La salud de los trabajadores en tiempos de pandemia

Si algo ha quedado claro en estos tres meses de crisis del coronavirus es que, en esta batalla, la ciencia ha salido reforzada y vencedora sobre el negacionismo. Los líderes del populismo ultra, con Donald Trump y Boris Johnson a la cabeza, han tenido que rectificar sus posiciones in extremis ante la contundencia de la razón científica. Otros, como Bolsonaro en Brasil o Viktor Orban en Hungría se han ido desplazando hacia posiciones cada vez más esotéricas y marginales y sin posibilidades de liderar ningún movimiento mundial de calado.

Al final, la mayoría de los países del mundo han optado por el confinamiento y el distanciamiento físico. Y este, que no ha sido social debido al papel socializador de las tecnologías (el verdadero distanciamiento social sigue siendo el que hay entre pobres y ricos), nos ha ayudado a mantenernos lejos del alcance del el SARS-CoV-2, de tal forma que solo una pequeña parte de la población ha resultado contagiada. Esto ha permitido que nuestros hospitales (con 2 camas / 1000 habitantes) hayan conservado el tono y hayan podido hacer frente a la catástrofe. El objetivo, que no era otro que evitar el colapso de los centros sanitarios, por ahora se ha cumplido.

Ya se sabe que tras la pandemia el paisaje será particularmente malo para la economía, y muchas familias, jóvenes y mayores, necesitarán que entre todos hagamos lo posible por evitar que se hable de nuevo de otra generación perdida. Muchos saldrán de la crisis sin empleo, o sufriendo contratos precarios y la autoexplotación del teletrabajo doméstico, mientras otros como los inmigrantes, seguirán siendo las víctimas propiciatorias en muchos países, a pesar de que antes de la pandemia ya estaban entre nosotros.

Pero la crisis seguirá siendo sanitaria todavía durante un tiempo. En concreto hasta que la investigación en marcha fructifique en tratamientos y vacunas que demuestren su eficacia. En esos momentos será muy importante el papel de coordinación de organizaciones mundiales como la OMS, para evitar, como ha dicho Joseph Stiglitz, que los países más ricos accedan de manera prioritaria a las mejores terapias y que los intereses de las corporaciones se antepongan a la necesidad universal de salvar vidas.

En todo caso, el mundo no recuperará la normalidad de antes hasta que la población se inmunice, así que mientras tanto tendremos que seguir haciendo todo lo posible por romper la cadena de contagios. Es muy probable que antes de superar definitivamente la pandemia suframos rebrotes entre momentos de cierta tranquilidad. Por eso, que nos pongamos a salvo del coronavirus no es, ni puede ser, una responsabilidad exclusivamente individual, como se ha dicho. Mantener el distanciamiento físico y lavarnos las manos de una manera sistemática forman parte de una rutina que está en el centro de un manual de instrucciones, pero tiene que ver con un abanico más amplio de medidas que los Gobiernos tienen que contemplar en el marco general de la protección de la salud de los ciudadanos y los trabajadores.

El objetivo, por tanto, sigue siendo el mismo: que el virus no nos encuentre con facilidad. Aunque es cierto que eso está en cierta medida en nuestras manos, no es menos cierto que en la vuelta a los puestos de trabajo, en la apertura de los centros comerciales, en la hostelería, en las universidades o en los centros educativos y sanitarios la normativa de actuación tiene que ser clara y ordenada, para ayudar en la consecución de ese objetivo. Tras la enorme respuesta de nuestro sistema sanitario, es el momento de la prevención de riesgos y de vigilar la salud de los trabajadores. No sin antes recordar una cuestión importante: la exposición al coronavirus se debería considerar riesgo laboral en aquellos casos en que la actividad laboral implique exposición al mismo, por ejemplo, en la actividad sanitaria, en actividades de investigación con el agente contaminante, etcétera. En los otros casos, el riesgo sería calificable como de salud pública. Pero esto, que parece sencillo, no lo es tanto, como ahora veremos.

Porque hay que recordar de dónde venimos: la salud laboral está recogida en la ley general de sanidad y en la ley de salud pública, pero está permanentemente a la espera de su integración. De modo que la salud laboral está “fuera” del sistema sanitario, y se mantiene en el entorno de las empresas, con una lógica que no es la sanitaria; como mucho la de un taller: reparar para volver a trabajar. Al final, un porcentaje importante de las enfermedades laborales no se registran como tales, y son el trabajador y el sistema sanitario público quienes acaban respondiendo (sin ir más lejos, el covid-19 no está en la lista de enfermedades profesionales, lo que puede tener importantes repercusiones legales a la hora de demostrar una contingencia profesional.) Esto indica que la normativa de evaluación de riesgos tendrá que ser revisada, entre otras cuestiones, en relación con los riesgos biológicos, y esto incluye a la política de equipos de protección individual. Por estos motivo, nuestros datos de siniestralidad nos alejan de los de los países de nuestro entorno. Según estos datos, tendríamos una mayor tasa de accidentes y una menor morbilidad, lo cual es imposible. Esa falta de reconocimiento de una gran parte de la patología laboral dificulta su prevención, atención y rehabilitación, que se carga sobre la sanidad pública. Eso sí que es una selección y elusión de riesgos.

