Paloma López

Eurodiputada de Izquierda Unida

Miguel de Porras

Economista

El Parlamento Europeo aprobó el miércoles la propuesta estrella del presidente de la Comisión para el “impulso definitivo” de la economía europea: el Plan Juncker. Pero este plan de supuestas inversiones no sólo será incapaz de impulsar la economía europea, sino que constituye una operación política con la que se sepultará el verdadero debate sobre la necesidad de inversión pública en la UE.

La inversión pública ha supuesto en las economías de mercado una de las principales herramientas empleadas a lo largo del siglo XX para la creación de empleo y el desarrollo industrial. Sin embargo, desde la crisis de los años setenta, los especuladores de Wall Street han desarrollado una serie de argumentos para justificar el nuevo rol de la inversión pública.

Esta ideología ha transformado por completo el objetivo tradicional de la inversión pública en las economías keynesianas. Desde las revueltas por su mantenimiento durante los ‘años dorados’ del Gobierno de Margaret Thatcher, hasta la proliferación masiva de infraestructuras innecesarias en España, las clases sociales han tratado de apropiarse, con desigual resultado, de este instrumento público de desarrollo.

Lo que el Plan Juncker representa es la apropiación definitiva de este instrumento, esta vez en beneficio del capital financiero. Sus implicaciones son mucho más profundas que un mero plan de inversión fracasado, pues cerrará las puertas a un verdadero debate sobre la inversión pública a nivel de la UE en el momento en el que resulta más necesario.

Este fondo pretende atraer hasta 300.000 millones de inversión a través del modelo del consorcio público-privado que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) desarrolló en Castor. Pese a este atractivo anuncio, no parece que en países como España este plan vaya a tener un gran efecto expansivo, pues no sólo su constitución implica nuevos e importantes recortes en proyectos europeos de innovación (Horizonte 2020) o de transporte, sino que al limitarse a financiar proyectos "económicamente viables", se limita a subsidiar iniciativas que ya iban a ser ejecutadas con o sin la ayuda de Juncker.

Para ello, el plan amplía la iniciativa del BEI “Bonos Europa 2020”, aprobada en 2012. Este programa permitió al BEI fomentar consorcios público-privados con los que atraer el capital especulativo abundante en los mercados financieros. Pero la clave para esta atracción fatal es la garantía que el sector público asume para que, en caso de cualquier posible desavenencia, el Estado y la UE respondan de las pérdidas ocasionadas a los inversores.

Esta garantía es la que en el caso de España se ha materializado en la indemnización de 1.350 millones de euros a los inversores de Castor. Si este tipo de bonos mantiene muy buenas referencias entre las agencias de rating, no es por su contribución a la inversión real, es porque los inversores ven cubiertas sus pérdidas gracias al dinero de los contribuyentes.

Este es el concepto al que la Europa neoliberal pretende reducir la inversión pública, a una mera garantía para cubrir el riesgo de los inversores en sus negocios privados. Esta es la lógica que yace tras el debate sobre el Plan Juncker, que en vez de impulsar la economía del continente, se lanza a proteger a los inversores financieros de los peligros de la crisis que sus propias actividades precipitan. Esta es la lógica verdadera del citado plan que acarreará graves riesgos para las arcas públicas europeas en aras de resultar ‘atractivos’ al capital trasnacional.

Nosotros, como Izquierda Unida, no damos nuestro brazo a torcer y no renunciamos a la inversión pública como instrumento de desarrollo y creación de empleo. Nosotros continuamos compartiendo la propuesta de los sindicatos europeos de un verdadero plan de inversión pública de 300.000 millones de euros para impulsar la demanda agregada y luchar contra la pobreza y el desempleo en Europa.

Mientras los fondos públicos se desvían mediante el BEI a rescatar proyectos privados o a facilitar el lavado de dinero -como ya ocurriera, con el citado caso Castor-, se sigue argumentando que faltan recursos para recortar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

No creemos en este mantra y vamos a seguir denunciando su falsedad. El Plan Juncker es una nube de humo para confundir el debate y ocultar la realidad. Sin inversión pública no podremos salir de la crisis económica. Esta afirmación sí supondría el cuestionamiento del marco neoliberal, pero buena parte de los líderes europeos prefieren asistir al fin de la Unión Europea antes que al fin de su ideología.