Manuel Garí

Economista. Investigador del Area de Economía de la Fundación 1º de mayo

También firman este artículoDaniel Albarracín, Nacho Álvarez, Bruno Estrada y Bibiana Medialdea.

Ilustración de Gallardo

El mito de la energía nuclear se edificó sobre seis mentiras. El lobby atómico norteamericano la calificó inicialmente de panacea por ser “abundante, segura y barata”. Luego llegaron los atributos de “autóctona” –la OCDE la considera fuente nacional–, “limpia” porque no emite gases de efecto invernadero e “imprescindible” para el suministro energético actual y futuro.

La “abundancia” queda desmentida por las limitadas reservas de uranio identificadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que al ritmo actual de extracción se agotarán en un plazo de entre 50 y 80 años. De confirmarse la apuesta nuclear de China, Rusia e India, el precio del mineral aumentará y el plazo se reducirá. No hay tanto uranio.

La “seguridad”, tras la tragedia de Fukushima –sin contar con actos de guerra o terrorismo– es una creencia mítica sin fundamento. La reciente explosión de un horno de residuos nucleares en Francia ha puesto una vez más en evidencia la inmadurez de la tecnología nuclear frente al riesgo. La inconmensurabilidad monetaria de los riesgos ya se plasmó en las dramáticas cuentas de los efectos sociales y económicos de Chernobyl. Por ello, las aseguradoras excluyen el riesgo nuclear de sus coberturas en las pólizas privadas. En España, la responsabilidad civil de los titulares de las instalaciones es de 1.200 millones de euros (Ley 12/2011), monto insuficiente a la vista de la magnitud de los siniestros.

El atributo “autóctona” decae al constatar la ubicación de los recursos de uranio allende nuestras fronteras (según el informe WNA Market). La “limpieza” desaparece a la vista de la larga vida de los residuos radioactivos. Y de la “prescindibilidad” nuclear da buena cuenta el escaso y decreciente peso que tiene dicha energía en la producción eléctrica mundial y española. El sistema eléctrico español ha funcionando perfectamente con la mitad de los reactores del país parados por causas técnicas.

Antes de Fukushima, la FAES, el PP y el lobby español lanzaron el mensaje de la necesidad del “renacimiento nuclear” con la construcción de nuevas centrales. Entonces, ¿por qué no hay nuevos proyectos privados si no hay impedimento legal alguno? La respuesta es unívoca: los costes de construcción son muy altos, el periodo de obra dilatado, la amortización y el retorno se demoran y los costes financieros se disparan. Los costes de inversión del kilovatio (kW) nuclear suponen entre 3.800 y 5.800 euros (Agencia Moody’s, 2009) y el grupo Areva reconoce que, de momento, la central de Olkiluoto (Finlandia) alcanzará de partida los 4.500 euros por kW instalado. Ni el Banco Mundial ni la banca española fían a las nucleares. El objetivo real del lobby nuclear no es acometer la construcción de nuevas centrales, sino prolongar la vida de las ya existentes para que la industria siga obteniendo superganancias de unas plantas viejas, amortizadas e inseguras.

El sistema eléctrico español protege la energía nuclear y ni siquiera así es competitiva. Las ventajas para las nucleares, cuyos costes variables de funcionamiento son bajos, provienen del tipo de mercado eléctrico mayorista basado en un sistema de retribución marginalista imperfecto que les asegura la compra de toda la producción. Además, durante años, diversas decisiones políticas supusieron un regalo para las compañías eléctricas. El Gobierno socialista, con la moratoria de 1983 –y posterior aceptación de titulación de los activos–, salvó a las empresas nucleares de la quiebra con dinero público –mediante la inversión de más de 4.387 millones de euros– y de los usuarios –a través del recargo del 3,45% del recibo de la luz–. El Gobierno del PP repitió dádiva con la ley de 1997: subvencionó los costes de transición a la competencia.

Los costes de la energía nuclear no cesan de aumentar tras Fukushima, al tener que internalizar mayores gastos de seguridad: construcciones de protección, sistemas de seguridad duplicados, formación y supervisión de operarios y medidas frente a atentados. Y no todos los costes se contemplan. En los informes de rentabilidad, frecuentemente, se obvian gastos muy elevados como los de desmantelamiento de las centrales o los derivados de la gestión actual de los residuos que, sin embargo, se nos repercuten a los usuarios y contribuyentes. Menos aún se tienen en cuenta los costes colectivos legados a futuro en forma de “eternos” residuos peligrosísimos, el cementerio nuclear que se está construyendo en Onkalo (Finlandia) tiene una vida prevista de 100.000 años. En ambos casos se produce una socialización de las pérdidas.

Es una falacia afirmar, como se hace, sin tino, dato o argumento alguno, que la electricidad nuclear es más barata de producir que el resto y, por tanto, más económica para el consumidor final. Al evaluar los costes comparables, el Informe Lazard (2008) estimó –a partir de datos de la Comisión Europea– los costes de producción entre 5 y 9 céntimos de euro por kilovatio por hora (kWh) para la eólica y la biomasa; de 9 a 14, para la solar de concentración; de 7 a 10, para el gas; de 7 a 13, para el carbón; y de 10 a 12, para la nuclear, pese a que la mayoría de las centrales están amortizadas.

España es un país dependiente y vulnerable en casi toda la cadena de valor de la energía nuclear: tiene que importar el mineral, sus centrales funcionan con tecnologías foráneas y paga por la fabricación de concentrados, el enriquecimiento del uranio y el almacenaje de los residuos de alta radiactividad. El declive nuclear es imparable. Si es así, ¿por qué seguir discutiendo? La nuclear, además de peligrosa, es una ruina. Una ruina radiactiva.