En el año 2007, la escritora y activista canadiense Naomi Klein publica su conocida obra, La doctrina del Shock. El auge del Capitalismo del Desastre. En ella, Klein desarrolla la tesis de cómo los gobiernos de tendencias económicas neoliberales han utilizado los aprendizajes de psicología social para imponer sus políticas. De tal manera que la población pueda entender que éstas no son sólo inevitables, sino que además son beneficiosas para la salud y la estabilidad colectivas. Se trataría así de aprovechar las oportunidades de control y dominio que pueden ofrecer situaciones catastróficas, donde se hacen patentes el miedo, la conmoción y la confusión. La neurociencia ha demostrado en muchas ocasiones cómo bajo esos estados de choque, el razonamiento personal y colectivo se ve muy limitado, y la población tiende a asumir los mandatos demagógicos de aquellos que, presuntamente por su bien, presentan determinadas reformas económicas y políticas como inevitables. Se trata de naturalizar, y presentar como inevitables determinados cambios.

Klein destaca cómo acontecimientos traumáticos y desestabilizadores como la guerra de las Malvinas, el 11 de septiembre, el huracán Katrina o el tsunami del 2004 en Indonesia, sirvieron de excusa para la instauración de políticas neoliberales de negocio rápido, privatización y aumento de las desigualdades sociales. En el caso de la sanidad pública, habría que plantearse cómo la pandemia del covid-19 ha servido no solamente para tensionar el Sistema Nacional de Salud (SNS), sino cómo ésta se utiliza como pretexto por algunos gobiernos autonómicos para la creación de escasez que facilite la mercantilización del derecho universal a la salud. El colapso del sistema sanitario creado por la pandemia, a pesar del tremendo esfuerzo de los sanitarios, y del Estado para buscar medios adecuados como EPIS, mascarillas, respiradores, vacunas y otras tecnologías, generó también miedo, sensación de indefensión aprendida, y un consiguiente estado mental colectivo de excepción, vinculado a la “nueva normalidad”. Paradójicamente, la excepcional resiliencia del personal sanitario contribuyó a su vez a un estado de apatía y resignación estoica en la ciudadanía, que se ha vuelto más tolerante y paciente con las demoras y la falta de personal. Los sanitarios pasaron de trabajadores a héroes, y ahí seguimos.

Naturalmente, nadie va a admitir abiertamente que quiere vender la joya de la corona del Estado de bienestar que es la sanidad pública. Tal proyecto político necesita de la creación de las condiciones psicológicas y el contexto que lo haga posible. Para ello es necesario un contexto donde el objetivo estratégico de la mercantilización de la salud aparezca como algo natural, necesario e inevitable por el bien de la población. Gran parte de lo que estamos viendo ahora en comunidades autónomas (CCAA) como Andalucía, empezó hace unos años en otros lugares como Galicia, donde el movimiento de mareas blancas consiguió frenar la privatización de la sanidad pública, y también en el Madrid de Díaz Ayuso, que actualmente es la avanzadilla de este diseño de mercantilización y privatización del derecho universal a la salud. Desde el 2020, la tormenta perfecta que supone la pandemia del covid-19 ha generado unas condiciones excepcionales para la aplicación de esa agenda política.

La primera de estas variables fue el aumento de las listas de espera, provocadas por la gran incidencia de covid-19, y la consiguiente paralización de todo lo que no fuera estrictamente urgente más allá de la propia atención a la pandemia. Sin embargo, una vez acabada la pandemia, como consecuencia de la segunda y tercera olas de morbilidad del covid-19 y de la gestión y políticas realizadas, las listas de espera tanto en Atención Primaria (AP) como en atención especializada siguen creciendo. En la Andalucía de Moreno Bonilla, más del 12% de la población está en lista de espera. Actualmente en España, la demora media para el Médico de Familia es al menos de 8,80 días. El sistema no se ha reforzado lo suficiente, incluso se despidió a muchos de los profesionales de refuerzo contratados para hacer frente a la atención del covid-19. Está demostrado que el aumento de las listas de espera en AP está relacionado con el aumento del aseguramiento privado. Así, según el estudio Aseguramiento privado y demoras en la Atención Primaria, por cada día de aumento de la demora media en AP, la sanidad privada capta 289000 nuevos clientes. Las listas de espera públicas son la mejor promoción para la sanidad privada.

