MARISA SOLETO

La escalada de la presión en torno a la cuestión del aborto en los últimos días nos ha ofrecido el lamentable espectáculo de ver a un grupo de mujeres declarando ante la Guardia Civil por la única razón de haber sido pacientes de una clínica hace casi un año. Sorprende, además, que esta medida se haya tomado en el marco de una investigación que parece haberse iniciado en relación con el tratamiento de residuos, incluso antes de que haya sido llamada a declarar ninguna persona relacionada con el funcionamiento de la propia clínica.

La presión social contra el aborto no es algo nuevo. Desde el mismo momento de la aprobación de la actual legislación, hemos asistido al espectáculo de concentraciones, presiones y agresiones de bajo tono, protagonizadas por grupos ultraconservadores, a las puertas de las clínicas. Afortunadamente casi durante 20 años la cosa no pasó de ahí. Pero, desafortunadamente, a nadie le parecieron estos hechos lo suficientemente importantes como para intervenir en defensa de la integridad de las clínicas y las personas trabajadoras de estos centros, y de la intimidad y seguridad de las pacientes. Tampoco parece que haya importado para plantear la modificación de una legislación que permite hablar con una ligereza impresionante de abortos ilegales a cualquier persona que pasara por allí. La novedad de la situación actual es que esta presión ha encontrado la colaboración de algunas instituciones del Estado. De esta forma, entre otras, se ha admitido a trámite una denuncia en cuya investigación se ha implicado a las mujeres, arrojando sobre ellas no sólo la sospecha de una conducta ilícita, sino la inseguridad y vulneración de sus derechos a la intimidad y a la confidencialidad de sus historias clínicas.

La legislación española en materia de aborto es mala, un pastiche fruto de la tibieza y de la desconfianza hacia el criterio de las mujeres, que pretendió dejar contentos a todos y cuyas lagunas y concesiones a las posiciones más detractoras, lejos de ser un argumento para eliminar o disminuir la presión de determinados sectores, están siendo utilizadas como punto de apoyo para el cuestionamiento de la posibilidad de interrumpir un embarazo en cualquier circunstancia.

El ideario de las organizaciones sociales que han promovido las acciones contra la regulación y la práctica del aborto está claramente orientado en este sentido y, sin duda, su objetivo final es intentar eliminar la posibilidad de que, en España, puedan realizarse abortos legales. Volvemos a toparnos con una situación en la que hay personas que desean imponer sus criterios morales al resto de la sociedad y que se sienten agredidas frente a la realidad de que hay quienes no coinciden con sus opiniones o no comparten sus creencias. En otras palabras, hay quienes para evangelizar necesitan de la cooperación punitiva de la ley. Algo que me ha parecido siempre tremendo, ya que estamos hablando de que si no son capaces de convencernos con sus argumentos morales, entonces nos obligarán a ello vía prohibición y sanción, aun en los casos en los que esto vaya en contra de los derechos y la libertad de las demás personas.

Hay quienes están buscando una victoria en este terreno. Una victoria que a ser posible termine, entre otras cosas, con una prohibición total del aborto en España. No importa que para ello haya que poner bajo sospecha y perjudicar los derechos de un grupo de mujeres. El sistema permite que los mismos grupos que ejercen la presión sobre las clínicas puedan convertirse en denunciantes. Permite que las mismas personas que intoxican a la opinión pública con supuestos conocimientos forenses y valoraciones sobre protocolos de intervención que son, para la mayoría de las personas, desconocidos, se conviertan en promotores de la inspección de las garantías de la actual regulación. Total, un despropósito, porque es imposible que quien pretende eliminar una ley emprenda acciones para garantizar el buen funcionamiento de la misma, que es el objetivo que

deberían tener las actuaciones administrativas y judiciales.

Por lo tanto, están buscando poner en tela de juicio una ley aprovechando sus propias lagunas. Así hemos llegado al lamentable espectáculo de casi una treintena de mujeres interrogadas por la Guardia Civil por el solo hecho de haber sido pacientes de una clínica que, supuestamente, no está gestionando bien sus residuos. Así, hemos acabado leyendo titulares sobre posibles abortos ilegales, sin que se nos aclare cuál de los supuestos recogidos en la ley está siendo vulnerado. Pero lo más importante es que, de esta forma, hemos acabado volviendo a abrir hueco en el debate social a quienes lo único que buscan es que no pueda abortarse legalmente en España.

Si hay clínicas que están actuando fuera de la ley, las administraciones públicas y la justicia tendrán que actuar diligentemente para sancionar y reparar con la mayor celeridad posible las irregularidades o conductas delictivas que puedan estarse produciendo. Pero no pueden, de ninguna manera, arrojar de forma indiscriminada la sospecha sobre personas que lo único que han hecho ha sido actuar dentro de los límites que la ley establece. No pueden investigar a todas las mujeres que han abortado en España para ver si existen indicios de delito, de la misma manera que no podríamos interrogar a toda la población de una ciudad sólo porque nos conste la procedencia de un delincuente. A algunas personas les gustaría que esto fuera posible, pero la presunción de inocencia en un Estado de derecho funciona así.

Con la actual regulación del aborto en España, éste no será el último episodio. Posiblemente no hay ninguna fórmula que nos libre de los intentos reiterados y la influencia social de ciertos grupos y posiciones ideológicas integristas, pero es evidente que la actual regulación es manifiestamente mejorable en este sentido. Hay que cambiarla y empieza a ser urgente, sobre todo para proteger la posición y los derechos de las mujeres que, una vez más, son los más fácilmente vulnerables.

Marisa Soleto es directora de la Fundación Mujeres

Ilustración de Javier Olivares