Represión franquista, en la impunidad

Pepe Mejía

Periodista

Con motivo de la conmemoración, el 30 de agosto, del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Consejo de Ministros del pasado día 24 difundió una declaración en la que dice: “el Gobierno de España quiere rendir un homenaje a las víctimas, los defensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y otras personas y grupos que trabajan para denunciar los casos de desaparición forzada y erradicar esta práctica”.

Esa nota es una burla y una verdadera bofetada a las personas represaliadas durante el franquismo. En 76 años, en España, no ha sido juzgado ni un solo caso de los centenares de miles de crímenes cometidos. El actual gobierno de España acepta la herencia del franquismo y ampara la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad.

El gobierno desoye las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 2008, que dice que el Estado debería: “a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas”.

En esa misma declaración del Consejo de Ministros se decía “que el Gobierno de España sigue trabajando en todos los ámbitos en la prevención y la lucha contra las desapariciones forzadas, de manera que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar así de una ciudadanía democrática verdadera y plena”.

Tal declaración choca del todo con la realidad. En España se puso en práctica un plan sistemático generalizado y planificado para aterrorizar a los ciudadanos por sus ideas políticas. La justicia española no solo se niega a investigar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, sino que archiva las denuncias sobre esos delitos, con criterios contrarios al derecho internacional. Ese es el motivo por el cual, en Argentina, la jueza María Servini de Cubría tramita la querella “N.N. genocidio”, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 1, Secretaría Nº 1, que denuncia el genocidio, o subsidiariamente los delitos de lesa humanidad, cometidos por el régimen franquista, y sus autores, durante el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

En España, como regla general, tal como dice Amnistía Internacional en su informe Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, publicado el pasado 9 de mayo de 2012, “no se garantizan a las víctimas y a los familiares de la Guerra Civil y el franquismo ninguno de los derechos humanos relativos al acceso efectivo a la justicia, que incluye la obligación del Estado de investigar, el derecho a saber y el derecho a una reparación. Muy al contrario, la pauta de actuación de los jueces y fiscales ha sido la desestimación generalizada de las denuncias presentadas”.

Por otro lado, el gobierno declara que es “absoluta prioridad” del Ejecutivo luchar por erradicar esta práctica que supone un problema global. Sin embargo, recientemente la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló: “España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos”. Esa misma Oficina recordaba también que: “España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de derechos humanos”. Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por el Estado español en 1985.

Haría bien el gobierno de no lanzar retóricos mensajes de “homenaje a las víctimas” y dedicar su tiempo a aplicar las recomendaciones de los órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía y a la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional, incluidas las del Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura.