Vivimos una etapa de gran retroceso democrático. La mayor parte de los que se dedican al estudio de la democracia en el mundo constatan un empeoramiento de aquellos indicadores vinculados a las libertades y derechos civiles básicos, a la neutralidad de las instituciones, a la transparencia en su funcionamiento y al respeto por las minorías políticas, sexuales, étnicas, religiosas y nacionales.

Las democracias avanzadas y consolidadas están sufriendo un grave deterioro en muchos de sus principios de funcionamiento básico y aquellas que estaban en proceso de consolidación institucional han caído en una espiral autodestructiva que las acerca a pasos agigantados a nuevos modelos autocráticos. Tal es así que la situación de la democracia en el mundo es similar a la de 1989, antes de la tercera ola democratizadora que se produjo con la caída del Muro y la Revolución de Terciopelo. Una dinámica de deterioro democrático que se ha visto claramente agravada por la guerra de Ucrania y que puede conducir a un repliegue nacionalista aún mayor que el que hemos experimentado hasta la fecha.

Los intentos de los seguidores de Bolsonaro de subvertir las principales instituciones de Brasil a principios de año o el asalto al capitolio antes de la proclamación de Biden como presidente de EEUU son solo dos de los ejemplos más extremos de la crisis que está erosionando el sistema democrático. Pero no son los únicos: al estado de emergencia aprobado por Meloni con la excusa de una crisis migratoria sin precedentes se une a la transición que países como Polonia, Hungría o la India llevan haciendo desde democracias liberales más o menos consolidadas hacía regímenes políticos donde los derechos básicos se están viendo laminados. La amenaza para la democracia, por lo tanto, ya no son los militares deponiendo gobiernos electos, sino una voladura controlada desde dentro por opciones políticas que han llegado al poder por medios democráticos.

Las causas de este deterioro democrático emanan del momento de crisis orgánica que están padeciendo las democracias liberales. Una crisis que se originó después de la Gran Recesión en el que dos de los fundamentos básicos en los que se basaba el sistema liberal-democrático han ido resquebrajándose. Estos dos fundamentos toman la forma de dos pactos, uno de carácter socioeconómico y otro de carácter político-institucional. El primero, vinculado al pacto socioeconómico que consolida el capitalismo democrático en la mayoría de democracias avanzadas, lleva deteriorándose cuarenta años, desde que el modelo político y económico neoliberal decidió escindir la democracia del contenido material para la mayoría de la población.

En los últimos cuarenta años, fruto de una acción política consistente en mercantilizar todos los ámbitos de la existencia, hemos presenciado un empeoramiento claro de todos los indicadores económicos, sociales y laborales en amplios segmentos de la población, a la vez que hemos asistido a un aumento de la desigualdad sin precedentes. Ambas dinámicas dibujan un mundo cada vez más polarizado entre los que tienen, una minoría, y los que no tienen. Dichas medidas han provocado que el contenido igualitario a nivel socioeconómico de la democracia se haya ido desvaneciendo y haya acabado con El espíritu del 45, que sustentaba las bases materiales de la mayor parte de las democracias avanzadas.

Esta ruptura del pacto socioeconómico ha alterado completamente el terreno de juego político en el que nos movemos, es decir, el pacto político-institucional entre los diferentes grupos que conviven en democracia. Las dinámicas polarizadoras, de fragmentación política y electoral, de inestabilidad y debilidad institucional y de ruptura de los sistemas de partidos tradicionales son resultado de una serie de cambios sociales y económicos provocados por una falla en la promesa de mejorar el bienestar y las condiciones de vida de la mayoría de sectores sociales.

Muchas democracias ya no pueden ofrecer aquello que prometen y esto genera unas disfunciones en materia de legitimidad de los propios sistemas y de los resultados que deberían ofrecer. La falta de legitimidad de los sistemas democráticos hace que muchos ciudadanos se sientan hastiados o incluso se rebelen optando por opciones políticas nítidamente reaccionarias. En el extremo más grave vemos cómo estas disfuncionalidades políticas ponen en tela de juicio el elemento más básico de una democracia: el proceso electoral. Empezamos a asistir a una dinámica cada vez más común en el que las opciones que están en el poder o aquellas que quieren ganarlo siembran dudas sobre la validez del proceso electoral y, por lo tanto, sobre el resultado. Estas dudas acaban con el único elemento de gestión pacífica del conflicto social y político que como sociedades nos hemos dado en los últimos 200 años: las elecciones democráticas.

