Susana Rodera Ranz

Doctora en Derecho. Abogada e investigadora

Se agolpan las imágenes en ese recóndito corazón que anida en el cerebro y lo demás no funciona. Una sabe que cuando elige dedicarse a la rama social del Derecho, y muy especialmente a los derechos humanos, va a tener mucho trabajo y poca recompensa; y no me refiero a la económica, que es a menudo inexistente, sino a la de los hechos, la que corrobora que nuestro empeño en estudiar, investigar y poner en práctica los derechos humanos, el Derecho internacional o el Derecho migratorio tiene mayor o menor resultado. Prevemos que va a ser duro, pero nadie te prepara para esto.

Terminada la II Guerra Mundial, la sociedad internacional -trastornada por las aberraciones de las que el ser humano era capaz- decidió tomar medidas de cara a prevenir y evitar que volvieran a ocurrir las peores violaciones de derechos que iban conociéndose. De tal modo, a través de los Estados, se creó la Organización de las Naciones Unidas en 1945, se aprobaron diferentes tratados internacionales para la promoción y la protección de los derechos humanos -la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como punto de partida- y se pusieron en marcha distintos mecanismos de vigilancia del cumplimiento de dichos tratados y del respeto de los derechos humanos. No resulta novedoso que los pasos dados en el período entreguerras se habían demostrado poco eficaces y la II Guerra Mundial produjo muerte y también el desplazamiento de muchas personas. Esta circunstancia, unida a otras, dio lugar a la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951. Conocida como Convención de Ginebra, el texto buscó el compromiso de los Estados de lograr la solidaridad internacional ante cualquier hecho que pudiera quedar amparado por el mismo y para ello reconoció el derecho a solicitar asilo a aquellas personas que debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas no puedan acogerse a la protección de su país. La Convención prohíbe la expulsión y la devolución de las personas refugiadas, y ello con el fin de protegerlas cuando tienen temor de ser perseguidas o de que su vida o su libertad peligre en el país de origen.

Ante la situación urgente de muchísimas personas hoy día, que haya quien se atreva a abogar por una modificación -restrictiva- del estatuto del refugiado es preocupante, que haya quien se atreva a decir públicamente “¡no vengáis!” a las personas que en este momento se encuentran en Turquía o en la propia Unión Europea -Grecia y Hungría principalmente- es aberrante. A tal ignominia contesta, sin querer, un niño sirio: “no queremos ir a Europa, simplemente parad la guerra”. Si estos términos están más bien relacionados con la moral, no obstante el desprecio que muchos dirigentes han mostrado ante la situación actual de las personas que se ven obligadas a abandonar sus países se pone de manifiesto en la falta de respeto, asimismo, a la legalidad vigente. Ello se refleja en unas intenciones poco escondidas de menospreciar el marco protector de los derechos humanos, de dejar desprotegidas a las personas ante el sufrimiento, de ser cómplices ya no sólo de los conflictos que se producen en otros lugares del mundo y de las circunstancias en que viven, sino también de mirar a otro lado cuando la Historia requiere que recordemos por qué se aprobaron los tratados de derechos humanos, por qué se reconoció la necesidad de proteger a las personas que huyen de conflictos o que sufren persecución por diferentes motivos y por qué se recordó negro sobre blanco la necesidad de la solidaridad entre los pueblos.

La sugerencia de modificar el espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea eliminando las fronteras interiores, o el reparto de personas refugiadas provenientes de Siria entre los Estados miembros como si de ganado se tratara son diferentes manifestaciones de una misma preocupación. Pero a otras nos preocupan otras cuestiones. Generar alarma sobre una posible invasión o el dichoso efecto llamada no es de gobernantes responsables. Fomentar un discurso que resulta en ocasiones xenófobo es alarmante. Obviar que la clave está en las causas que generan los conflictos y las que producen la desigualdad en todos aspectos es de imprudentes. Esos cómplices, o culpables, tienen nombres y apellidos, y resulta doloroso dudar si se trata de ignorancia sobre lo que sucede en el mundo o desprecio por la vida humana. Conozco bien el tema migratorio y, sin embargo, últimamente reconozco menos al género humano.

Quizá la pregunta no es si publicar o no ciertas fotos, si no de si vamos a obviar la realidad. Quizá la expresión no es crisis de refugiados, sino crisis de valores en ciertos ámbitos institucionales. Quizá la duda no es contraponer foráneos y nativos, sino reconocer que el nacimiento en un lugar u otro nos hace diferentes, pero no nos otorga diferente humanidad. Quizá, sólo quizá, la relevancia de lo que ocurre nos haga reflexionar de cómo lo que nuestros congéneres pensaron y desarrollaron a lo largo del siglo XX no fue mero capricho, sino la necesidad de cierta organización de la comunidad internacional basada en la solidaridad de los pueblos y en el respeto de los derechos y libertades de los seres humanos.