A cuenta de la re-vuelta a la nomenclatura de calles franquista que vivimos en Madrid, un compañero se equivoca y manda un whatsapp al chat del trabajo, enfatizando la opinión de un conocido escritor, que venía a decir que hablar de franquismo hoy es de tontos, nostálgicos sin cerebro y radicales absurdos, que no se creen ni lo que reivindican.

Para situaros, os contaré que mi compañero no es franquista, ni simpatiza especialmente con la derecha, es ese ex votante de PSOE, primero, y de Ciudadanos, después, que, defraudado, vota en blanco. Si tuviera que situarlo en el eje, sin acritud alguna, lo colocaría en el espacio del “ni fu ni fa”. Ese espacio donde cunden especialmente las falacias de la desmemoria, las del es agua pasada, no hay que revolver en la herida o hay que mirar (solo) hacia delante.

Al margen de lo que quisiera decir el escritor ‘opinador’, que dice no ser ni de izquierdas ni de derechas pero que casualmente siempre cae para el mismo lado, sus opiniones no me importan. Sin embargo, si me importa el efecto de sus palabras en mi compañero y por eso pensé en contestarle, pero era largo para el whatsapp, así que intentaré hacerlo por aquí.

Le diría en primer lugar que, si alguien revuelve en la herida, es, en este caso, el alcalde de Madrid al devolver de nuevo al callejero madrileño, la placa del Goebbels de Franco, Millán Astray, o la del Crucero Baleares, que asesino a miles de compatriotas civiles durante la Desbandá.

En segundo lugar, le recordaría algo muy obvio, pero que parece que por el desuso hemos normalizado: cumplir la ley por parte de las Instituciones en un Estado Democrático de Derecho no es opcional.

Los gobiernos municipales del Partido Popular incumplieron la Ley de Memoria desde 2007 a 2015. Después, cuando otros se pusieron a cumplirla, fue muy crítico y se abstuvo en todo el proceso, incluidas las conclusiones de la comisión que se generó al respecto con expertos de las diferentes ideologías, incluida la suya. Hoy, el equipo de Gobierno de Almeida sigue sin cumplirla, ni recurre sentencias reaccionarias, ni deja las calles ya cambiadas por vía ordinaria que sería lo más sencillo.

Almeida no solo incumple la insuficiente Ley de Memoria, si no que incumplen los derechos humanos de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

De hecho, es por estos incumplimientos concretos por los que la ONU, la UE y demás instituciones internacionales nos han llamado la atención innumerables veces y por los que somos considerados una anomalía democrática fuera de nuestras fronteras. El art. 96.1 de la Constitución, dice que los tratados internacionales firmados por España formaran parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, el derecho internacional, que el Estado español adopta es exactamente igual que cualquier ley propia.

Sin ir más lejos, hace apenas unos días el Comité sobre Desapariciones Forzosas de la ONU ha emitido un nuevo informe en el que, entre otras cosas, reitera que España debe investigar las desapariciones forzadas de la Guerra Civil y la dictadura y castigar a los autores de los delitos conforme a la gravedad de sus actos, considerando la preconstitucional Ley de Amnistía un obstáculo para ello. Y considera que el marco normativo en vigor, así como su aplicación, no se ajustan a la Convención de Naciones Unidas.

De hecho, el mal uso jurídico de la Ley de Amnistía de 1977 la convierte de facto en una ley de punto final, prohibidas por el derecho internacional. Al no juzgar los delitos, estos no son tipificados y por tanto no se puede definir si son amnistiables o no. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, no son amnistiables.

Aún hoy, la Ley de Amnistía es la clave de bóveda que impide un avance real en el cumplimiento de los derechos humanos de memoria.

Y esto no pasa hace, 20, 40, ni 80 años, sino hoy. Ojalá el franquismo fuera agua pasada con la que se entretuvieran los nostálgicos, y no afectara nuestro presente y por ende pudiéramos mirar nuestro futuro con garantías de no repetición en la mano. Ojalá, pero no es así.

Hoy, el Estado español aún no se ha hecho cargo de su responsabilidad para recuperar los cadáveres de civiles de las fosas comunes, tapias de cementerios y cunetas. Hoy, hay miles de personas que tienen falsificada su identidad y la mayoría además lo desconoce. Madres y familiares pelean con uñas y dientes, en una carrera de obstáculos sin fin, para que el Estado se ocupe con una Ley y un Banco de ADN realmente efectivos de otro delito que continuó incluso en democracia, el de robo de bebes.

Hoy, los niveles de impunidad y corrupción provenientes del franquismo tras los pactos de silencio y equidistancia reinan en nuestro país. Hoy, nuestro Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de Gerardo Iglesias para juzgar sus torturas como crimen de Lesa Humanidad, usando la Ley de Amnistía, de nuevo, como punto final. Así actúa nuestro poder judicial, mientras se continúa bloqueando los requerimientos de la justicia universal el único juez que se ha atrevido a abrir una causa contra estos crímenes en nuestro país, está inhabilitado.

Hoy, defensores de la democracia, a ojos del franquismo delincuentes, siguen siéndolo oficialmente, mientras sus torturadores conservan sus medallas puestas y el incremento en su salario calentito. Hoy, las víctimas siguen sin ser reparadas de los expolios, pero sí lo han sido sindicatos o partidos. Hoy, los contenidos de los programas educativos parece que terminan en 1931. Hoy, la sociedad española aún no tiene garantizado su derecho a la verdad.

Somos una sociedad que soporta en sus hombros el peso de unos pactos que silenciaron, falsificaron y blanquearon nuestro pasado más reciente. Hoy, la sociedad española no puede acudir a los archivos policiales del franquismo para comprobar lo que sucedió, porque fueron destruidos. A la par, el acceso a otros es complicadísimo y en muchos casos inviable. Archivos que están en manos de la Iglesia, el ejército, o, como no, de la propia Fundación Nacional Francisco Franco, que custodia más de 30.000 en sus privadas manos y que a pesar de la apología del genocida es impensable en cualquier democracia consolidada, sigue siendo legal.

Hoy, no solo las víctimas siguen sin justicia, ni reparación, sino que son humilladas de forma constante. Hoy, a la vez que se quita a Justa Freire, y se proyecta hacer una estatua gigante de un legionario, se despedazan, en de los memoriales del Cementerio del Este, los versos de Miguel Hernández y los nombres de las víctimas, a las 13 Rosas se las insulta públicamente y la asociación de La Desbandá ve cómo se ha restituido el nombre de la calle Crucero Baleares, que participó en el asesinato de sus familiares. Hoy, se vandalizan, día sí, día también, los monumentos de reconocimiento a las brigadas internacionales de Vicálvaro o el mural de la calle Pironcely que reproduce la fotografía de Robert Capa.

Hoy, con estos gestos, las víctimas directas y la sociedad española en su conjunto son revictimizadas y humilladas nuevamente.

Podría seguir con este listado páginas y páginas pero voy a parar para dejarle al compañero del “ni fu ni fa”, que todos tenemos, una última razón y alguna pregunta en el aíre.

Por simple humanidad, ¿quién se puede oponer? ¿quién se puede burlar? o ¿a quién puede molestar que otro tenga un lugar donde llorar a sus muertos, que sea reparado, o que tenga acceso a la verdad y a la justicia?