Alejandro Inurrieta

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense

Ilustración de Javier Olivares

La actual coyuntura económica y financiera no es nueva. Sin embargo, la lectura y el diagnóstico que se ha hecho ha llevado a la mayoría de las economías, especialmente a las europeas, a recetas equivocadas y a una profunda recesión, cuya longitud sí puede ser dramática.

La crisis tiene su origen en el sobreendeudamiento, fundamentalmente privado. Por tanto, no es una crisis de oferta al uso, en la que los creyentes en esa fe basan toda su esperanza en las reformas estructurales y en la reducción de costes relativos, ni tampoco, originalmente, de demanda. Al ser, por tanto, una crisis de deuda privada, al colapsar el valor del activo que sostenía la deuda, los activos inmobiliarios, se inicia un desapalancamiento que implica demanda insuficiente, exceso de producción, necesidad de reducir deuda, destrucción de capital y desempleo masivo. Por dar algunas cifras, EEUU tiene un stock total de deuda sobre PIB del 370% y España una ratio del 334%.

Este episodio genera que tres variables fundamentales, la tasa de ahorro, el crecimiento de la riqueza o la velocidad de circulación del dinero, reviertan a su media histórica tras los incrementos desmedidos. En el caso del ahorro, el sobreendeudamiento generó una riqueza ficticia, un consumo por encima de la renta disponible y un exceso de inversión. De ahí el ingente déficit comercial y corriente. En el caso de la riqueza, la destrucción de riqueza acaecida demuestra que la tasa de crecimiento de la riqueza a largo plazo debe acompasar a la del PIB nominal. Por último, en el caso del multiplicador monetario, al no haber demanda efectiva, se reduce, lo que conlleva un riesgo de deflación o relajación máxima de las presiones inflacionistas. Por ende, en esta situación, la política monetaria es ineficiente y la fiscal tiene un impacto muy limitado.

En consecuencia, los procesos de rescate bancarios llevados a cabo hasta ahora en España y en el resto de Europa, salvo el caso de Grecia, no se han buscado mecanismos de quitas de deuda para liberar liquidez a empresas y familias. Esto podría ayudar a menguar significativamente el balance financiero, que en el caso de España llega a más del 800% del PIB, drenando mucha capacidad a la economía real. Unido a esto, el regulador debería obligar a las entidades financieras a valorar a precio de mercado y no a precio de adquisición los activos tóxicos, lo que evitaría muchos alzamientos de familias hipotecadas, pues el banco trataría por todos los medios de cobrar la deuda, aunque fuese de forma aplazada, ya que si no su balance reflejaría pérdidas. En resumen, un rescate bancario global debería ir encaminado a reducir capacidad, sólo deben sobrevivir los solventes, quitas de deuda, que paguen también los acreedores, que el coste público sea mínimo y evitar el problema del riesgo moral.

Estas premisas nos llevarían al modelo sueco de rescate bancario llevado a cabo en 1992. En primer lugar, el proceso fue absolutamente transparente, y contó con la dirección del Gobierno y el Banco Central. Los gestores de las entidades afectadas fueron desalojados de forma fulminante de sus puestos, algo que no se ha hecho en España. Sólo tras un análisis exhaustivo de los balances, no como los casos de la CAM y el Banco de Valencia aquí, se comenzó a inyectar capital, y se nacionalizó todo el sector. Tras el reparto de costes entre acreedores y deudores, la banca se saneó, se sacó a la venta y apenas costó dinero al erario público.

La realidad española dista mucho de esta solución. El regulador ha consentido que las entidades intervenidas sigan siendo gestionadas por los mismos que llevaron a dicha intervención, saltándose todo el protocolo en materia de salarios o indemnizaciones, cuyas cifras deberían avergonzar a las dos partes. El grado de transparencia ha sido mínimo, teniendo aquí a ilustres aliados en los Consejos de Administración de muchas de estas entidades, cuyos representantes son elegidos por parte de los grandes partidos políticos, sin distinción, en oscuras maniobras de repartos de poder. La inyección de capital a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tampoco ha servido para solucionar los problemas de solvencia y liquidez, se ha abandonado cualquier intento de reducir la deuda de los afectados, y se persiste en la valoración artificial de los activos tóxicos, para lo que han contado con la alianza del nuevo Ejecutivo de Rajoy. En resumen, se está intentando salvar a todas las entidades, sin reducir capacidad, y por supuesto mantener intacto el volumen de deuda, y la valoración de activos, generando situaciones de desahucios y alzamientos, que aumentan la exclusión social, la pobreza y la mora.

Frente a esto, algunos propusimos también una solución eficiente al problema de vivienda y suelo. La compra, con una quita del precio del 70% del conjunto de activos por parte del sector público y así crear, a un precio reducido, un gran parque público de vivienda en alquiler, lo que redundaría en una mejora del acceso a la vivienda, produciría una rentabilidad al rescate bancario del 6% y aliviaría el impacto para muchas familias. Estas viviendas serían gestionadas por entidades privadas que pagarían un canon a las administraciones competentes.

En suma, nada de lo que se asemeja a un rescate eficiente y equitativo se ha puesto en marcha, lo cual se deja sentir ya en el colapso económico y financiero de muchas familias y empresas. Si otros países lo han hecho, nosotros también. Sólo es cuestión de voluntad y conocimiento de lo que es un rescate bancario sin conflictos de interés, y buscando, de verdad, el interés general.