El verbo exiliar se define como el destierro, el extrañamiento o la expulsión de alguien de un territorio.

Hoy 14 de abril, se cumplen diez años desde que se inició la conocida como querella argentina, la causa judicial penal que investiga los crímenes contra la humanidad que se cometieron por la dictadura franquista y todo ello como consecuencia directa de la expulsión de miles de personas de nuestro sistema judicial.

No podemos olvidar que la querella argentina se inició porque los Juzgados y Tribunales españoles, amparados y apoyados por el resto de poderes del Estado, expresaron con toda rotundidad que no tutelarían a todas aquellas personas y sus familiares que sufrieron las más graves violaciones de derechos humanos durante el citado período dictatorial. Esto es, les desterró o exilió judicialmente y les obligó a iniciar una acción penal a más de 10.000 kilómetros de sus territorios –en Argentina- por razones, fundamentalmente, de oportunidad política y no por motivos jurídicos que son los que deben fundamentar cualquier resolución judicial en el marco de un Estado de Derecho. Y es que el exilio, conceptualmente, tiene como eje central motivaciones políticas.

Por tanto, la querella argentina es el producto de un profundo fracaso, desde una perspectiva democrática, del Estado español. Pero, a su vez, es también un ejemplo de solidaridad internacional que pone de manifiesto la importancia y la sustancialidad propia del principio de justicia universal, por medio del cual pudo iniciarse esta acción judicial tan relevante y materializarse en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, sito en Buenos Aires, en el que se tramita el referido proceso.

La longevidad del proceso es directamente proporcional a los logros conseguidos, debiéndose destacar el principal de ellos: haber otorgado amparo judicial a todas aquéllas personas que han recurrido a la justicia como mecanismo reparador e imprescindible en relación con los graves crímenes que fueron, han sido y son objeto de denuncia.

Ahora bien, el Estado español, fiel a una política de impunidad mantenida y sostenida durante 40 años de democracia, no ha colaborado un ápice en la tramitación de la referida causa penal. Más bien todo lo contrario, ha puesto todos los obstáculos posibles para tratar que el proceso naufragara, que no pudiera continuar tramitándose, denegando sistemáticamente el auxilio judicial que las autoridades argentinas cursaban a las españolas y que le ponían frente a un espejo que reflejaba una imagen ciertamente nefasta y que tan dura y severamente ha sido censurada desde diferentes instancias internacionales.

La respuesta del Estado español contrasta con el enorme entusiasmo y empatía que la querella argentina durante todo este tiempo ha provocado en amplios sectores sociales, políticos y sindicales y, cómo no, contrasta igualmente con el empuje de todas aquéllas personas que día tras día, mes tras mes y año tras año, continúan fortaleciéndola presentando cientos de denuncias que se incorporan a la causa y que conforman una fuente inagotable de energía, de combate y de dignidad.

A día de hoy quedan en el proceso multitud de trámites pendientes de cumplimentarse, desde la toma de declaración judicial a decenas de víctimas y sus familiares, a la toma de declaración indagatoria a los más de quince imputados vivos en la causa, entre ellos a Rodolfo Martín Villa. La declaración de Martín Villa está señalada para el próximo 26 de mayo y es muy probable que tenga que ser suspendida de nuevo como consecuencia de la crisis sanitaria mundial que ha generado la COVID-19.

También el Juzgado argentino tiene pendiente de resolver nuevas solicitudes de imputación, incorporar a la causa nuevas denuncias, así como practicar múltiples diligencias de prueba de carácter documental. Es más, en el momento en el que pueda tomar declaración a uno de los imputados, tendrá que decidir si finalmente lo procesa, lo que permitiría superar la fase de investigación e iniciar la fase de enjuiciamiento.

Así que nadie piense que la querella argentina languidece después de estos diez primeros años, no lo ha hecho y no lo hará, al menos hasta el momento en el que exista un canal adecuado en el Estado español que ofrezca una respuesta adecuada a las ansias y anhelos de justicia de tantas personas a las que se les ha negado durante tanto tiempo.

Por ello, aunque resulte bastante extemporáneo y por una sencilla cuestión de higiene democrática debemos exigirle al Estado español que, de una vez por todas, colabore adecuada y eficazmente en la tramitación de este proceso judicial que, muy a su pesar, continúa fortaleciéndose.

No puedo terminar estas líneas, en este décimo aniversario, sin recordar a mis queridos y admirados compañeros Carlos Slepoy –abogado- y Chato Galante -querellante e impulsor de la CEAQUA-, ambos fallecidos durante la tramitación de este proceso judicial, al haber sido pilares fundamentales en el trabajo desarrollado y máximos referentes en la defensa del derecho a la justicia.