Como réplica a estos datos y percepciones sociales existe una retórica de aumento del gasto sanitario que oculta el destino y la calidad de ese gasto. En gran parte, ese gasto ha ido a engrosar la factura farmacéutica y los conciertos sanitarios con empresas privadas. Junto a la expansión de estos conciertos sanitarios observamos como los equipamientos públicos son con frecuencia infrautilizados. En Andalucía, a pesar de que tras el plan INVEAT del gobierno central, sufragado con fondos europeos, se ha procedido a una gran renovación de los equipos de imagen de alta tecnología (fundamental pero no únicamente resonancias magnéticas), se derivan de manera sistemática gran cantidad de estudios de imagen a clínicas privadas “concertadas”. Esto se debe en parte al insuficiente capital humano, que no ha acompañado al aumento de equipos, provocando su infrautilización en diferentes centros de nuestra comunidad. También existe una cierta opacidad y falta de transparencia sobre las condiciones de esos convenios, y de las propias listas de espera. Así en CCAA como Andalucía, tras un año y medio sin publicar las listas de espera, los pacientes que han superado el plazo legal para operarse han aumentado el 227%. CCAA como Andalucía y otras están destinando cantidades crecientes a conciertos con entidades privadas en vez de dedicar esos fondos a reforzar el sistema público. Concretamente, en Andalucía se destinarán a conciertos 734 millones de euros para los próximos cuatro años. Además, este desvío de pacientes a la sanidad privada contribuye a alimentar la percepción de colapso e inviabilidad del sistema sanitario público. Primero se crea el problema y después la solución. El relato y percepción final para la ciudadanía es que en la sanidad pública tardan mucho en verte, pero si te derivan a la privada te ven rápido. De hecho, según el último estudio de la sanidad pública realizado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública el gasto en conciertos se correlaciona negativamente con la preferencia por la sanidad pública. Sin embargo, más allá de esta percepción, un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista Lancet, demostró que las externalizaciones de los servicios sanitarios en el Reino Unido, lejos de mejorar la atención a los pacientes, aumentaban la mortalidad como consecuencia del empeoramiento en la calidad del servicio.

El pretexto recurrente para estas privatizaciones es la falta de médicos en el sistema sanitario público. Pero este hecho contrasta con la política de personal existente en el sistema sanitario público, que padece altas tasas de temporalidad, y donde es frecuente en CCAA como Andalucía, que profesionales que llevan contratados mucho tiempo o son investigadores sean renovados cada 2-3 meses o incluso mes a mes. Tasas de precariedad que han desaparecido en la empresa privada como consecuencia de la aplicación de la última reforma laboral. La pregunta es también si no se están creando las condiciones para que los profesionales sanitarios deserten a otras CCAA, o al extranjero o a la sanidad privada. De hecho, en Andalucía se ha eliminado el complemento económico que premiaba la fidelidad y el compromiso de los profesionales con el Sistema Sanitario Público, dándose la contradicción y el conflicto de interés de que profesionales que por la mañana se dedicaban a la sanidad pública por la tarde trabajan en el ejercicio liberal de la profesión o en aseguradoras.

Además de esta política de personal tan nihilista, existe un énfasis retórico relativamente perverso y fetichista de la alta tecnología y la digitalización. Así, tecnologías potencialmente útiles en algunos casos como la teleconsulta pueden funcionar en la práctica como elementos despersonalizadores de la atención, y ser una pieza más de la estrategia del desmantelamiento de la AP. Sin embargo, es conocido que tener siempre el mismo médico y la misma enfermera, y un adecuado tiempo por paciente en AP, no sólo salva disminuye la mortalidad sino que aumenta la satisfacción de la población.

En resumen, en algunas CCAA existe una estrategia deliberada de privatización del SNS. Esta estrategia es imposible sin crear las percepciones y las expectativas sociales favorables para ello. La pandemia ha brindado unas condiciones psicosociales de excepcionalidad, el famoso shock, para la aceleración de esa estrategia. Sin embargo, una sanidad pública universal sostenible y suficiente, es perfectamente posible desde un liderazgo y una ambición política y ciudadana clara, entendiendo que la mercantilización de un derecho humano, como es la salud, es una perversión del propio sistema que introduce la falta de moralidad de los negocios en un tema tan sensible como el de la salud.