Ante esta situación política, las fuerzas democráticas, y aquí incluyo desde la izquierda hasta las opciones liberal-reformistas, tienen una tarea de enorme complejidad para frenar este deterioro democrático que golpearía en primer lugar a los más débiles, más allá de las fantasías revolucionarias que puedan tener algunos sectores políticos ubicados en posiciones de extrema izquierda. La tarea no es otra que reconstruir el contrato socioeconómico que da sentido a las democracias avanzadas. Una reconstrucción que debe basarse en una apuesta predistributiva y redistributiva ambiciosa que recupere y fortalezca la promesa emancipadora de la democracia. El reto es volver a hacer que las democracias garanticen las condiciones materiales para la mayoría de la población. Y el contexto actual, aunque es complejo, les da a las fuerzas democráticas una gran oportunidad de dar la batalla política por el futuro del sistema democrático.

Tal y como analiza Paolo Gerbaudo en su magnífico ensayo Controlar y proteger, fruto del debilitamiento del paradigma neoliberal después de la pandemia –consolidado por el impacto de la guerra y de las transformaciones derivadas de la cada vez más necesaria transición ecológica–, el Estado ha vuelto al centro de la escena política. El rol desarrollado durante la pandemia o las decisiones tomadas para mitigar los efectos económicos, sociales y energéticos de la guerra o incluso el direccionismo económico por motivo ecológico o geopolítico que algunos países están ejerciendo muestran una renovada concepción más activa del papel que el Estado debe desarrollar en estos momentos.

Sin embargo, la vuelta del Estado o la aparición de este nuevo paradigma neoestatista, en palabras del sociólogo italiano, no significa que la dirección del ente político por excelencia no esté en disputa. Al contrario, Gerbaudo dibuja un escenario en el que las fuerzas conservadoras, ultras o reaccionarias quieren hacerse con el poder estatal para controlar a la población: esto es reprimir, controlar u oprimir a amplios segmentos de la población que se verán afectados negativamente por las transformaciones económicas y sociales venideras. Usarlo para un repliegue nacionalista o identitario que excluya a la mayoria de la población. Pero también para competir en un mundo geopolíticamente más complejo en el que se está consolidando un enfrentamiento entre bloques a nivel político, económico y bélico. El Estado, por lo tanto, como un instrumento de represión interna y de confrontación externa. Esta es la dirección que algunas opciones políticas defienden ante la convulsión que vivimos en este primer cuarto del S.XXI.

Ante esta opción represiva, no obstante, emerge la de un Estado protector. En esta opción el poder estatal no ejerce un papel de instrumento represivo, sino que se convierte en un escudo social y económico que resguarda a la mayoría social en un mundo convulso e inestable atravesado por múltiples crisis. El Estado protector no solo refuerza aquellos ámbitos básicos del Estado del Bienestar, sino que entra de lleno en dos elementos sustanciales: equilibrar la balanza entre capital y trabajo, es decir, entre la minoría poseedora de la riqueza y la mayoría social e impulsar una transformación ecológica sin precedentes para mitigar el cambio climático de manera justa. En el primer elemento, intervendrá fiscalmente de manera ambiciosa para reducir la brecha existente entre los que tienen y los que no tienen y garantizar a todo el mundo una base económica y de condiciones vitales sobre las que pueda desarrollarse libremente. Un Estado, en síntesis, que limita la desigualdad y que redistribuye activamente entre la población y lo hace mediante servicios, pero también mediante el establecimiento de límites a la desigualdad.

En la otra dimensión, en cambio, no sólo legisla para limitar los efectos ecológicos del actual modelo económico, sino que impulsa un cambio de paradigma dirigiendo y coordinando a los diferentes actores económicos y sociales para acelerar la descarbonización de la economía. El Estado dirige la política económica e industrial y decide en cuestiones de producción y distribución de bienes y servicios con el objetivo de garantizar el bienestar material básico para el funcionamiento democrático, pero también para facilitar una transición ecológica justa que tenga como resultado una descarbonización de nuestras sociedades. El objetivo, en suma, es dar seguridad vital a una población asediada por crisis económicas, sociales y climáticas.

En el nuevo contexto político en el que vivimos, por lo tanto, la batalla por la dirección política del Estado está en juego y es en esta batalla donde las fuerzas democráticas deben aprovechar la irrupción de este nuevo paradigma y usarlo para poder proteger a amplias capas de la ciudadanía. Para poder recoser el contrato socioeconómico roto mediante la protección de sus derechos sociales y económicos, de su bienestar material, sus oportunidades, su estatus social. En conclusión, mediante la protección de la vida. Solo protegiendo a los ciudadanos y ciudadanas de la intemperie económica, ecológica y social provocada por un mundo convulso y en transformación se salvará el sistema democrático. Solo protegiendo sus bases materiales podremos proteger la democracia..