En nuestra sociedad avanzada y tecnodigital, la actividad económica productiva, ya sea industrial o de servicios, tiene que ir acompañada de una legislación de protección de la salud. Y después de la pandemia esta tendrá que ser una tarea estratégica y habrá que atender todas las peculiaridades, que van a afectar, lo están haciendo ya, a la salud laboral. Por ejemplo, en el sistema sanitario de nuestro estado de medio estar, de país rico y occidental, sucede lo siguiente: la tecnificación, unida a la sociedad de consumo digital y a la pandemia, están produciendo un gran impacto en todo el sistema y lo hacen cambiando la oferta, del modelo médico de atención a la mera tecnología. En cuanto al Covid-19 no es cierto que no atienda de clases ni territorios: los factores de riesgo asociados, como la obesidad, la hipertensión y el tabaquismo tienen un evidente gradiente de clase, en detrimento de los trabajadores. Su transmisión también afecta a estos de manera particular, con una mayor incidencia en locales pequeños y cerrados en barrios, y también por la mayor movilidad en los cinturones industriales de las grandes ciudades. Por eso, las medidas de la desescalada deben tener una atención especial con los trabajadores como sector vulnerable y, por supuesto, con los trabajadores expuestos a un mayor riesgo, como los de las residencias de ancianos, los sanitarios, los de los transportes y los de centros de concentración públicos.

La existencia de estas cuestiones, generales y particulares, va contra la idea de que no existe una sociedad y que el individuo tomaría sus decisiones exclusivamente en función de propio sentido de la responsabilidad. De modo, que se impone el análisis de las actuaciones de los diferentes actores. ¿Cuál sería, por consiguiente, el balance de la actuación de las entidades implicadas en la vigilancia de la salud de los trabajadores? Pues, provisionalmente, mejorable en los aspectos más dependientes de la administración, central y autonómica, en las que se puede constatar un déficit en la actividad formativa (su mérito ha sido establecer una política informativa general de criterios de actuación en las empresas al alcance de la mayoría de la sociedad, que las propias características del confinamiento han obligado a desarrollar a distancia); moderadamente bueno en aquellos aspectos que están más en relación con el trabajo diario de los servicios de protección propios (SPP) y los delegados de prevención de los sindicatos (en nuestra opinión, son estos los que han llevado el peso de la prevención de riesgos en las empresas); e inexistente en aquellos aspectos que tienen más relación con las mutuas: hoy, las mutuas no han tenido ninguna función porque ya no tienen ese cometido, no intervienen técnicamente en la prevención, y parte de su trabajo anterior (asistencial, preventivo, partes de bajas) se ha volcado en la asistencia primaria, previo informe de los servicios de medicina del trabajo.

En las empresas de menos de 500 trabajadores, que no están obligadas a contar con un SPP, los servicios de prevención ajenos (SPA) se han visto desbordados en su mayoría por la avalancha de cambios normativos del estado de alarma. Aquí habría un terreno para la actuación sindical. En este sentido, reforzar a los sindicatos en las empresas conlleva también avances en salud.

Es importante destacar que el teletrabajo ha sido la forma preferente que se ha recomendado para cumplir con las necesidades del confinamiento, en gran parte determinado por la ausencia de equipos de protección individual en los puestos de trabajo, pero el cambio del que todo el mundo parece esperar tantas cosas, y lo que se ha denominado la transición digital, está representando en buena medida una nueva vuelta de tuerca en la explotación de los trabajadores. Esto nos lleva a lo que comentábamos al principio sobre las posibilidades de reducción de los horarios de la época digital. En relación con esto, es necesario abordar y regular un nuevo papel del puesto de trabajo telemático, de los horarios y, por supuesto, de los riesgos en los tiempos del post-covid.

En la desescalada es muy importante, también, evitar la falsa seguridad de hacer test para todos, no solo porque puede dar lugar a estigmatizar a los trabajadores, sino porque también puede añadir un exceso de confianza en un método de diagnóstico que no cura ni previene, que está sujeto a falsos negativos y positivos, y que no evita, lógicamente, un contagio posterior.

Quisiéramos concluir constatando que con las cifras tan bajas de inmunidad que tenemos, y dado que cada vez parece más improbable que superemos esta crisis sin una vacuna, mientras no la tengamos, ni tengamos tratamientos eficaces, la salud laboral y la salud pública deberán ser un apartado fundamental en las actividades de las empresas.