La pandemia del coronavirus nos ofrece la ocasión para hacer reflexiones críticas, y tristemente reales, sobre el tipo de democracia en la que vive España, que es de una desigualdad espantosa, en la que los más ricos acumulan 1 de cada 4 euros, donde más de 40.000 personas viven en situación de sinhogarismo, con más de doce millones de personas en situación de pobreza y exclusión social. Dentro de ese triste cuadro de horrores, allá, justo abajo del todo, escondidas debajo de la alfombra, están las personas migradas en situación de irregularidad administrativa, es decir, las “sin papeles”.

“Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la Liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, aunque sean”.

Desde que pisé suelo español, hace poco más de 25 años, no he dejado de ver Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), jornaleros en los campos, menores no escolarizados, manteros, empleadas de hogar, jóvenes ex tutelados, devoluciones en caliente, deportaciones exprés en vuelos de la vergüenza, Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), disparos contra personas en el mar (Tarajal), heridas abiertas, piernas y brazos rotos en las vallas de Ceuta y Melilla, personas transfronterizas, redadas por perfil étnico, irregularidad sobrevenida, preguntas sin sentido para adquirir la nacionalidad, retiradas de custodia, jueces viendo indicios de torturas por parte de la Policía en el CIE, bebé residente en el CETI contagiada por el coronavirus, … muertes.

El estado de precariedad y de vulnerabilidad se acentúa en las personas que no tienen oportunidad de desarrollar plenamente su capacidad intelectual ni de trabajo, por el hecho de no tener papeles. Son tantos los problemas que inciden en la vida de una persona inmigrante en situación de irregularidad, hay tantos matices y particularidades – permitidos por ley, debo señalar – que sería imposible enumerarlos a todos en este pequeño artículo.

Intentar vivir en un lugar en el que legalmente no existes es puro arte de supervivencia. Aunque lleves años, aunque tengas ganas, aunque trabajes de forma irregular, aunque pagues el IVA de tus compras, continuarás intentando sobrevivir.

Las personas migradas han ido ocupando determinados sectores profesionales que no están siendo cubiertos por personas no migradas. Y lo están haciendo de manera regular o, cuando no pueden acceder a esta regularización, lo hacen de manera irregular, comportando una vulneración de sus derechos humanos, laborales y sociales. El trabajo de los cuidados -sea en los domicilios privados o en residencias geriátricas- es uno de los sectores de ocupación que más personas requiere insertar laboralmente, un sector en su mayoría es ocupado por mujeres, las cuales, una enorme parte, son mujeres migradas, que no están contratadas legalmente, no tienen derecho a prestaciones sociales y son obligadas a mantener una relación laboral ilegal y enfermiza.

Hace poco nos visitó Philip Alston, el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, y se quedó absolutamente chocado por la pobreza generalizada en España, y las pésimas condiciones de vida de las personas en un asentamiento informal para trabajadores inmigrantes, donde, según él, tenía “condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación… Las mujeres, los habitantes en zonas rurales, los inmigrantes, las trabajadoras domésticas y las personas con discapacidad están extremadamente desatendidas por las políticas actuales y se ven injustamente afectadas por la pobreza”.

La regularización de las personas migradas, concederles permiso de residencia y trabajo, sería un paso gigantesco hacia la consecución de los objetivos sociales de la estrategia Europa 2020, y mermaría la existencia de trabajo no declarado, que las personas migradas sin papeles han sido obligadas a hacer, tradicionalmente.

Desde hace mucho tiempo la lucha social por los derechos de las personas migradas exigimos la regularización de todas las personas migradas, y hoy es más necesaria que nunca. No dejar a nadie atrás durante la pandemia del coronavirus sólo es posible, precisamente, si se tiene en cuenta a los que siempre han sido tratado como los nadies, los ningunos, los ninguneados.

En este sentido, la “Coordinadora Obrim Fronteres” y diversos colectivos antirracistas de todo el Estado han iniciado una campaña, que ya lleva más de mil adhesiones particulares y de entidades de todo tipo, desde partidos políticos, sindicatos, gremios, colectivos diversos de personas migradas, etc, por la regularización de todas las personas migradas.

Comparto y me sumo a cada una de sus exigencias, que además son urgentes y necesarias:

• Empadronamiento de oficio a todas las personas que vivan en el municipio.

• La regularización con permiso de trabajo sin necesidad de contrato de trabajo.

• La concesión de autorización de trabajo sin necesidad de contrato a los jóvenes ex tutelados con permiso de residencia.

• Reconocimiento de inmediato de la condición de refugiadas, y el pase directo a autorización de residencia en igualdad de condiciones con el resto de personas migradas. Resolución favorable de las solicitudes de asilo en trámite.

• Aplicar la previsión de la Ley de Extranjería que contempla que “cuando concurran razones de interés público o de seguridad nacional…” es de interés público y social garantizar los derechos de toda la ciudadanía pasando por regularizar a los que están en situación administrativa irregular.

• La concesión de los permisos de residencia y trabajo presentados a la Oficina de extranjería, pendientes de resolución o en la vía de recursos administrativos.

• La concesión de las solicitudes de renovación de residencia y trabajo que se presenten en los próximos meses, independientemente de los períodos mínimos cotizados y sin necesidad (en su caso) de presentar un contrato de trabajo en vigor.

• La consideración prioritaria del derecho a la vida familiar para los trámites de reagrupación familiar y residencia de menores, por encima de la acreditación de ingresos.

• En las solicitudes de autorización de residencia de familiar UE, en régimen comunitario, solicitamos la no denegación del trámite por falta de acreditación de medios económicos del familiar español o comunitario.

• La concesión de la renovación de la autorización de arraigos (residencia por circunstancias excepcionales), independientemente de los períodos mínimos cotizados y sin necesidad (en su caso) de presentar un contrato de trabajo en vigor.

¡Regularización de todas las personas migradas, ya!