Abrimos este 2022 con un reto importantísimo para muchos, y que tendrá consecuencias directas sobre la vida de los trabajadores y las trabajadoras y para el conjunto de la sociedad: el real decreto ley sobre la reforma laboral. Resulta casi inevitable constatar, una vez más, el incumplimiento reiterado de las promesas realizadas por el PSOE y Unidas Podemos ante sus propios votantes. En este caso, lejos de atacar los aspectos más lesivos de la ley, ambos partidos nos dan a entender que no van a modificar, solo maquillar, en esta legislatura, elementos cruciales que afectan directamente el Estatuto de los Trabajadores a pesar de contar con los apoyos suficientes.

Si nos fijamos en medidas concretas, vemos que se trata de un acuerdo que no representa la derogación real y completa de las anteriores reformas laborales: no se modifican las causas de despido, de modificación sustancial de condiciones de trabajo ni de traslados. Asimismo, no existen cambios en el precio de las indemnizaciones y los salarios de tramitación, las autorizaciones administrativas previas en los expedientes de regulación temporal de empleo ni en las causas de inaplicación de convenios colectivos. Tampoco se introduce ninguna medida para combatir la parcialidad no deseada en el trabajo y no satisface las expectativas en lo que concierne a la regulación de la subcontratación y el convenio a aplicar.

Aun así, es cierto que existen algunos elementos que suponen un avance en la posición de los trabajadores ante la negociación colectiva, como por ejemplo la desaparición del contrato por obra y servicio que tanta precarización causa en el trabajo, el retorno de la ultraactividad y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial para evitar el dumping salarial.

Debemos tener en cuenta, pues, que se trata de una iniciativa que no satisface las expectativas de muchas personas. Un ejemplo clarísimo es la necesidad de dotar de herramientas a la administración para que pueda ser proactiva en el caso de los EREs. La Generalitat debe ser capaz de autorizar o no un expediente porque esto implicaría mejorar la capacidad de respuesta delante de un cierre empresarial, y le daría más fuerza para mediar y encontrar alternativas para salvar miles de empleos.

Del mismo modo, consideramos imprescindible dar preponderancia a los convenios catalanes y fortalecer y dotar de más herramientas a la Inspecció de Treball de Catalunya. También es importante incluir a los ámbitos de concertación y de diálogo social de Catalunya, regulados por ley, en las propuestas que activen los Mecanismos Red. En este sentido, no está de menos recordar que la Generalitat es competente en políticas industriales y de recalificación de trabajadores y trabajadoras.

Todo ello resulta imprescindible si queremos preservar y mejorar la capacidad de nuestro mercado laboral y profundizar, al mismo tiempo, en la lucha contra la precariedad laboral. En lo referente a los salarios de tramitación, sería conveniente recuperar al cien por cien los salarios de tramitación en el caso de los despidos improcedentes.

Por último, y desde el respeto a la concertación social y el Diálogo Social, esta propuesta debe aprobarse en el Congreso de los Diputados, lo cual implica mayorías y negociación. Nadie tiene legitimidad para negar el debate y las posibles modificaciones que puedan surgir, nadie tiene legitimidad democrática para impedir que desde la izquierda seamos fuertes cuando se trata de defender y mejorar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Si existe una correlación de fuerzas en el Congreso que puede mejorar el texto sería absurdo no utilizarla en beneficio de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Especialmente, cuando públicamente miembros del Gobierno español han dicho que las limitaciones de la reforma se deben a la correlación de fuerzas.

Forma parte de nuestra manera de entender la política negociar y buscar un buen acuerdo, en este caso para los trabajadores y el mercado laboral. En este momento el balón está sobre el tejado del Gobierno del estado y de las fuerzas políticas que lo integran. ¿Quieren iniciar el curso político del 2022 negociando y buscando un mejor acuerdo para los trabajadores? ¿Quieren buscar el apoyo en la izquierda o en la derecha?

Ahora, es evidente que un buen acuerdo debe incluir mejoras en la protección y las condiciones de vida de los trabajadores. Lo que significa tener acordados los cambios que se deben introducir en el decreto durante su tramitación de ley y el calendario de este proyecto para poder ser convalidado. Es responsabilidad nuestra el hecho de favorecer un buen pacto, sí, siempre que sea real la intención, por parte del Gobierno de Sánchez, de obtener el voto favorable de Esquerra Republicana.

Aun así, sabemos que el mejor acuerdo a nivel laboral, como en todos los demás niveles, para los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya llegará con la República catalana. Solamente la independencia de Catalunya garantizará plenamente los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Hasta entonces trabajaremos para mejorar el día a día de la gente que más sufre. Porque Esquerra Republicana es y será siempre el socio más fiel a los catalanes y catalanas, 90 años de historia impoluta nos avalan.