La mañana del jueves 31 de marzo, Sevilla amaneció con ligeras lluvias y a la espera de que el AVE trajera al día siguiente a cientos de periodistas y afiliados del PP para elegir a la búlgara a Núñez Feijóo como futuro líder de los conservadores españoles. Moreno Bonilla hacía entrevistas presumiendo de su poder de seducción y de tener a todo el PP detrás de él ante las inminentes elecciones andaluzas que serán el primer examen al marketing aplicado a un proyecto idéntico en lo esencial con el del depuesto Pablo Casado.

Esa mañana saltó levemente la polémica de los caseteros. El presidente de la Asociación Andaluza de Empresarios de Hostelería de Feria y una representante del buffete Sanguino Abogados se grababan un vídeo en el que anunciaban que la reforma laboral de Yolanda Díaz impedía que encontraran empleados suficientes para poner en marcha la Feria de Abril y todas las demás que están por venir en Andalucía. Aludían a una falsedad, pero al momento empezaron a publicarse teletipos: “Los caseteros anuncian paros en la Feria de Abril”.

Un bulo nunca es ingenuo, porque los bulos son mentiras y las mentiras tienen un objetivo, básicamente que no sepamos distinguir la verdad de la mentira. En este caso, lo que estaba detrás de este bulo a cielo abierto, propagado por el mismo alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que no tardó ni dos horas en apoyar las declaraciones del presidente de los caseteros, era influir en la negociación del convenio de hostelería que en estos momentos negocian los sindicatos mayoritarios con la patronal del sector de la provincia de Sevilla, patronal a la que pertenece la Asociación Andaluza de Empresarios de Hostelería de Feria.

El objetivo que pretendían los caseteros es ganar fuerza social para incluir en el convenio cláusulas específicas para las ferias, a pesar de que este sector ya está regulado dentro del convenio de hostelería, en concreto en el ámbito de los caterings. Apoyándose en la necesidad que tiene la sociedad de feria, después de dos años de pandemia, y en la popularidad de estos eventos en Andalucía, los caseteros han querido usar una mentira para rebajar los derechos laborales y legalizar la explotación laboral.

Hubiera estado bien que algún medio especificara que la Feria de Abril tiene dos tipos de casetas. Las pequeñas, de escasos metros cuadrados y propiedad de amigos y familiares, que tienen una plantilla fija desde hace años y en la que los encargados del catering son pequeños autónomos que con mano de obra, a veces de su propia familia, sacan adelante el negocio con el que se pueden ganar unos 6.000 u 8.000 euros durante los siete días de feria. Luego están las grandes casetas, de cientos de metros, públicas o semipúblicas, las casetas de los distritos del Ayuntamiento, las de las empresas municipales como Lipasam, las de los partidos políticos, la de la Cadena SER, que hacen cajas astronómicas a diario. Casetas gestionadas bajo un contrato de cesión de la explotación a los grandes grupos empresariales de la ciudad que son dueños de las discotecas, restaurantes o espacios de ocio más exitosos de Sevilla.

Estos empresarios del ocio sevillano (futbolistas, toreros e hijos de las familias dueñas de Sevilla) no sólo son relevantes en el sector de la hostelería, gracias a sus contactos políticos con el PSOE local, con quien gestionan eventos de “colaboración público-privada" de los que presumen el alcalde de la ciudad, situado a la derecha del PP en los asuntos urbanísticos y turísticos y cuya política, ahora y antes como número dos de Juan Espadas, se reduce al marketing y a los macroeventos fastuosos alejados de los barrios populares.

Estos empresarios son también relevantes en el mundo del fútbol (Betis y Sevilla) y en las hermandades (poder fáctico de la ciudad) y se mueven como pez en el agua por la Corte hispalense, muy alimentada por los contactos preferentes en los medios de comunicación (de los que son anunciantes) en el mundo de las finanzas y, en resumen, en todos aquellos espacios de poder en una ciudad donde quien tiene poder lo ejerce de forma impúdica.

A esto se unen unos medios de comunicación blindados a la verdad que creen que hacer periodismo es decir lo que otros dicen sin contextualizar y sin contrastar. Luego está Macarena Olona, la musa de los sectores poderosos de Andalucía, que puso un tuit con miles de retuits amenazando a Yolanda Díaz con vestirse de flamenca en el Congreso si los caseteros finalmente decretaban un paro.

Afortunadamente, como la realidad es más burda de lo elaborado que se creen sus protagonistas, sólo ha hecho falta que se les ponga un micro a dos empresarios caseteros para que quede reflejado que la revolución de los caseteros es trabajar 16 horas diarias, pagar 5 euros la hora y, si cuadra, que los trabajadores duerman en la caseta cuando se haya recogido la última jarra de rebujito. La revolución de los caseteros es regresar al modelo laboral del franquismo, que era la legalidad vigente que había antes de que se aprobara el Estatuto de los Trabajadores en 1980 por un gobierno presidido por Adolfo Suárez. El símbolo más elocuente de cómo avanza la revolución de los caseteros, que no es más que la voxificación de las élites, es que una norma de UCD parezca en 2022 que ha sido aprobada por Podemos.

La revolución de los caseteros se hubiera podido abortar el primer día si el alcalde de Sevilla hubiese recordado a los empresarios que, igual que se les retira la licencia de la caseta si no cumplen con las inspecciones de incendios o de sanidad, el Ayuntamiento hispalense sancionaría y retiraría la licencia si estos establecimientos incumplen la legalidad laboral vigente que, básicamente, lo que viene a decir es que un camarero o una cocinera no pueden salir de trabajar a las 5 de la madrugada, después de 16 horas de trabajo, y volver a entrar a las 11 de la mañana.

También se hubiese abortado al instante la revolución de los caseteros si los medios de comunicación hubieran informado de las condiciones laborales en las que se trabajan en la feria, algo tan fácil como haberle puesto el micrófono y las cámaras a alguna persona que haya trabajado alguna vez en alguna de las casetas de estos grandes empresarios que subidos a caballo quieren hacer una revolución para regresar al siglo XIX. Si de algo ha servido esta polémica, absurda como todas las polémicas que se le crean al Gobierno de España desde los aledaños de la ultraderecha, es que sin esclavos no hay señoritos a caballo. Hasta el próximo bulo.