El pasado viernes finalizó por fin la representación de la obra La tentación de Feijóo. Lo que se anunciaba como una obra épica, al final ha resultado ser lo que todos sabíamos que era: un folletín por entregas. Soñaba Feijóo, en la primera entrega del folletín, que era factible convencer al PNV de que les prestara sus votos y convenció al Rey para que lo propusiera de candidato. La derecha mediática se lanzó a pregonar la ensoñación defendiendo que el PP había ganado las elecciones y, en la segunda entrega del folletín, Feijóo, imbuido en su papel, citó hasta a Pedro Sánchez para pedirle el voto. Tan sobrado iba el caballero andante que ni tan siquiera le hizo al PSOE la única oferta factible, el gobierno de gran coalición a la alemana, enrocándose en la absurda propuesta de que el PSOE lo dejara gobernar dos años.

La verdad es que la segunda entrega resultó larga y tediosa, sobre todo desde el momento que el PNV dejó claro que el nacionalismo vasco, demócrata cristiano, es incompatible una ultraderecha, la de Vox, para la que la rebelión militar franquista, la guerra civil, la disolución de la autonomías y la dictadura y su represión fueron una necesidad histórica. Ni bajo los efectos del alcohol era creíble ver a Vox y PNV votando juntos al PP. Finalmente llegó la tercera entrega, el predebate y el debate de investidura, y a la desesperada el PP salió a la búsqueda de traidores en el seno del PSOE para conseguir un "tamayazo". Moreno Bonilla, el Presidente de la Junta de Andalucía, y recambio en extremis de Feijoo si fuera necesario, se empleó a fondo en este asunto, con el susurro tagalo de Felipe y Alfonso entonando el Yo te diré en la lontananza. No obstante, confirmado con dos votaciones que PP y Vox habían perdido las elecciones del 23-J, colorín colorado la investidura de Feijoo se ha acabado.

Finalizado el folletín comienza ahora la obra de verdad, a la que me referí hace unas semanas: ¿Pedro Sánchez o elecciones?. La derecha ha llegado aquí, recurriendo al españolismo y su contraposición con los otros dos nacionalismos, el catalán y el vasco, bajo el lema “España se rompe” (en esto no han avanzado nada en un siglo) y el monotema, también de la investidura de Feijoo ha sido la amnistía, que es la llave que abre la puerta a un gobierno del PSOE+Sumar. No voy a entrar aquí, cuan avezado tertuliano o expresidente o vicepresidente de gobierno, en la cuestión de la constitucionalidad de la amnistía, sobre la que mis colegas constitucionalistas tienen criterio verdaderamente fundado, pero si voy a dar una opinión política.

Para ello planteo una pregunta, al margen de quien gobierne: ¿qué es lo mejor para la convivencia en este país? Y mi respuesta es bien simple: intentar que todos respetemos las reglas de juego vigentes y que el cauce de todas las aspiraciones sea esa legalidad vigente. Incluidas por supuesto las aspiraciones independentistas, que no va a salir de este momento político eximidas de esa obligación por mucho que lo pretendan.

Recapitulemos. El independentismo catalán, que aún hoy se encuentra en el centro del debate político, fue lanzado por Artur Mas en 2012, cuando su incapacidad para gestionar la crisis económica le llevó a poner el foco de la culpa en el sometimiento de Cataluña al Estado Español. Con dicho argumento el independentismo cogió un auge imprevisto, se desbocó, y tras el pseudo-referéndum del 1-O, llegó a la mítica declaración de independencia de Puigdemont de ocho segundos de duración. La declaración y la posterior imagen de los alcaldes con sus bastones de mando en alto quedará en el imaginario del independentismo. Desgraciadamente no hay imágenes de Puigdemont entrando en el maletero del coche para huir del país.

