Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona

En varios artículos anteriores he alertado del peligro que supone el nuevo Tratado mal llamado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea (UE) para los derechos laborales, derechos civiles y derechos del consumidor a los dos lados del Atlántico Norte, que se verán negativamente afectados por tal tratado (“¿Qué se intenta con los tratados mal llamados de libre comercio?”, Público, 23.07.15; “Las consecuencias negativas de los anteriores tratados de libre comercio”, Público, 15.06.15; “La farsa de los tratados de libre comercio”, Público, 21.05.15). Como subrayé en tales artículos, el objetivo de este tratado no es facilitar el comercio entre EEUU y los países de la UE (objetivo con el cual no tengo ninguna reserva), sino eliminar lo que el tratado define como “barreras para el comercio y para la inversión”, que es el término utilizado para referirse a las normas de protección del trabajador, del consumidor y del ambiente que los países han desarrollado en respuesta a las demandas populares. Y esta eliminación tendría lugar mediante el establecimiento de un tribunal supranacional (que no sería elegido y cuya composición sería principalmente de “expertos” en comercio próximos a las grandes empresas transnacionales) que tendría la autoridad para forzar a un país a que desmantelara tales protecciones al considerarlas “barreras al comercio y a la inversión”.

Parece que la gran protesta que ha habido sobre este elemento del Tratado ha hecho que se esté ahora discutiendo entre los bastidores del poder (en los comités secretos donde se está preparando tal tratado) cómo diluir esta protesta popular haciendo cambios en la naturaleza de dicho tribunal. No me fío, y el secreto que domina el proceso, con una enorme opacidad y falta de transparencia, explica la falta de credibilidad de tales comités. De ahí que sea vital que la oposición a este tratado continúe, pues estas negociaciones son claramente antidemocráticas (no hay otra manera de definirlas), ya que ni el Parlamento Europeo ni los parlamentos nacionales están siendo invitados ni consultados en estas negociaciones.

Una dimensión del tratado desconocida

Pero existe otra dimensión del TTIP que casi ha pasado desapercibida y que puede causar tanto daño como el Tribunal Internacional. Me refiero a los comités llamados Consejos de Cooperación Reguladora (Regulatory Cooperation Council) que se constituirán de manera bilateral entre EEUU y los países miembros de la UE (o entre estos mismos), y que tendrán como objetivo analizar los obstáculos al comercio y a la inversión. Tales consejos estarán compuestos por “expertos en comercio”, pero no por expertos en temas laborales, ambientales o de defensa del consumidor. Las funciones de estos consejos se están definiendo, pero no tienen buena pinta. ¿Quién proveerá la información? ¿Quién la evaluará? ¿Qué poder normativo tendrán? ¿Qué poder sancionador?

Ya hay algo en la narrativa que es alarmante. Todo el lenguaje es económico y se habla de aplicar medidas utilizando criterios de evaluación de intervenciones tales como el coste-beneficio, que es el código que se utiliza en econometría para aplicar primordialmente criterios economicistas para evaluar una intervención. Desde este punto de vista, parecería que el único criterio para evaluar cualquier intervención o eliminación de protección laboral, ambiental o de defensa del consumidor sería la rentabilidad de dicha intervención. Esta ideología, presentada como ciencias económicas, es enormemente peligrosa y nos ha llevado al desastre actual del austericidio. Es el pensamiento (mejor dicho, dogma) neoliberal aplicado al comercio internacional.

De ahí la urgente necesidad de que la población se movilice y exija cambios tanto en la composición como en las funciones de dichos consejos, subrayando que el tema prioritario del criterio de evaluación sea el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones sujetas a tal tratado, exigiendo además que haya expertos laborales y ambientales, entre otros, sensibles a las necesidades de los trabajadores y usuarios, en lugar de tomar siempre como criterio la rentabilidad para el empresario de tal comercio o inversión. E, incluso más importante, subrayar que tales consejos deben estar bajo la responsabilidad política de los representantes de la población, una responsabilidad que en el clima neoliberal mercantil dominante en las instituciones que están preparando este tratado ni se considera. La arrogancia del poder llega hasta el punto de que propuestas de una enorme insensibilidad social y de claro perjuicio a las clases populares se presentan como las únicas lógicas y razonables según el criterio de las “ciencias económicas”.