Luis Moreno

Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC)

Tomo prestado el título del libro de los profesores valencianos, Antonio Ariño y Joan Romero (Galaxia Gutenberg, 2016), sobre el mostrenco asunto de la desigualdad. Naturalmente, semejante título es equívoco, o cuando menos plantea un oxímoron conceptual: ¿pueden abandonar los ricos la sociedad como fuente de riqueza de su peculio personal?

La independencia del segmento rico no persigue sostener su posición de ventaja construyendo una nación de plutócratas. En realidad necesita del conjunto social con el propósito de exprimirlo a conveniencia sin implicarse en los costes de la voluntad general. Algunos ejemplos individuales de los comportamientos ventajistas se ilustran con la de aquellos deportistas de gran predicamento y fama sociales por sus éxitos deportivos pero con sus cuentas bancarias en Andorra o Panamá. Buscan con ello beneficiarse de un trato fiscal más ventajoso para sus fortunas del que obtendrían en los países que representan. Es el ventajismo del patriotismo libre de impuestos.

Trasluce en tales conductas autointeresadas la convicción, ya expresada en su momento por Margaret Thacher, de que en nuestros tiempos y nuestras sociedades “no hay alternativa” (there’s no alternative) respecto al modelo de globalización neoliberal y de avidez individualista. Según tal visión, la ósmosis contaminante del capitalismo de ‘casino’, característico del modelo remercantilizador anglo-norteamericano, sería el motor del crecimiento mundial mediante la maximización de la economía de ‘goteo’ (trickle down economics) propiciada por los superricos. El enfoque característico de tal visión ha abogado por permitir las ayudas públicas a los más ricos y a la alta clase empresarial (facilitándoles una sustancial reducción impositiva). Al así hacerlo, se estimularía su implicación en el progreso económico a través de sus inversiones generadoras de prosperidad para la sociedad en su conjunto. Sucede que, en realidad, se han agrandado la desigualdad y el déficit fiscal.

La conversión de los ciudadanos en inversores ha sido uno de los procesos más paradójicos --y no suficientemente analizados-- en la eclosión de productos financieros en los mercados bursátiles (derivados y titulaciones). La falta de regulación de éstos últimos, la opacidad de las operaciones y la actuación criminal de los responsables de las corporaciones financieras que los gestionaban, fueron determinantes en la génesis de la ‘crisis interminable’ tras 2007-08.

Hoy el neoliberalismo irrestricto y resiliente sigue sustentándose en un axioma instrumental gráficamente expresado en 2014 por John Osborne, a la sazón Ministro de Economía (Chancellor of Exchequer) en el gobierno conservador de David Cameron: “En la economía moderna global, donde se pueden cambiar de lugar las inversiones apretando un botón, y donde las empresas pueden trasladar empleos de un país a otro de la noche a la mañana, la economía de los impuestos altos son cosa del pasado”.

Ariño y Romero, autores de ‘La secesión de los ricos’, son plenamente conscientes de los límites de las políticas ‘soberanas’ de los estados nación de corte westfaliano, los cuales siguen pugnando por mantener sus capacidades políticas y de poder con desigual fortuna. Muy oportunamente hacen mención del Mercadeo de Alta Frecuencia (High Fast Trading) que, en línea con la cita anterior de Osborne, maximiza las oportunidades que ofrecen los algoritmos y operaciones en tiempo real de los grandes operadores de bolsa e intermediarios financieros.

Todo parece indicar que las tendencias favorables a la disparidad serán difíciles de revertir, como muestra el paradigmático caso de EEUU, donde persisten fuerzas poderosas que mantienen la desigualdad en un nivel cada vez más alto. Considérese que entre 1970 al año 2012, el 1% más rico estadounidense había incrementado su participación en la renta nacional del país norteamericano más del 150%. Y es que el maridaje entre el mercado y el poder político, según el gran estudioso de la desigualdad económica y social, Anthony Atkinson (“Inequality, what can be done?”, Harvard University Press, 2015), se evidencia en mayor medida. El creciente destino de los ingresos elevados va a manos de las mismas gentes, al igual que se intensifica la homogamia societaria (los educados y los ricos se juntan entre ellos). La economía se hace siempre más política.

En España el ejemplo canónico de la desigualdad fiscal ha sido el relativo a las SICAV. Las sociedades de inversión de capital variable fueron instrumentos de inversión de las grandes fortunas, actuando como una mezcla de sociedades anónimas y fondos de inversión pero tributando tan sólo el 1% en vez de 30 % del Impuesto de Sociedades .Hablamos, claro está de aquellos contribuyentes pudientes que, cuando menos, cumplieron con sus formalidades fiscales. Empero, siguen siendo legión quienes no declaran cabalmente sus rentas, ganancias y patrimonios.

En 2011, el fraude fiscal ascendía a unos 90.000 millones de euros, distribuido según las siguientes categorías: (a) 75 % de grandes fortunas y empresas (recuérdese que alrededor del 70 % de las empresas que cotizaban en el mercado bursátil, IBEX-35, operaban en paraísos fiscales, según datos del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa); (b) 15 % de pequeñas y medianas empresas; y (c) 9 % de autónomos. Tales impuestos impagados correspondían a una cantidad de rentas opacas o no declaradas en torno a los 260.000 millones de euros. La presión fiscal en España era en aquel año del 34 %, porcentaje que se comparaba con el de Dinamarca (48 %), Francia (43 %), Alemania (39 %) o Estados Unidos (25 %). Aunque por su propia naturaleza es harto difícil calcular con precisión el tamaño de la ‘economía sumergida’, se estimaba que en España representaba en 2011 un 21,5 % del PIB.

Frente al capitalismo que beneficia el egoísmo de unos pocos, los científicos sociales valencianos reivindican en su estimulante ensayo el Modelo Social Europeo articulado por valores de equidad social (igualdad), solidaridad colectiva (redistribución) y eficiencia productiva (logro). Conviene no olvidar que el MSE promueve una ciudadanía social entendida como una limitación a la desigualdad social y económica, además de una mayor protección a los más vulnerables y un partenariado social activo. Como objetivo estratégico, el MSE auspicia el crecimiento económico sostenido y sostenible basado en la cohesión social favorecedora de la producción con valor añadido. A la postre, y dada la situación presente, la pregunta mantiene su vigencia plena: ¿es ontológicamente justificable un capitalismo de la austeridad con unos ricos ejerciendo su derecho a decidir en nombre de todos?