GASPAR LLAMAZARES TRIGO

"Francisco Franco, caudillo de España, debe de estar revolviéndose en su tumba". Con esta frase comenzaba The Economist un artículo sobre la ley de Memoria Histórica. El Congreso, por fin, la aprobó con el apoyo de una amplia mayoría. Sólo el PP y ERC se han quedado fuera del acuerdo, por distintos motivos. Pero el camino hasta llegar aquí no ha sido de rosas.

En el debate de investidura de 2004 obtuvimos del presidente del Gobierno el compromiso de aprobar una ley de Memoria en la presente legislatura. Para respaldar nuestra propuesta, el Grupo Parlamentario de IU-ICV presentó ya aquel año su proposición de ley. Pasó el tiempo y hasta julio de 2006, cuando ya no tenía más remedio, el Gobierno no presentó su propuesta, tardía, descafeinada e injusta con las víctimas.

El Ejecutivo socialista partía de un planteamiento histórico erróneo, de una falsa equidistancia entre las “dos Españas”, al definir a la República legítima como un “bando” similar al de los golpistas que se sublevaron contra ella. El texto se limitaba a defender un concepto reducido a la memoria personal y familiar de cada individuo, exonerando al Estado de su responsabilidad de impulsar políticas públicas para la recuperación de la memoria democrática. Aquel proyecto inicial reconocía la supuesta legalidad de los tribunales represivos. Además, a las víctimas y a sus familiares que reclaman justicia y reparación les invertía la carga de la prueba y les forzaba a comparecer ante un Comité de Notables para demostrar que las ejecuciones, condenas y sanciones fueron injustas.

Sordo a las protestas y descontento de las víctimas, el PSOE dilató su tramitación por meros cálculos electorales y de oportunidad política. Existía un riesgo evidente de un nuevo cierre en falso, como ocurrió en la transición. Entonces se consideró que era demasiado pronto. Ahora, que demasiado tarde. En palabras de José Antonio Martín Pallín: “Más que una ley parecía un conjunto de paliativos, seguramente bienintencionados, pero desoladoramente ajenos a cualquiera de los valores que son el nervio de nuestra Constitución”.

A nosotros nos hubiese resultado más fácil encastillarnos en nuestra propuesta y acabar la legislatura sin aprobar la ley, arrojando sobre el PSOE la responsabilidad del fracaso. Pero al oportunismo electoral de algunos le pusimos el contrapunto de la responsabilidad histórica. Era ahora o nunca, pero no a cualquier precio.

Tras varios meses de incertidumbre, el acuerdo básico del pasado abril entre IU-ICV y el PSOE desbloqueó una ley que muchos ya daban por enterrada. Se le dio un vuelco total y el resultado está a la vista. Tal y como han reconocido observadores imparciales y analistas políticos, nunca un grupo tan pequeño ha influido tanto, arropado en el peso de nuestra rica memoria antifranquista y el de las organizaciones de la Memoria.

Estamos ante una ley histórica, la primera que condena tajantemente la última dictadura y anula las bases jurídicas de la represión. Destaca la derogación expresa de los bandos de guerra y de las normas dictadas bajo la dictadura desde julio de 1936 hasta 1975, manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales. Su objetivo es doble: proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial. La ley declara la ilegitimidad de los tribunales franquistas y sus sentencias, es decir, su nulidad de hecho. Ello servirá como instrumento jurídico para quienes quieran utilizarla ante los tribunales en las reclamaciones de anulación de sentencias, sin que los jueces puedan invocar normas de la dictadura para rechazarlas. Por nuestra parte, además, pediremos al fiscal general del Estado que inicie de oficio los recursos de revisión de sentencias.

Del proyecto inicial del Gobierno hicimos desaparecer las referencias a los dos bandos y el Comité de Notables, y facilitar el acceso a la documentación de los archivos. Por primera vez en democracia se honra a colectivos de luchadores por la libertad que nunca habían sido reconocidos: los guerrilleros, el Cuerpo de Carabineros o los militares de la clandestina UMD, excluida de la Ley de Amnistía por temor al “ruido de sables”. También se proclama la injusticia que supuso el exilio y se reconoce el derecho de los exiliados y de sus descendientes directos a recuperar la nacionalidad española.

El Estado está obligado a garantizar que las víctimas sepultadas en cunetas y fosas comunes donde yacen en el anonimato sean identificadas y enterradas en los cementerios. La norma establece la responsabilidad de las instituciones sobre las exhumaciones, símbolos y archivos. Con la ley en la mano, los alcaldes podrán retirar los símbolos de la sublevación militar y la dictadura. El Valle de los Caídos ya no podrá ser escenario de actos de exaltación, aunque el PSOE –mediante un pacto con CiU y el apoyo del PP– descartó transformarlo en un espacio de explicación de la represión franquista.

Sin duda estamos ante una ley de reconocimiento, no de venganza. Los partidarios del silencio y el olvido también lo son de la impunidad. Se entiende que quienes, como Mayor Oreja, vivieron el franquismo con naturalidad y placidez no quieran remover el pasado. A la derecha no le interesa contar la historia como fue. Mientras el franquismo ensalzó y sacralizó a las víctimas de su propio bando, excluyó a los demócratas de la memoria pública de los españoles.

Asumir la herencia del pasado no es fácil, pero esta ley debe servir para promover la confianza, con la voluntad de reforzar la democracia asumiendo los errores y los horrores del pasado. Rescatar la memoria de aquellos lamentables episodios y honrar como se debe a las víctimas olvidadas ha de servir de lección para el presente y para el futuro de la democracia española.

Gaspar Llamazares Trigo es presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV en el Congreso