Teresa Rodríguez

Docente, sindicalista y activista social

Rebeca Moreno

Docente y activista feminista

Hace unos días supimos que el Gobierno planea aprobar en breve la Ley del aborto más restrictiva que ha conocido este país. Supimos que pretendían hacerlo, como hacen los ladrones, a hurtadillas y deprisa. Supimos que, como siempre, harán oídos sordos a las exigencias de las mujeres y de la ciudadanía que exigen la retirada de una legislación que penaliza a los profesionales sanitarios e infantiliza a las mujeres. La ley que teníamos era insuficiente, la que nos imponen ahora nos hace retroceder más de treinta años. Otra vez se pone en duda nuestra capacidad de gobernarnos a nosotras mismas, otra vez nos tratan como a menores de edad sin derecho a decidir, otra vez debemos plantar cara a quienes nos niegan el derecho más básico de todos: el derecho a controlar nuestro proyecto de vida y decidir qué hacer con nuestro cuerpo.

Desde que Gallardón planteó su reforma legislativa las contestaciones han venido desde todos los frentes: desde el movimiento feminista, desde el ámbito médico, desde la sociedad civil e, incluso, desde las propias filas del Partido Popular. Haciendo gala de su habitual cinismo la ley dice servir “para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”. La ley no persigue a la mujer que interrumpe su embarazo, sino que endurece las penas contra los profesionales sanitarios que practiquen abortos ¿Por qué? Porque la lógica de fondo es la de considerar que las mujeres somos tan incapaces de decidir, tan víctimas, que necesitamos que nos protejan incluso de nuestras propias decisiones. Las mujeres estamos hartas de su paternalismo y de todos los mitos que rodean al aborto, de que nos digan que interrumpimos el embarazo “a lo loco”.

Lo cierto es que, según los datos del Estudio llevado a cabo por la Coordinadora Feminista en 2007, el 88% corresponde a embarazos de menos de 12 semanas de gestación, es decir, que la mayoría de las mujeres que deciden abortar toman esa decisión en cuanto conocen su estado porque tienen claro que, al menos en ese momento, no desean ser madres. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a entrometerse en una decisión tan íntima como es la de qué hacer con nuestro cuerpo y desde luego nadie tiene derecho a hacernos sentir culpables cuando tomamos tal decisión. La maternidad debe ser siempre una opción libremente elegida, y para que eso sea posible el Estado debe garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública en condiciones dignas, seguras y con acceso universal para todas las mujeres. Quienes se dicen defensores de la vida deberían preocuparse menos por lo que pasa en nuestros úteros y aplicarse más en garantizar las condiciones materiales que nos permitirían ser madres en condiciones dignas si así lo decidimos. Que abran escuelas infantiles, que subvencionen comedores escolares, que amplíen los servicios sociales liberando a las mujeres de las cargas de trabajo de cuidados y reproductivo, que garanticen servicios públicos dignos de atención a la dependencia.

Uno de los ejes en torno a los que han hecho girar el debate ha sido el del supuesto de malformación fetal. Ya hemos señalado mil veces la hipocresía que supone escudarse en este debate mientras se recortan todas las garantías sociales para las personas en situación de dependencia. Finalmente parece que el gobierno ha decidido incluir este supuesto, con el consiguiente enfado de los sectores ultraconservadores a los que pretendía contentar con esta ley. Las feministas hemos dicho siempre y seguimos diciendo que los derechos de las mujeres no son negociables, no pueden ser fruto de un pacto con sectores conservadores. El derecho a la salud sexual y reproductiva es un derecho humano básico que debe ser garantizado. Nosotras lo tenemos claro el problema no es el aborto, el problema son los embarazos no deseados. La solución pasa por invertir en una educación sexual que nos enseñe a vivir la sexualidad de forma libre y segura y por garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos. De lo contrario estaremos penalizando a quienes no tienen los recursos económicos para acudir a una clínica privada. Una famosa pintada decía “hipócritas: las ricas abortan, las pobres mueren”; en realidad es la lógica de mercado aplicada también a la salud reproductiva, el aborto, que es un derecho, se convierte en un privilegio sólo al alcance de quien pueda pagarlo.

La batalla viene de lejos y nosotras, herederas de las mujeres que llevan décadas luchado, hoy tomamos su relevo. Ahora que los consensos que cimientan el régimen del 78 están puestos en duda queremos recordar a las feministas que durante la Transición lucharon por los derechos de las mujeres y denunciaron las concesiones hechas a la derecha (también) en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces Unión de Centro Democrático y Alianza Popular se aliaron para que el artículo 15 de la constitución quedara redactado tal y como hoy aparece “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral” frente al redactado que hablaba de “todas las personas” y que descartaba que la penalización del aborto quedara prejuzgada por la Constitución. Entonces, como ahora, se pactaron nuestros derechos con sectores de la sociedad que pretenden imponer su moral mediante imperativo legal. Una vez más les repetimos lo que tantas veces hemos dicho: no vamos a pagar su crisis, ni vamos a aceptar su moral. Ahora que el régimen se tambalea vamos a atacarle por todos los frentes, porque provida somos nosotras y nosotros: quienes luchamos por una vida digna, libre y autónoma para todas las mujeres. Demos juntas y juntos la batalla por tumbar esta ley injusta. Que les quede claro de una vez por todas: nosotras parimos, nosotras decidimos.