Afortunadamente, aunque hubo quien intento lo contrario, no se impuso la violencia y poco a poco el estado de excitación en Cataluña fue reduciéndose. Los ochosegundistas fueron pasando por los juzgados, tanto líderes políticos como funcionarios. Algunos resultaron absueltos y los condenados pasaron por la cárcel. De los encarcelados y en pos de la convivencia, a algunos se les redujeron sus condenas, a otros se les aplicó un tercer grado temprano y a otros se les concedieron indultos. Todo ello mientras en Cataluña se rompía el antinatural frente independentista, donde habían convivido derecha e izquierda como si sólo de independentismo viviesen los catalanes/as, y con un trabajo concienzudo y perseverante del PSC y Pedro Sánchez, por una parte, y ERC por otra. El resultado es que en estos momentos el suflé independentista ha bajado a 4.500 manifestantes y la convivencia se está recuperando en Cataluña.

Eso sí, en el camino quedaron los fugados. Las pendientes de juicio, la camaleónica Anna Gabriel (CUP) y Clara Ponsatí, que al ser solo acusadas de desobediencia no entrarán en la cárcel, y los cuatro aún exiliados: Antoni Comín (Eurodiputado), Lluís Puig (Bélgica), Marta Rovira (Suiza-ERC) y el Expresident de la Generalitat Carles Puigdemont (Eurodiputado). Aquí radica el problema ¿qué hacemos con ellos? Sobre todo, cuando Junts tiene los siete diputados que son los que han decidido que Feijoo no sea presidente y que son los que deben decidir si Pedro Sánchez lo será. ¿Aprovechamos y buscamos la salida de la convivencia? Esa es la pregunta y mi respuesta es sí.

En estos momentos Puigdemont y los fugados, con sus siete diputados decisivos, están viviendo el sueño de una noche de verano, viéndose grandes aunque no lo sean. No obstante, están atrapados porque si mañana no votan a Pedro Sánchez y hay nuevas elecciones su mundo se desvanecerá como el humo de un cigarrillo, y con él cualquier esperanza de eludir o atenuar el efecto de los tribunales. Por eso se retuercen en el PP tras su victoria electoral, porque Puigdemont y los fugados pierden más que el PSOE si Junts no vota la investidura de Pedro Sánchez; y por eso también se retuercen en la ANC, donde los independentistas de salón se estremecen nada más pensar que Puigdemont pueda cambiar la épica independentista por no ir a la cárcel y volver a casa, ahora en el sillón del coche y no en el maletero.

Ciertamente Puigdemont y los suyos lo tienen difícil porque el PSOE no va a pactar nada que tenga que ver con un referéndum, como ya ha demostrado el PSC con el voto en el Parlament, y difícilmente va a haber ninguna ley para recuperación definitiva de la convivencia que implique la amnistía o algo similar, sin contrapartida de acatamiento de la legalidad constitucional, o sea olvido de la unilateralidad. A muchos independentistas esto último les parecerá inasumible, pero la realidad es que todos los partidos hicimos renuncias en la transición y vivimos en un sistema que no se corresponde con nuestro ideal o que incluso es antitético. En el PSOE y el resto de la izquierda hemos tenido que dejar en nuestro imaginario la república y cargar con la monarquía; el PP que no votó la Constitución por el título VIII, está gobernando unas autonomías en las que jamás ha creído y que son contrarias a su concepto de unidad de España. El PNV y ahora también EH Bildu han aceptado que cualquier avance en el autogobierno pasa por la Constitución, dejando la independencia en su imaginario, y a Junts le corresponde ahora hacer lo mismo (ERC ya está en el camino, aunque en los últimos días parezca que no).

El dilema en que se encuentra Puigdemont y los suyos es cómo mostrar el acatamiento a la Constitución para así justificar una ley de amnistía o pseudo-amnistía, sin renuncias públicas a la unilateralidad. En ese dilema se encontraba mi reflexión sobre cómo la derecha catalanista podía encontrar el camino de la vuelta a su “seny catalán”, cuando hace unos días vi la sonrisa picarona de Puigdemont comentando a una periodista la propuesta de ERC. Esa sonrisa me llevó a intuir que ya ha encontrado la solución y pensé: ¿Y si Puigdemont se entregara?