Ignacio Sánchez-Cuenca

Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y autor de ‘Más democracia, menos liberalismo’ (Katz)

Ilustración de Javier Olivares

Durante mucho tiempo, el poder político no fue más que un reflejo del poder económico: las instituciones se diseñaban para proteger los privilegios de las clases propietarias. El nacimiento de la democracia supuso una ruptura radical con esas prácticas.

La democracia es un sistema concebido precisamente para romper esa identidad entre el poder económico y el poder político. El ideal democrático consiste en desacoplar ambos poderes. En la esfera política democrática, todo el mundo tiene un voto con independencia de su riqueza, sus creencias, su educación o su linaje. Las decisiones colectivas se toman en función del grado de apoyo popular que cosechen las alternativas en juego y no en función de lo que quieran quienes detentan el poder económico.

Si la democracia tiene cierta capacidad para transformar la realidad, es porque el poder político adquiere cierta autonomía con respecto al poder económico. Por supuesto, dicha autonomía sólo es parcial, pues los regímenes democráticos operan en sistemas económicos capitalistas que imponen restricciones importantes a lo que el poder político pueda decidir. Así, si se tocan los derechos de propiedad más fundamentales o se amenaza gravemente la tasa de beneficio de las empresas, los inversores pueden huir del país o impulsar un golpe de Estado al estilo de lo que sucedió en Chile en 1973.

Se entiende, por ello, que los poderosos siempre hayan recelado del sistema democrático. El autogobierno, entendido como la conformación de las decisiones colectivas a partir de las preferencias mayoritarias en la sociedad, constituye un desafío al statu quo, a las diferencias de poder y a los privilegios. En la convención constitucional de Filadelfia en 1787, James Madison fue bastante explícito: “El aumento de la población incrementará, por necesidad, la proporción de aquellos que trabajan bajo toda suerte de privaciones y que suspiran secretamente por una distribución más igualitaria de la propiedad. Pueden llegar a ser más en número que quienes están situados por encima de la indigencia. ¿Cómo defenderse de ese peligro?”. Su respuesta consistió en el complejo sistema institucional de frenos y contrapesos que fragmenta el poder político y hace muy costosa la toma de decisiones.

El ideal democrático se ha debilitado enormemente en las últimas tres décadas. La globalización y las políticas neoliberales han roto el equilibrio entre democracia y mercado que tan trabajosamente se había alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial, habiéndose reducido el grado de autonomía de la política hasta extremos preocupantes. Un síntoma de que la política ha perdido margen de maniobra es el aumento sostenido de la desigualdad económica en la mayor parte de las democracias desarrolladas desde finales de los años setenta del pasado siglo.

Las cosas han empeorado mucho en la presente crisis europea. Los estados de la UE han tejido una tela de araña supranacional que les impide moverse y reaccionar ante las dificultades económicas. La solución está en manos del Banco Central Europeo, una institución no electa y que no responde ante nadie por sus decisiones. ¿Qué sentido tiene que el destino de la eurozona no pueda decidirse democráticamente?

Todo esto ha resultado en una degradación enorme de la democracia en la Unión Europea. También, por cierto, en Estados Unidos, aunque por otros motivos. Allí el dinero ha desvirtuado la práctica democrática. Los candidatos son rehenes de los intereses económicos. Sin las donaciones de las grandes empresas, que financian a ambos partidos para minimizar riesgos, los políticos no pueden funcionar.

En estas circunstancias tan deprimentes, resulta legítimo y comprensible que mucha gente se pregunte si tiene algún sentido votar. ¿Votar para qué? Si los gobiernos que salen de las urnas no se comportan como alumnos aplicados ante las exigencias de los inversores, las instituciones supranacionales y el Banco Central Europeo, la solución parece ser sustituirlos por equipos de “técnicos” bien conectados con el mundo financiero. No es entonces de extrañar que algunos se acuerden en estos momentos de aquel viejo apotegma que decía que el Estado era el consejo de administración del capitalismo.

Es lógico que cunda el desánimo. Pero para analizar correctamente el problema es preciso invertir la perspectiva. Precisamente porque la democracia está asediada, es más necesario que nunca defenderla ejerciendo el derecho de participación política de forma razonable. Los ciudadanos debemos resistir la tentación de desentendernos de la situación en la que nos encontramos, por mucho que esta nos desagrade. Si hay una salida al embrollo en el que nos hemos visto metidos, sólo puede ser la democrática. La ciudadanía debe recuperar el control político de la situación y mostrar claramente que el curso que están tomando los acontecimientos en Europa no es aceptable.

Algunos podrían buscar alternativas al compromiso democrático en las ensoñaciones populista y autoritaria. Es difícil, con todo, imaginar que las naciones europeas caigan en los mismos errores que ya cometieron en el periodo de entreguerras. En realidad, lo más preocupante de la situación actual es que aquellos que se sienten profundamente decepcionados abdiquen de su responsabilidad civil y se retiren a su vida privada, perdiendo todo interés por una posible solución colectiva. La defensa de la práctica democrática es el último recurso que queda para frenar a unos poderes económicos que amenazan con convertir la política en un mero trámite contable.