El pasado mes de julio, el Consejo Europeo aprobó el programa de recuperación Next Generation EU (NGEU).

Es un acuerdo histórico en varios sentidos. Por el volumen de dinero movilizado, por la forma de obtener el dinero, por cómo se establece el reparto de fondos, entre países y por sectores, y por la urgencia en la ejecución.

Lo que sabemos hasta ahora

El programa NGEU está dotado con un fondo financiero de 750 000 millones de euros, repartidos en 390 000 millones para ayudas no reembolsables, y 360 000 millones en préstamos disponibles a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

De los 390 000 millones de subvenciones, la inmensa mayoría, 312 000 millones, corresponden también al MRR, mientras que la parte restante está distribuida en otros programas ya existentes (Fondo de Transición Justa, Horizonte Europa, Desarrollo Rural, etc), que ven así parcialmente aumentada su financiación.

La financiación de este programa marca un hito en la historia europea: por primera vez se va a autorizar a la Comisión Europea a solicitar préstamos en nombre de la Unión Europea en los mercados de capitales. Un dinero que iremos pagando los ciudadanos europeos a lo largo de las próximas décadas.

No todos los países obtendrán el mismo dinero ni todo será financiable. Los fondos que le corresponden a España en función del impacto de la Covid-19 en su economía son cerca de 140 000 millones, entre subvenciones (72 000 millones) y préstamos.

Según el séptimo, y hasta ahora último borrador del reglamento que prepara Bruselas, el primer plazo del Mecanismo de Regulación y Resiliencia asigna a España casi 47 000 millones en subvenciones (el 19,88% del total, solo por detrás del Italia que se lleva casi el 21%).

Pero para que Bruselas envíe el dinero es necesaria la elaboración de programas nacionales de recuperación y resiliencia con pautas bien marcadas. Cada Estado irá presentando oficialmente su programa hasta el 30 de abril de 2021 como fecha tope. El plan español fue presentado este pasado 7 de octubre por el presidente Sánchez.

Además de que los países beneficiarios han tenido que diseñar sus planes en un plazo brevísimo, el 70 por ciento de las subvenciones deben estar comprometidas antes de finales de 2022 y el resto antes de finales de 2023 (si bien los pagos pueden extenderse hasta diciembre de 2026). El último borrador disponible del reglamento indica que acciones realizadas a partir del 1 de febrero de 2020 serán elegibles para obtener financiación.

Además, el programa NGEU apuesta por mejorar la capacidad de las regiones para resistir, adaptarse y crear nuevas trayectorias de crecimiento económico en base a dos pilares: el Pacto Verde Europeo y la digitalización de la economía. También es histórico el cambio de paradigma que facilita que los sectores público y privado impulsen este cambio.

Para que Bruselas apruebe la liberación de los fondos correspondientes a cada país, cada Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia debe presentar medidas que contribuyan a la transición verde y a la digital, y a abordar los desafíos que esto implica. Así, el plan debe:

• Tener un impacto duradero.

• Contribuir eficazmente a fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social.

• Mitigar el impacto económico y social de la crisis.

• Contribuir a mejorar la cohesión económica, social y territorial.

Según el mandato europeo, la acción climática debe concentrar como mínimo el 37% de la asignación de recursos de los planes nacionales y guiarse por el principio de no hacer daño.

Un mínimo de un 20% de los fondos debe destinarse a los objetivos de digitalización, entendiendo siempre que las acciones dirigidas a la digitalización deben estar a su vez sometidas a los objetivos de transición energética y neutralidad climática.

En el marco del MRR, la liberación de fondos depende del buen cumplimiento de los hitos y objetivos marcados por los Estados miembro. Se establecen mecanismos de suspensión de pagos si no cumple con los objetivos previstos.

Todo esto ya se sabía antes de la intervención del 7 de octubre del presidente Sánchez titulada “Presentación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia” y en la que apenas se presentó nada distinto de todo esto, que ya se sabía.

¿Qué parte del plan no conocemos aún?

Pedro Sánchez no resolvió las principales incógnitas que se ciernen sobre los fondos europeos destinados a la recuperación y resiliencia de España: su reparto, gestión y supervisión.

Aunque se presentaran como decisiones muy meditadas por parte del Gobierno, los porcentajes de gasto que se ofrecieron (un mínimo de un 37% en acción climática y hasta un 33% en digitalización) vienen parcialmente impuestos desde Bruselas.

Tampoco se hizo referencia al reparto territorial de los fondos (comunidades autónomas y ayuntamientos), o a si los entes territoriales tendrán algo que decir sobre dónde y cómo gastar el dinero. No es lo mismo que se reparta con criterios de impacto de la Covid-19, que son criterios objetivos, que por decisión particular de la oficina que se creará para la gestión de los fondos.

Los posibles escenarios de reparto

En el Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), hemos publicado algunas estimaciones sobre diferentes escenarios de reparto de los fondos entre las comunidades autónomas.

Si bien el MRR no impone ningún criterio de reparto territorial de los fondos, el borrador del reglamento europeo sí que indica que el plan nacional debe mitigar el impacto económico y social de la crisis y contribuir a mejorar la cohesión económica, social y territorial.

En Italia, por ejemplo, se ha solicitado de los entes territoriales que aporten ideas y proyectos concretos que encajen con los requerimientos europeos. Algunas comunidades autónomas están empezando a movilizarse y preparar planes y proyectos en las líneas marcadas desde la Comisión Europea, pero completamente a ciegas, sin saber si sus ideas podrán obtener fondos europeos en el marco del MRR.

Tampoco se resolvieron las dudas sobre si las pymes en particular y el sector privado en general tendrán algo que aportar, más allá de responder a las solicitudes de la administración de instalar puntos de recarga eléctrica o recuperar el litoral Mediterráneo.

No obstante, el sector privado se organiza, y no faltan consultoras que prometen acercar a las empresas a las ayudas europeas del Plan de Recuperación de Europa, Next Generation EU. O sea, ya hay una línea de negocio sobre un dinero que no se sabe cómo ni cuándo llegará.

Es imprescindible modernizar la Administración General del Estado para ser capaces de absorber los fondos europeos. Puede que, a la larga, ese sea el mayor cambio estructural que puede traer a España el MRR.

Pero pretender modernizar la administración pública a golpe de decreto ley, reformando en paralelo y en tiempo récord las leyes de contratación del Estado, la ley presupuestaria, la de subvenciones y la del régimen jurídico del sector público, va a requerir de un esfuerzo titánico.

Hacerlo bien, y con garantías de que los fondos europeos no acaben en los bolsillos de los mejor organizados sin mejorar la vida de los españoles, es un poco más difícil.

Presidente y ‘controller’

Más allá de que Pedro Sánchez presidirá la comisión interministerial para la gestión de los fondos europeos, no sabemos cómo va a llevarse a cabo la gestión, supervisión y control del dinero europeo.

En suma, seguimos sin saber cómo se va a justificar el dinero ante Bruselas, cómo va a ser su reparto territorial, cómo (o si) podrán acceder pymes y empresas, y cómo se supervisará la utilización de estos fondos para que sea eficiente.

Las lecciones aprendidas de otros grandes programas de recuperación (como el Plan Marshall) nos enseñan que los resultados dependen más de cómo se implementa el programa y del uso que se haga de los recursos obtenidos, que del volumen en sí de las ayudas.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation