Adoración Guamán

Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Héctor Illueca

Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social

El Partido Popular ha aprobado esta semana en el Congreso reforma del sistema de pensiones que está provocando una creciente inseguridad en los trabajadores de nuestro país. La reforma, escrita por el Gobierno e impulsada ahora por los 185 diputados del Partido Popular, afecta al núcleo duro del sistema de pensiones y alienta una conciencia de precariedad actual y futura respecto la protección dispensada por el poder público a través de la pensión de jubilación. Como vamos a ver enseguida, bajo las nociones aparentemente neutras de “equilibrio”, “sostenibilidad” o “adaptación”, se esconden intereses muy concretos en favor de una reforma neoconservadora que acaso constituya el mayor retroceso en la protección de los trabajadores desde el advenimiento de la democracia.

Hace décadas que las pensiones vienen siendo objeto de una aproximación “técnica”, efectuada por “expertos” y blindada por la “objetividad” de la ciencia económica. Inasequibles al fracaso de sus propios pronósticos catastrofistas, estos especialistas consideran que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad repercutirán negativamente sobre los ingresos públicos y determinarán la insostenibilidad del sistema de pensiones, que se estima inevitable. En consecuencia, se viene introduciendo desde hace años la necesidad de acometer una dura reducción de gastos mediante un ajuste, inmediato y a la baja, de la cuantía de las pensiones, tanto presentes como futuras. A esta finalidad apunta, una vez más, el Informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones sobre el que se ha construido la reforma que se está tramitando en el Parlamento y que propicia claramente un incremento de la suscripción de planes privados. Un informe elaborado por doce “especialistas” de los cuales ocho han estado o están a sueldo de las entidades financieras y aseguradoras que se disponen a repartirse nuestro sistema público de pensiones.

En efecto, el planteamiento del Gobierno se inscribe en un ciclo amplio que tuvo su eje inicial en la reforma aprobada por el PSOE en el año 2011, fruto de un pacto social en el que participaron CCOO y UGT. Esta reforma estableció importantes restricciones subjetivas y objetivas en el régimen de acceso o de disfrute de la prestación económica por causa de jubilación. En primer lugar, incrementó la edad de jubilación legalmente establecida desde los 65 hasta los 67 años, a través de un proceso gradual y progresivo que se prolongará hasta 2027, afectando de manera más intensa a los trabajadores que se jubilen al finalizar dicho período. En segundo término, y también con una aplicación paulatina, preveía la ampliación de 15 a 25 años del período de cotización que se toma en consideración para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación, provocando una sensible disminución de la cuantía de la pensión para una mayoría de trabajadores que obtienen mejores salarios en el último período de su carrera profesional. La reforma, sin embargo, no afectaba a quienes hubieran consolidado sus derechos como beneficiarios, garantizando el percibo de la prestación a las personas que tuvieran reconocida la condición de pensionista en el momento de su entrada en vigor.

Partiendo de esta base, de la introducción en aquella reforma del “factor de sostenibilidad”, el Partido Popular se apresta a clausurar el ciclo reformista iniciado en 2011 con una nueva una reforma de corte radical y antigarantista, cuya intención es reducir inmediatamente la cuantía de la prestación (el “ahorro” que publicita el Gobierno viene indudablemente de ahí). En entre otros aspectos, se pretende eliminar inmediatamente la revalorización de las pensiones a partir del IPC, algo que ya lleva años haciéndose de manera excepcional y que ahora se pretende convertir en regla, e introducir un nuevo índice para reducir continuamente su poder adquisitivo. Este segundo índice penaliza a los propios pensionistas por el aumento general de la esperanza de vida, que en lugar de considerarse como una conquista social ha pasado a calificarse como un “riesgo” para nuestra sociedad.

