YESID ARTETA DÁVILA

Calvo, déjenos la lorita de recuerdo, que nosotros se la terminamos de criar”, le dijo un labriego de Santa Lucía –un remoto caserío de la Orinoquía colombiana– al soldado Josué Daniel Calvo liberado por las FARC tras 11 meses de cautiverio. El campesino se dirigió al militar con la misma espontaneidad con la que trataba a la senadora Piedad Córdoba, al obispo Gómez Serna y también a los rebeldes que participaban en el acto humanitario. Pocas veces en la dramática realidad colombiana se habían juntado tantas voluntades para que un ciudadano retornara a casa. La paciencia de los mediadores, el apoyo de la sociedad civil, las garantías del Gobierno, el papel de la Iglesia, la logística y el acompañamiento internacional, la verificación del Comité Internacional de la Cruz Roja, el cumplimiento de la promesa hecha por los rebeldes y la ecuanimidad de los medios de comunicación a lo largo del trance crearon en conjunto un espacio para la conciliación. La liberación de Calvo, sumada a la del sargento Moncayo y la entrega de los restos del oficial Guevara –muerto en cautiverio–, hace pensar que el destino de Colombia puede ser distinto a la matanza perpetua y que es posible conseguir en forma gradual los acuerdos y el consenso que conduzcan a la paz definitiva.

En el piedemonte de la Cordillera Oriental, lugar donde se llevaron a cabo las liberaciones, habitualmente llegan las lluvias a finales de marzo y arrecian en mayo y junio. El territorio, primordialmente selvático, suma una superficie un poco más grande que la totalidad de España. Hasta los confines de la manigua voló el helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea brasileña con la tripulación y los mediadores a bordo para traer al sargento Moncayo, un sensato suboficial del ejército que vio como transcurrieron 12 años de su vida matando mosquitos y observando la desconsoladora rutina de sus captores, en su mayoría jóvenes que jamás han puesto el pie en una ciudad con más de una calle pavimentada. Traer a Moncayo se había convertido en un mandato nacional para los miembros de la comisión humanitaria, que luchando contra viento y marea pidieron cumplir a cabalidad la misión.

El mapa de la confrontación armada en Colombia ha cambiado sustancialmente en los últimos años. El Estado ha logrado erradicar o neutralizar la acción de la guerrilla en las zonas de alto valor económico y demográfico y la ha empujado hasta su retaguardia profunda, hacia un mundo puramente rural localizado en las vertientes del Amazonas y el Orinoco, que limitan con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, países que en menor o mayor grado se han visto afectados por la transfronterización del conflicto. En la selva colombiana se está librando una guerra que no posee el pedigrí y la notoriedad de la que sucede en Afganistán, pero no por ello es menos letal que esta, tal como lo evidencian las cifras de bajas entre las filas de las fuerzas militares y la guerrilla. Según la estadística del Ministerio de Defensa, en Colombia murieron 468 militares en actos de servicio y 1.852 resultaron heridos durante 2009, con el agravante de que 442 de estos resultaron víctimas de las trampas explosivas. De otro lado, las FARC reconocieron en un reciente comunicado haber perdido, en un solo ataque llevado a cabo por la Fuerza Aérea el pasado 1 de enero, a 31 hombres, además de los 14 heridos y nueve capturados en la misma acción

De 2002 hasta el día de hoy, la guerrilla ha recibido cuantiosos reveses a manos de las fuerzas militares. Ha perdido a varios de sus más importantes mandos y a centenares de combatientes de base. El precio que paga el Estado colombiano por obtener estos resultados se traduce en la muerte diaria de un soldado o un policía. De cara al futuro no se vislumbra la posibilidad que el Estado consiga reducir totalmente a los rebeldes y, menos aun, que estos últimos puedan alcanzar sus fines estratégicos mediante el empleo de las armas. En resumidas cuentas, tanto la estrategia utilizada por quienes dirigen el Estado como la empleada por la jefatura guerrillera están irremediablemente condenadas al fracaso, puesto que ambas están sustentadas en el mero deseo de victoria, cuando la realidad de Colombia exige una resolución que evidentemente no pasa por los tiros. Para una sociedad harta hasta el tuétano de la violencia resulta inconcebible que alguien pretenda enaltecerse derramando la sangre ajena. La sociedad colombiana, con medio siglo de muerte y terror a cuestas, probablemente honrará en el futuro a quienes logren sellar la paz.

La comandancia guerrillera debe entender que el tiempo de los disparos ya pasó, más aun cuando la inmensa mayoría de los colombianos no cree en la legitimidad de las armas para forzar cambios. De otra parte, la dirigencia política y empresarial no puede seguir aferrándose a un modelo anacrónico que ofrece pocas posibilidades a la equidad, la justicia y la democracia. Quien ocupe la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto quizá obtendrá mayores réditos promoviendo escenarios de paz y reconciliación que vayan mucho más allá de las recientes liberaciones. Ambicionar un acuerdo de paz de bases sólidas es el camino para el futuro de Colombia en aras a que los militares por fin reposen y los rebeldes tengan la oportunidad de volver al hogar. El reto para todos consiste en construir un país donde se materialicen las reformas políticas y sociales sostenibles en el tiempo que reclaman millones de colombianos.

Yesid Arteta Dávila es investigador de la Escola de Cultura de Pau (UAB)

Ilustración de Miguel Ordóñez