Francesc Raventós

Exdecano del Colegio de Economistas de Catalunya

Las condiciones impuestas a Grecia por la Unión Europea para conseguir un nuevo rescate han supuesto un choque frontal con el electo Gobierno de Syriza. Las propuestas son tan antagónicas que se ha tenido que pactar una tregua de pocos meses antes de entrar en la batalla decisiva de negociación de las medidas que finalmente deberán tomarse. Las amenazas de impago de la deuda y la salida de Grecia del euro o de la Unión Europea son escenarios poco creíbles dadas las graves consecuencias que supondrían, pero lo que está en juego no sólo es el modelo económico, sino también el modelo político. El primer ministro griego Tsipras ha acusado a Mariano Rajoy de tejer alianzas para hacer caer su Gobierno por el miedo al ascenso de Podemos en España.

Una de las cuestiones claves será qué hacer con la deuda pública griega que alcanza la vertiginosa cifra de 245.000 millones de euros, un 175% de su PIB. Una cifra tan elevada Grecia no podrá pagarla aunque quisiera.

Pero la solución que se dé a Grecia debería tener una perspectiva mucho más amplia. La deuda pública de los 18 países que integran la eurozona supera los 9 billones de euros; el 94% de su PIB. La mayoría de países no cumplen con el Tratado de Maastricht, que obliga a que su deuda no supere el 60% del PIB. Bélgica, Italia, Irlanda, Portugal, y Grecia también, han superado con creces el 100%, mientras que otros países, entre ellos España, se encuentran próximos a esta cifra.

El problema no es solamente europeo, afecta también a otros países como Estados Unidos, con una deuda pública del 108% del PIB, o Japón con un 246%. Estos niveles de endeudamiento debilitan gravemente la democracia y la capacidad política de los gobiernos pues sus decisiones se hallan muy condicionadas por la reacción de los mercados financieros, que acaban imponiendo sus reglas. Ningún país tiene capacidad suficiente para actuar de forma aislada. Es imprescindible encontrar soluciones globales. La Unión Europea no puede esperar a que se llegue a un acuerdo a nivel mundial, hecho más que improbable, pero tampoco puede esperar a resolver sus problemas cuando le estallen entre las manos. Es bien sabido, desgraciadamente, que la palabra anticipación no es una palabra de moda en Bruselas. Preferirán maquillar la solución desplazando durante años una solución imposible.

A los gobiernos siempre les ha resultado más cómodo endeudarse, que eliminar gastos superfluos, aplicar recortes o aumentar —con justicia— los impuestos. Los dirigentes políticos y económicos sueñan con que la recuperación irá reduciendo la relación deuda/PIB, especialmente si la inflación aumenta. Con esta excusa trasladan los problemas al futuro.

Teniendo presente la volatilidad del entorno económico mundial, el nivel de la deuda y los déficits existentes, confiar que un futuro crecimiento resolverá el problema no deja de ser una ilusión. En España, por ejemplo, el déficit del año 2015 alcanzará unos 50.000 millones, que redundarán en más deuda y en un mayor coste financiero.

La crisis actual habría podido tener consecuencias todavía más perversas de no haber podido acceder a un endeudamiento masivo. España, desde el inicio de la crisis ha aumentado la deuda pública en más de 600.000 millones. Afortunadamente, el tipo de interés está en mínimos, pero no durará eternamente. ¿Cómo podrán los estados enfrentarse a una nueva posible crisis económica si ya no tiene margen para seguir endeudándose? ¿Cómo podrán hacer frente a una futura subida del tipo de interés? Lo que es evidente es que los países no pueden endeudarse indefinidamente.

Si Europa opta por un crecimiento sólido y sostenible, deberá reestructurar la deuda de algunos países y poner límite a futuros endeudamientos. En el caso de España, supondría olvidarse temporalmente de una deuda de 400.000 millones. No hay ninguna opción fácil y menos si incluye una quita, que políticamente sería inviable para los gobiernos europeos.

En cualquier caso, las consecuencias de reestructurar la deuda son graves para los acreedores y entre éstos, indirectamente, se encuentra gente humilde que ha confiado sus ahorros a fondos de pensiones o instrumentos financieros similares. No puede tener el mismo trato el pequeño ahorrador que los inversores especulativos.

El problema de la excesiva deuda pública de algunos países europeos no es un problema menor y algún día habrá que afrontarlo. Se trata de una situación compleja con fuertes repercusiones, motivo para intentar resolverlo cuanto antes, y así disponer de bases sólidas para impulsar el crecimiento y la ocupación.