VICENÇ NAVARRO

Existe una visión muy generalizada en amplios sectores políticos y mediáticos españoles (incluyendo algunos de izquierdas) que considera que el nivel de integración de las economías de los países en la economía mundial global es tal que la globalización económica es, en realidad, la que determina lo que un país puede hacer o dejar de hacer. En esta visión, los estados deben someterse a los dictámenes de ese orden económico globalizado, hasta el punto de que el sistema democrático dentro de cada país desaparece y se convierte en irrelevante. La última versión de este determinismo globalizador es la respuesta de la Unión Europea y de España al dictamen de los mercados financieros. Se subraya en los mayores medios de información que, en respuesta a las exigencias de estos mercados, no hay otra alternativa que llevar a cabo políticas impopulares (tales como las políticas de austeridad de gasto público y social, y las desreguladoras del mercado de trabajo que faciliten el despido, entre otras) para tranquilizar a los mercados y evitar así que estos penalicen a tales estados, dificultando el pago de la deuda soberana y la obtención de crédito.

Se nos dice que no entender esta realidad y oponerse a estas políticas, tal como hacen los sindicatos en la Unión Europea (también en España) y los partidos a la izquierda de los partidos gobernantes es “estúpido”, tal como afirmaba Fernando Vallespín en su artículo de El País “La huelga zombi” (17-09-10). Este artículo, además de criticar a tales partidos y sindicatos “por demonizar el capitalismo”, señalaba que un indicador de la inevitabilidad de las políticas realizadas por el Gobierno español era la falta de propuestas de políticas públicas alternativas por parte de tales agentes sociales e instrumentos políticos. Decía Valles-

pín que muchos de ellos no habían hecho propuestas (porque según él no existían) de cómo, por ejemplo, compaginar “el gasto público social con la respuesta necesaria para evitar el pago de excesivos intereses debido a los mercados financieros”. En realidad, tal artículo (tanto en su contenido como en su tono insultante) es representativo de la hostilidad presentada por los cinco rotativos de mayor difusión del país hacia la convocatoria de huelga general y hacia sus convocantes –los sindicatos– y los partidos que apoyan tal convocatoria.

Tal argumento de inevitabilidad es, sin embargo, profundamente erróneo. Su función no es explicar la realidad económica, sino justificar unas políticas públicas, detrás de las cuales están la banca –que causó la crisis financiera– y la gran patronal –que facilitó la aparición de la crisis (ver mi artículo “La causa de la crisis”, Público, 09-09-10)–, así como las instituciones dominadas por el capital financiero (como el Fondo Monetario Internacional) y las derechas europeas (como el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo). En realidad, las políticas que están desarrollando los gobiernos de la eurozona, en respuesta a las presiones de aquellas instituciones, son las mismas políticas que han estado presionando durante muchos años. Quieren utilizar la crisis (que ellos provocaron) para conseguir lo que han deseado siempre. Y utilizan ahora el argumento de los mercados financieros (como antes utilizaron el argumento de la globalización) para subrayar que no hay alternativas a las políticas que ellos proponen.

La realidad, sin embargo, es distinta. Los mercados financieros hablan con muchas voces, y no puede concluirse que lo que están exigiendo sea la reducción del déficit mediante la reducción del gasto público. La agencia Moody’s, por ejemplo, indicó (30-06-10) que el problema de España eran “las débiles perspectivas de crecimiento de su frágil economía” (que la reducción del gasto público acentuará). Los países que están experimentando mayores dificultados (los famosos PIGS, Portugal, Irlanda, Grecia y España) tienen, por cierto, el menor gasto público de la eurozona, y sus políticas fiscales son las más regresivas. Pero, independientemente de lo que dijeran tales agencias, el hecho más importante es que el mismo establishment europeo que está proponiendo estas medidas impopulares tiene en sus manos el poder para imponer su voluntad sobre tales mercados (ver mi artículo “Otras políticas públicas son posibles y necesarias”, 29-07-10 en www.vnavarro.org). No es cierto que los estados deban someterse a los mercados. Los estados y la Unión Europea pueden controlar los mercados. La evidencia de ello es abrumadora. Lo que ocurre es que la enorme influencia política del capital financiero sobre tales estados hace que se sigan aquellas políticas impopulares. Y ahí está la raíz del problema, un problema que es político más que económico: las relaciones de poder dentro de cada Estado.

La Unión Europea que tenemos es la Europa que han ido configurando las derechas con la ayuda del socioliberalismo, que ha construido una Europa a las espaldas de las poblaciones de sus estados miembros, que presenta sus propias propuestas como las únicas posibles. Pero existen alternativas, y también en España. No es cierto que

–como Vallespín afirma– los sindicatos y las izquierdas no hayan hecho propuestas alternativas. Para cada política neoliberal existen propuestas alternativas. En lugar de intentar conseguir fondos para el Estado congelando las pensiones y disminuyendo los salarios de los empleados públicos, se ha propuesto revertir las políticas fiscales regresivas que restaron ingresos al Estado. Y en lugar de gastar cantidades ingentes en la banca y en las cajas, se ha propuesto hacer de las cajas bancos públicos, para facilitar el crédito, y así un largo etcétera.

El hecho de que Vallespín parezca desconocer tales propuestas puede deberse a que sólo lee los diarios de mayor difusión donde, en su avalancha hostil en contra de la huelga general, nunca aparecen tales alternativas, como parte de una discriminación antidemocrática contra las izquierdas. Pero ahora, además de ignorarlas, importantes voces del establishment mediático las insultan, llamándolas “estúpidas”. La abundante evidencia existente sobre estas alternativas, sin embargo, hace merecedores de tal calificativo a quienes lo utilizan.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy

en The Johns Hopkins University.

Ilustración de Mikel Jaso