Somos la región más rica de España. Los números de empleo —reducción de paro y aumento de la contratación indefinida— acompañan gracias a la reforma laboral de Yolanda Díaz, y a pesar de la precarización por la inacción de Ayuso.

Los datos son favorables y la derecha se está quedando sin argumentos económicos en su cruzada neoliberal. Ahora quieren dar la batalla en el plano de los impuestos. Nuestra postura es clara: hay que fortalecer el estado del bienestar y los impuestos deben ser progresivos. Las rentas medias y bajas deben pagar menos, y las grandes fortunas más (ahora sucede lo contrario). Pero esto se entiende mejor hablando de cosas concretas, de lo cotidiano, por eso proponemos hacer efectivo el derecho a la salud visual. No es momento de resistir sino de ampliar derechos haciendo política útil.

Cualquier familia que no sea rica sabe lo difícil que es generar un equilibrio entre comprarse unas gafas nuevas, cuyos cristales tal vez cuesten 300 euros, con llegar a fin de mes o ahorrar para poder irse tranquilos de vacaciones. Y esto lo sé en primera persona porque, más de un mes y dos, he tenido que ir con los cristales rayados, o sin ver tres en un burro porque me había aumentado la graduación y se me hacía imposible gastarme los 350 euros que costaban los cristales. Pues imaginemos el caso de las personas de más de 50 años que necesitan una gafa para lejos y para cerca, que no baja de los 500 euros; o una familia de cuatro personas, todos miopes, con niños que juegan y rompen las cosas. Desde luego, no salen las cuentas.

Nosotras proponemos que la Comunidad de Madrid lance un Plan de Salud Visual que sirva para aumentar las plazas de Óptico-Optometrista en los hospitales; la creación de unidades de optometría en los centros de Atención Primaria; y, por supuesto, la subvención mediante bonos y reembolsos a todas las familias que necesiten gafas o lentillas para garantizar su salud visual. Esta propuesta tiene el aval del Colegio Nacional de Optometristas.

Y esto que pedimos no es algo de otro mundo que vaya a quebrar el sistema. Son políticas útiles que nos podemos permitir y que ayudarían a prevenir futuros males, más costosos para la Seguridad Social que unas gafas. Y es que en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid contamos con 51 optometristas. Es decir, tocamos a un optometrista por cada 132.086 habitantes, solo en hospitales. La derivada son las listas de espera de más de cuatro meses y alrededor de 50.000 personas haciendo cola para que les revise el especialista. La consecuencia de esta derivada es que fracasamos en la prevención de la mitad de los casos de pérdida visual.

Esto afecta principalmente a los niños, cuyas lesiones son las más prevenibles. No podemos pasar por alto que uno de cada tres fracasos escolares tiene que ver con un problema de visión. Simplemente el impacto de la pobreza visual en el desarrollo de los niños y niñas tendría que hacer saltar todas las alarmas, y generar una voluntad de consenso para actuar desde la administración pública ya. Con más recursos y con más profesionales.

En Madrid, los datos acompañan y tenemos la oportunidad de ser vanguardia. Es momento de seguir avanzando para ganar en bienestar. Y en materia de salud todavía queda muchísimo por hacer. En particular en salud visual. Porque si creemos en la igualdad de oportunidades, nuestro derecho a ver bien, a llevar una vida plena, no puede depender del dinero que tengamos en el banco.