Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

El amianto es una de las sustancias más tóxicas existentes hoy en el mundo. Lo que lo hace especialmente peligroso es que, tal como ocurre también con los elementos radiactivos, es un producto invisible, incoloro, inodoro e insípido. Cantidades pequeñísimas, como un gramo de exposición a esa sustancia, pueden matar a un ser humano. Su elevada toxicidad es conocida desde finales del siglo XIX (1889). A pesar de ello, ha sido utilizado ampliamente en varios sectores de la industria, desde la construcción a la industria automovilística y de aparatos electrodomésticos. Su gran resistencia al calor le hace un producto de múltiple utilidad, estando ampliamente extendido en el ambiente y en los productos de consumo de las sociedades de avanzado desarrollo económico. Se encuentra en casi todas partes.

La toxicidad afecta primordialmente, pero no exclusivamente, a los trabajadores de amianto, aun cuando la volatilidad y la fácil movilidad del producto (microfibras fácilmente movibles por el viento y otras circunstancias) hacen que la exposición de tal producto afecte también a los familiares y vecinos de los trabajadores del amianto, sin excluir la exposición de la ciudadanía a tal sustancia en productos de uso cotidiano. El 29% de pacientes enfermos debido al amianto no son trabajadores del amianto, sino individuos que han adquirido las enfermedades producidas por esta sustancia por exposición familiar o ambiental.

¿Cómo puede ser que una sustancia tan tóxica haya sido utilizada tan ampliamente, sabiendo desde hace más de un siglo de su elevada toxicidad? La respuesta cae en la categoría de cómo el poder económico se traduce en poder político en nuestras sociedades. El caso de la producción y distribución del amianto es un estudio ilustrativo de cómo la democracia es enormemente limitada cuando el poder económico (el gran mundo empresarial) influencia el poder político, ya sea directa o indirectamente. En el primer caso –influencia directa–, el mundo empresarial compra directamente al mundo político imponiendo todo tipo de presiones para que continúe la extracción, uso y comercialización del producto. Pero su influencia es también indirecta sobre los estados a través de su influencia en la comunidad científica. Las empresas del amianto financian grandes grupos de investigación (algunos en centros académicos), que durante muchos años negaron que tal sustancia fuera tóxica. Más tarde, cuando la evidencia era extensa y contundente, cambiaron sus posturas aceptando que era letal, pero enfatizaron que dejaba de serlo si el trabajador y su entorno tomaban las precauciones necesarias. Estas precauciones, sin embargo, resultaron ser insuficientes. Por fin, la presión popular forzó su prohibición, tanto de su producción como de su utilización. Casi cien años después de que se descubriera en Reino Unido que el amianto era una sustancia tóxica, fue prohibida en aquel país. En España no se prohibió hasta 2002. En realidad, la ausencia de instituciones democráticas en gran parte de nuestra historia, y la debilidad de tales instituciones cuando han existido, explica que la situación creada por la amplia utilización del amianto haya sido peor en España que en otros países de la Unión Europea.

El amianto se conoce en España como uralita, debido a la preponderancia de una sola empresa, Uralita, S.A., en la producción y distribución de ese material. Cuando se estableció tal empresa en los años veinte del siglo pasado ya se conocía la letalidad de tal sustancia, lo cual no fue obstáculo para que continuara produciéndose y utilizándose extensamente, alcanzando su máximo desarrollo durante la última etapa de la dictadura (1965-1978) y un largo periodo después del establecimiento de la democracia (1978-1995). Propiedad de la familia March (que financió el golpe militar de 1936), no tuvo ningún tipo de regulación o control. Antes al contrario, recibió todo tipo de ayudas y protecciones del Estado. Tal industria (y también la banca) convirtieron a la familia March en la séptima fortuna del mundo. Como señalan Ángel Cárcoba, Francisco Báez y Paco Puche en su detallado y excelente informe El amianto en España: estado de la cuestión (del cual extraigo la mayoría de los datos presentados en este artículo), la producción y utilización del amianto y las dictaduras han ido siempre juntas. La mayor productora de amianto del mundo fue la empresa suiza Schmidheiny, que colaboró activamente con el nazismo, con el apartheid sudafricano, con la dictadura de Somoza en Nicaragua y con la dictadura española.

Debido al largo periodo de latencia, las enfermedades causadas por el amianto (asbestosis, cánceres de bronquios y de pulmón y mesotelioma pleural) aparecen hasta 30 o 40 años después de la exposición. Como siempre ocurre con las enfermedades ocupacionales, el subregistro es un gravísimo problema y las Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales han tratado por todos los medios de que no fueran definidas como enfermedades laborales. Por otro lado, la visibilidad del problema en los medios de difusión ha sido mínima. El tema del amianto ha aparecido en la BBC inglesa 234 veces durante el periodo de 1998 a 2009, mientras que en la radiotelevisión pública española, sólo siete veces en el periodo de 1984 a 2009. 80.000 muertos en España están pasando desapercibidos en los medios.

El cinismo (y no hay otra manera de definirlo) de la industria del amianto se refleja en sus campañas de relaciones públicas. La citada empresa Schmidheiny y la multinacional Eternit financian muchas ONG en España y en Latinoamérica, aliándose con Ashoka (nominada para el Príncipe de Asturias y que pertenece a la banca JP Morgan) para “ayudar a los pobres”. Uralita hace lo mismo. Según Europa Press (26-01-09): “Enseña a niños de los países europeos a respetar la naturaleza y entender cambios climáticos”. No citan que probablemente las escuelas a las que asisten tales niños estén llenas de amianto.