Ángeles Álvarez

Portavoz de Igualdad del grupo parlamentario Socialista

El Pacto contra la violencia atiende a la necesidad de comprometer, más activamente, al Estado en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres en la vida pública y privada: violencia física y psicológica, agresiones sexuales, acosos, violencia económica, trata con fines de explotación sexual etc.

Hace años que se impuso la desidia política, el recorte de fondos y de gestión relajada, por eso, el PSOE, por carta dirigida a la ministra del PP (2014), exigió un acuerdo político, social e institucional que permitiera recuperar el impulso y el consenso.

Tres años después se ha conseguido una mesa de negociación donde el PP, se ha visto en la tesitura de aceptar decenas de medidas que nos fueron rechazadas en la X Legislatura.

De momento, el acuerdo compromete a impulsar la creación de marcos jurídicos y políticas públicas que hagan frente a TODAS las formas de violencia de género- También busca mejorar la respuesta preventiva, de seguridad, justicia y reparación a todas las formas de violencia recogidas en el Convenio de Estambul, lo que implicará cambios en la legislación civil, penal, procesal y de cooperación jurídica internacional, o la legislación sobre asilo y refugio.

En estos últimos años, el Gobierno impuso una visión meramente paliativa de la respuesta y desvinculó la lucha por la igualdad de la lucha contra la violencia, sin comprender que estamos ante un problema que no solo necesita ser paliado, sino ante una realidad que necesitamos que sea erradicada.

Las/as socialistas centramos nuestros esfuerzos en llevar al Pacto, la necesidad de dar respuesta a la violencia denunciada y también a la violencia soterrada. Hemos animado el cambio de paradigma estableciendo acuerdos para implantar sistemas de detección de casos desde el ámbito sanitario y a través de los Centros de la Mujer y los Servicios Sociales comunitarios. Ese reto reclama la formación de miles de profesionales que mantienen contacto directo con aquellas a las que atenaza el miedo. Es una tarea compleja en la que los organismos competentes deben implicarse decididamente y donde, particularmente, el CGPJ y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, deben estar a la altura de lo que se les demanda.

En los acuerdos, encontrarán muchas propuestas que en realidad ya estaban recogidas en la legislación española (Ley 1/2004, Ley 26/2015 o Leyes autonómicas). Lo que ha llevado a que el Pacto sea reiterativo con las mismas, ha sido la lentitud con que los poderes del Estado han acometido su implantación, la falta de inversiones para hacerlas viables y las “resistencias” a la aplicación.

Los socialistas hemos puesto concreción en el Pacto a través de decenas de medidas. Muchas de ellas, transitaron previamente por el Congreso en forma de Proposiciones rechazadas por la mayoría absoluta del PP.

También hemos aportado un elenco de iniciativas para comprometer a la industria del entretenimiento que debe tomar conciencia de que son el principal agente de socialización de nuestros jóvenes y no pueden, por tanto, sustraerse a la responsabilidad que tienen en la construcción del simbólico y las creencias que alimentan estas violencias.

El Pacto propone normas adaptadas a las necesidades de las víctimas y de quienes tienen que combatir el delito y reparar el daño. Diferentes normas legales adecuadas a la especificidad de cada forma de violencia, ya que lo que es útil en la lucha o intervención social contra la violencia machista en la pareja puede ser ineficaz para la lucha contra las agresiones sexuales.

Han quedado fuera asuntos a los que, el caso de Caso Ángela G. Carreño nos conminaba y que el PSOE ha presentado como Voto Particular: el reconocimiento del derecho a la reparación efectiva, y la rendición de cuentas por parte de los agentes del Estado responsables de respuestas inadecuadas.

Es asombroso el veto que ha bloqueado la reforma del artículo 416 de la LECRIM. Esa reforma, propuesta por expertos/as juristas, es trascendente porque pretende evitar que la fundamental prueba de cargo, el testimonio de la víctima, quede fuera del proceso y, como consecuencia de ello, reducir el alto índice de impunidad existente que incrementa la vulnerabilidad de la víctima y refuerza la posición de dominio del maltratador.

No hemos conseguido consenso para ampliar la especialización de quienes tienen encomendada la seguridad en el ámbito rural; y tampoco en la lucha contra la extendidísima industria del sexo y contra todo tipo de proxenetismo lucrativo.

A pesar de estos, y otros vetos, no nos abstenemos ante un pacto que compromete, a todos, a retomar una senda y un impulso que nunca debimos abandonar. No está todo, pero lo que está es útil a las victimas.

Apoyamos este acuerdo porque tenemos sentido de la responsabilidad y respeto a todas las víctimas, Además, el Pacto no obliga a renunciar a nuestra agenda de máximos para colocar esta lucha, como uno de los mayores desafíos de nuestra época.

Para nosotras/os el Pacto no está cerrados ya que las cuestiones relacionadas con el papel de la educación en la prevención del sexismo, la desigualdad y la violencia han sido encauzadas hacia el futuro Pacto Educativo: Es allí donde el Grupo Parlamentario Socialista seguirá trabajando para que todo el sistema se implique en el fomento de la igualdad, en dar visibilidad a los logros de las mujeres y en convertir la educación en una pieza clave en las políticas preventivas de la violencia sexista.

El Pacto reclama la complicidad de todos/as para sacar estas medidas adelante, pero exige del Gobierno diligencia y eficacia. La diligencia reclama agilizar los tiempos y hacer disponibles, sin demora, los recursos que ha comprometido. Eso es lo que hará que el Pacto tenga el respeto y la lealtad que aún no ha tenido tiempo de ganarse.