Cómo sacar a España de la Europa social

Octavio Granado

Secretario de Estado de Seguridad Social 2004-2011

Una de las escasas ventajas de presentar los Presupuestos Generales del Estado en verano es que estadísticas y fuentes poco conocidas para los ciudadanos se desvelan. Cuando esas fuentes son las estadísticas de EUROSTAT, que arrastran un notable retraso por la complejidad de los datos económicos, demográficos y de registro del gasto público, el inconveniente del retraso es compensado por la solvencia de las fuentes.

El Informe Económico-Financiero que aneja los Presupuestos de la Seguridad Social viene publicando milagrosamente sin demasiadas interferencias los datos de la protección social europea, y con el proyecto de Presupuestos de 2016 se publican los de 2012, que afectan ya al primer año de gobierno del Partido Popular, y que son, sin demasiada exageración, devastadores. Estos datos incluyen todas las partidas de servicios públicos (pensiones, desempleo, sanidad, protección social), salvo los de educación.

El año 2012 en moneda constante (teniendo en cuenta la inflación) el gasto funcional en protección social disminuyó en España un 4,8%. Teniendo en cuenta que estamos hablando de algo más del 25% del Producto Interior Bruto, nos referimos a alrededor de 12.000 millones de euros. Para que nos demos cuenta de cuál es el impacto de un único año en el gasto en protección social veamos la siguiente tabla

Evolución gasto de protección social en moneda constante

Fuente : Eurostat y elaboración propia

Solo el gasto en pensiones consigue aguantar el envite, y gracias a la mejora de las nuevas pensiones de jubilación, ya que las categorías en las que son más frecuentes las pensiones mínimas (viudedad, orfandad e incapacidad) disminuye. En áreas como la vivienda la supresión de las ayudas al alquiler o a los desahuciados ha acabado con la política social, mientras el recorte sanitario o educativo se come en un solo año la mitad de las mejoras de una década, y las políticas menos intensas, como las ayudas a la familia o a las personas en situación de exclusión social siguen bajando en España mientras crecen en el resto de Europa.

Con una población en retroceso, el gasto por habitante en protección social se situó por debajo de 13 países de la Unión Europea a 15 (por debajo solo tenemos a Portugal), y solo la emigración de españoles y extranjeros permitió a esta variable crecer en una cuantía mínima. Tanto en gasto en relación con el PIB como por habitante, nos situamos a la cola de estos países en protección social o enfermedad.

La financiación de este gasto social merece una especial consideración. Contra lo que siempre han mantenido nuestros empresarios, las cotizaciones empresariales son similares en España a las que existen en los países más desarrollados de la Unión Europea (UE a 15), pero mientras que en estos se mantienen, en España bajan. La aportación de las empresas se sitúa por primera vez en los últimos 15 años por debajo del 8% del PIB, con una caída de tres décimas. Y esto es fruto de cómo se imputan las apelaciones al Fondo de Reserva, que se consideran cotizaciones diferidas y por tanto aportaciones empresariales en el mismo porcentaje que las cuotas pagadas. Las Administraciones Públicas bajan su participación en cuatro décimas, fruto de los recortes en prestaciones. Parece que hablar de décimas es algo irrelevante, pero nos estamos refiriendo al PIB; es decir, cada décima es equivalente a más de mil millones de euros, dejando fuera de esta cuenta lo que sacamos de los fondos de la Seguridad Social.

El sistema español de protección social siempre se ha financiado sin déficit hasta 2010, y así hemos podido acumular en la Seguridad Social diferentes fondos que suponían a finales de 2011 más del 7% del PIB. En el año 2011 tuvimos por primera vez un déficit del 0,3% del PIB, que se convirtió en un 1% en 2012, sin contar de hecho las aportaciones de fondos de la Seguridad Social, que acabarán la legislatura por debajo del 3% PIB. Esta inversión del ciclo en lo tocante a financiación amenaza estructuralmente nuestro sistema de protección, y por desgracia no se arregla con parches. Tenemos pobreza, privación, exclusión, recortes y peores servicios porque la financiación de nuestro sistema de protección no tiene los recursos necesarios ni en las empresas, ni en las Administraciones Públicas. ¿Tenemos que aceptar esta situación como inevitable, y la ascensión de Mariano Rajoy como irresistible?