Aún resuena en nuestras cabezas el eco insaciable de las amenazas que acechaban a nuestra sociedad con las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional que se produjeron durante la última legislatura de 735 euros a 1.080 euros al mes. Los peligros eran descritos con tal calibre que amenazaban con destruir empleo en forma de cientos de miles de puestos de trabajo, la desaparición de empresas y la ruina de autónomos. Pues bien, nada de eso se ha demostrado cierto, muy al contrario, la evolución del trabajo en este país que, desde la investidura del 7 de enero del 2020, con pandemia y guerras incluidas, ha creado 1.299.000 empleos (datos EPA), de los cuales el 55,4% ha ido para mujeres. Es decir, las plagas bíblicas descritas constituyen un caso más de instrumentalización del miedo para hacer política, incluso por parte de operadores técnicos a los que se supone la mayor solvencia, pero que abonados a tesis conservadoras han contribuido a un debate social innecesario.

La importancia de determinar un quantum salarial mínimo para las personas que trabajan que les permita proveerse lo necesario para su supervivencia no es una cuestión propia de nuestro Estado, ni siquiera de la Unión Europea, sino que está ligado a los derechos humanos en la medida en que para una parte de la población dependen de él la salud, la educación o la vivienda. En consonancia con ello, nuestra Constitución en el artículo 35.1 garantiza sin matices la suficiencia de los salarios y el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores apodera al Gobierno para tomar las decisiones conscientes que permitan su adecuación a las necesidades de la ciudadanía. Es decir, el salario mínimo es una decisión del Gobierno, netamente política y no propia del diálogo social, pese a que sí, debe ser consultado con los agentes sociales, tanto patronales como sindicatos.

Ejecutivo tiene la mano tendida a la hora de la negociación, pero firme en la defensa de la mayoría social del trabajo

Este miércoles la CEOE reunida en asamblea dio una muestra de inteligencia política. Tras escuchar el discurso de toma de posesión de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que afirmó que su primera actuación iba dirigida a convocar la mesa de diálogo para subir el salario mínimo, decidieron por sí mismos hacer una propuesta. Ya saben que las amenazas han devenido ecos nostálgicos sin sentido y prefieren limitar los "daños" que supuestamente la subida de los mínimos retributivos pudiera producir en su cuenta de resultados. La experiencia les ha enseñado que por un lado la subida de salarios aumenta la circulación de dinero y, por tanto la capacidad de consumo de la que son los principales beneficiarios y, por otro, que este Ejecutivo tiene la mano tendida a la hora de la negociación, pero firme en la defensa de la mayoría social del trabajo, por tanto, es mas beneficioso pactar influyendo que quejarse y no poder incidir.

Todavía no tenemos los datos que nos permitan definir cuál será el 60% del salario medio del 2023, una vez cumplido este objetivo en el año anterior siguiendo los mandatos de la Carta Social Europea. Por otro lado, su efecto sobre el resto de los salarios es también evidente. La subida es un empujón para el empleo, la economía y las personas trabajadoras por cuenta propia que son las primeras destinatarias del consumo. Esta medida combate la desigualdad y mejora el bienestar social sin duda, además no tiene impacto fiscal inmediato y es sencilla desde el punto de la vista de la acción de Gobierno.

Es obvio que las planificaciones salariales han de tenerse en cuenta en los contextos económicos y sociales concretos, más allá de los objetivos políticos de bienestar ciudadano. Es lógico que las organizaciones de empresarios defiendan los intereses de los colectivos a quienes representan, pero es más lógico y aún más productivo que lo hagan al margen de intereses políticos de terceros, con la mirada larga y con el debate suficiente con las contrapartes negociales para poder determinar sus posiciones en las mesas. La vuelta a posturas más pragmáticas y menos políticas indican el inicio de una legislatura que se prevé larga. Aun la posición de CEOE parece alejada de una decisión final que no puede quedarse en ese 3% que proponen, y que tuvo como base un pacto de rentas en un contexto de enorme inflación. Habrá que seguir trabajando, pero bienvenidos sean.