esta propuesta la comparto con miles de ciudadanos.

Joan Herrera es secretario general de ICV y diputado en el Congreso de los Diputados

Ilustración de Patrick Thomas