La aplicación de estos criterios se traducirá en un drástico recorte de las pensiones, superior a un punto anual de poder adquisitivo cada año de las mismas, que evidentemente afectará, como la reforma anterior, con mayor dureza a las mujeres. Esta rebaja se pretende operar en un sistema donde en torno al 50 por 100 de las pensiones contributivas se sitúan por debajo de los 650 euros mensuales; el 27,7 por 100 de las pensiones tienen complementos por mínimo, al no alcanzar la cuantía mínima del sistema; 4,6 millones de hogares en España tiene como fuente principal de ingresos una pensión. Así las cosas, no cabe duda de que la consecuencia directa va a ser conducir a la pobreza a amplias capas de la población, a esas grandes mayorías sociales que no pueden permitirse un plan de pensiones privado.

En definitiva, esta reforma es una muestra de vasallaje del Gobierno a la política neoliberal impuesta por la Troika contra los intereses de la mayoría de la población, con un claro propósito: abrir al mercado el sistema español de protección social, acreciendo y extendiendo la importancia de la previsión social complementaria que se desarrolla en el ámbito privado. O, por expresar la idea con otras palabras, se trata de alimentar la desconfianza en el sistema público de pensiones y fomentar su sustitución por planes de ahorro privados, ocultando los riesgos financieros que suponen e ignorando que la inmensa mayoría de los ciudadanos carece de capacidad de ahorro para asegurarse una pensión de jubilación digna.

Frente a la opción sostenida en este informe se elevan críticas y propuestas de reformas alternativas. Cabe destacar por un lado la crítica al informe realizada por el Comité Económico y Social, que además de cuestiones de fondo se pregunta por qué el Gobierno le pide un Dictamen cuando todavía estaba negociando el anteproyecto con los agentes sociales ¿acaso sabía ya el Partido del Gobierno que no iba a modificar una coma?; también son imprescindibles los comentarios realizados por diversos catedráticos de Derecho del Trabajo, tanto en la Comisión del Pacto de Toledo como en medios de comunicación y diversos blogs, afirmando la más que posible inconstitucionalidad de la medida y lo erróneo de sus diagnósticos.

Entre las distintas propuestas y críticas que se han formulado, destaca la presentación en barrios y asociaciones del documento “En defensa del sistema público de pensiones”, elaborado por un grupo de 24 profesores de Derecho, Sociología y Economía, así como por profesionales y expertos en materia de Seguridad Social. Se trata de una propuesta centrada en la defensa las pensiones públicas, que propone incidir sobre los ingresos del sistema y sufragar las pensiones con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, que podrían incrementarse si se reforma el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal.

Este informe rechaza la pretendida objetividad de la propuesta gubernamental, reivindicando que tras todo análisis económico de una actuación pública que afecte al bienestar de la ciudadanía existe un planteamiento político de partida. Decidir que el sistema de ingresos es inamovible y que en cambio es posible disminuir la cuantía de las pensiones conlleva en sí una clara opción política, aun cuando la propuesta se concrete posteriormente en fórmulas matemáticas. El recorte de las pensiones no puede ampararse en una exigencia “técnica”, sino que obedece a una intencionalidad política que ignora abiertamente el bienestar de la población. La posición del Gobierno representa un claro alineamiento con las tendencias más radicales que defienden la ruptura del modelo público de protección social vigente en nuestro país, aproximándonos a un escenario que aparece caracterizado por dos rasgos significativos: una seguridad social pública muy debilitada, de naturaleza crecientemente asistencial, y una protección complementaria que se encomienda a la iniciativa privada y al esfuerzo individual de los trabajadores.

Por todo lo anterior, elaborar y conocer otras propuestas así como la apertura de un amplio debate sobre el contenido de las medidas que contiene el Proyecto de Ley del Gobierno no solo es pertinente, sino imprescindible. Reformas como la que se pretende deberían ser objeto de decisión conjunta de toda la ciudadanía y no quedar secuestradas por argumentos supuestamente “técnicos” o por mayorías absolutas parlamentarias que han dejado de representar los intereses de las mayorías sociales. Se trata, posiblemente, de la reforma que mayor impacto va a tener sobre el bienestar de la población de las muchas realizadas en los últimos años. A los 185 diputados del Partido Popular que ahora tienen este proyecto de ley en sus manos debemos lanzarles esta pregunta: ¿creen ustedes que sin pensiones dignas, sin seguridad social, sin asunción colectiva de los riesgos sociales, sin bienestar, hay democracia? De eso estamos hablando.