Elías Trabada Crende

Urbanista

Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, el número de lanzamientos con cumplimiento positivo (desahucios ejecutados) sobre bienes inmuebles ascendió a 39.206 en 2013. También nos indica que el 38,4% de los lanzamientos practicados, o desahucios tramitados, en ese mismo año (67.189) por los Juzgados de Primera Instancia son consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria (inmuebles en propiedad) y el 56,8% derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (inmuebles en alquiler). Los datos publicados por el CGPJ consideran todo tipo de bienes inmuebles (“sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana, ni si es o no una vivienda”), por consiguiente no nos permiten conocer la magnitud concreta de las viviendas principales o habituales afectadas. De ahí que sea necesario recurrir a la información estadística publicada por otras fuentes para clarificar esta importante cuestión.

Según la Nota Informativa del Banco de España (19/05/2014), en 2013 se entregaron 49.694 viviendas a las entidades financieras mediante procedimientos de ejecución hipotecaria que reclamaban el pago de deudas hipotecarias a los hogares, de las cuales el 78,4% fueron viviendas habituales (38.961). Con respecto a 2012, se observa un incremento relevante del 11,1% en el total de viviendas entregadas (44.745), así como una evolución estable en cuanto al número de viviendas principales entregadas (39.051 que representaban el 87,3% del total entregado). Resumiendo, ocho de cada diez viviendas entregadas a los bancos en 2013 por impago del crédito hipotecario corresponden a viviendas principales, dato que nos advierte de la gravedad del problema de la vivienda motivado por las numerosas ejecuciones hipotecarias y desahucios de vivienda habitual en España.

Ahora bien, ¿podemos estimar el colectivo de hogares que se encuentran en riesgo de ejecución hipotecaria?. Según el Censo de Población y Viviendas de 2011, unos 5.940.930 hogares residen en una vivienda propia con pagos pendientes (hipotecas), los cuales significan el 33% del total de hogares censados en España (18.083.690). En riesgo de precipitarse a un proceso de ejecución hipotecaria se situaría el 5,2% de los hogares españoles, pues habitan en una vivienda de su propiedad con hipoteca pero ninguno de sus miembros estaba ocupado en noviembre de 2011: en términos absolutos, hablamos de 934.895 hogares. En perspectiva autonómica, esa Tasa de Hogares en Riesgo de Ejecución Hipotecaria de la vivienda en Propiedad que habitan muestra sus porcentajes más elevados en Canarias (5,6%), Illes Balears (5,8%), Murcia (6,2%), Andalucía (6,9%) y Comunitat Valenciana (7% del total de hogares).

En cuanto a posibles desahucios por impagos de la renta de alquiler, el Censo de 2011 también nos permite calcular una Tasa de Hogares en Riesgo de Desahucio de su vivienda principal en Alquiler: de los 2.438.575 hogares que habitan en una vivienda en régimen de arrendamiento, 820.580 tenían a todos sus miembros sin ocupación, significando el 4,5% del total de hogares censados en España. En el panorama autonómico, la Tasa expresa sus mayores porcentajes entre los hogares de Asturias (5,2%), Canarias (5,6%), Catalunya (6,6%) e Illes Balears (8% del total de hogares).

Desde la elaboración del Censo de Población y Viviendas de 2011, los indicadores sobre desempleo y pobreza han empeorado, por consiguiente pensamos que esas Tasas de Hogares en Riesgo de Ejecución Hipotecaria o de Desahucio de la vivienda en Alquiler seguramente han crecido entre los hogares españoles. En este sentido, si el 7% de los hogares entrevistados en 2011, mediante la Encuesta de Condiciones de Vida (INE), tuvieron retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos...) en los últimos 12 meses, en el año de 2013 el valor del indicador se elevó al 9,3% del total de hogares. Señalar que esta carencia material resulta más frecuente entre los hogares entrevistados en Castilla-La Mancha (11,2%), Comunitat Valenciana (11,6%), Andalucía (11,7%), Canarias (15,1%), Illes Balears (17,2%) y Murcia (19,8%).

Los retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal pueden desembocar en la exclusión residencial y social de los hogares afectados, tal como se refleja en los resultados de la Encuesta a las Personas Sin Hogar de 2012 (INE). Así, respecto a la razón por la que las personas sin hogar abandonaron el alojamiento que tenían antes de verse sin hogar, el 45% contestó porque perdió el trabajo y el 47,7% manifestó motivos directamente relacionados con el problema de la vivienda: porque la persona entrevistada o su pareja no pudieron pagar más el alojamiento (26,1%), le desahuciaron de la vivienda (12,1%), se le acabó el contrato de alquiler (5,8%) o el edificio donde vivía estaba en ruina, fue demolido o ardió (3,7%).

Si retomamos la estadística del Consejo General del Poder Judicial referida al primer trimestre de 2014, observamos que el número de ejecuciones hipotecarias presentadas (24.226) y de lanzamientos con cumplimiento positivo (desahucios ejecutados) sobre bienes inmuebles (12.018) se incrementaron un 13,9% y 8,3%, respectivamente, en relación al primer trimestre del año anterior. Ambos indicadores nos informan que el problema de la vivienda continúa empeorando. La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social aprobada por el Gobierno del PP, no parece que haya contribuido a resolver la grave crisis residencial y social producida por la confluencia de una injusta legislación hipotecaria y una crisis capitalista que produce desempleo masivo y creciente pobreza severa entre la población española.

Más bien nos encontramos ante una reforma hipotecaria fallida, por su clara insuficiencia e ineficacia para abordar las causas y consecuencias, residenciales y sociales, del grave problema de la vivienda provocado por las numerosas ejecuciones hipotecarias y desahucios de viviendas principales, en propiedad y alquiler. De ahí que aboguemos por un cambio urgente de la política gubernamental y legislación española en el sentido de la ILP defendida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales: dación en pago, moratoria en las ejecuciones hipotecarias y desahucios de vivienda habitual, y un cambio copernicano en las políticas de vivienda de las Administraciones del Estado español hacia la promoción prioritaria y continuada del alquiler social, persiguiendo el objetivo estratégico de alcanzar un porcentaje cercano al promedio de la Unión Europea (9% de las viviendas principales) en un horizonte de medio plazo. A ese parque público de viviendas de alquiler social se deberían movilizar las viviendas y el suelo urbano y urbanizable en manos de las entidades financieras intervenidas y de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, el banco malo). En suma, tenemos que pensar y actuar en favor de una reconciliación de la política y la economía de la vivienda con el ser humano y la naturaleza, impulsando su valor de uso y sostenibilidad ambiental en detrimento de su valor de cambio, rescatando la vivienda del egoísmo-beneficio neoliberal y su política thanática, liberando del sufrimiento nuestras ciudades, barrios y villas con vivienda asequible, trabajo digno, educación y salud como quiere el clamor popular.