¿Sirven las ordenanzas para resolver problemas de índole social?

Mamen Briz

Colectivo Hetaira

En el mes de septiembre, el PSOE de Madrid avanzaba a los medios de comunicación que llevaría al Pleno municipal una propuesta de ordenanza municipal para sancionar administrativamente a los clientes de la prostitución. Retoma el PSOE una vieja idea de la anterior alcaldesa, Ana Botella, que nunca vio la luz al implantarse en todo el territorio nacional la Ley de Seguridad Ciudadana. La más conocida como ley mordaza multa tanto a clientes como a las prostitutas que captan a éstos en la calle. Nuestro país pasó de la noche a la mañana a abrazar un modelo prohibicionista sancionador.

El anuncio del PSOE ha causado perplejidad en la inmensa mayoría de asociaciones que trabajan directamente en proyectos de prostitución y/o de derechos humanos. También ha causado extrañeza entre quienes desde el mundo de la academia o la jurisprudencia vienen alertando, en diferentes estudios e investigaciones, sobre las consecuencias nefastas de la aplicación de las sanciones administrativas.

Las normativas y ordenanzas municipales –en sus dos modalidades: multas sólo a clientes, multas a prostitutas y clientes- han resultado ser un estrepitoso fracaso. No hay ninguna evaluación, investigación o estudio que avale sus resultados como positivos.

Intentar resolver los problemas sociales con multas y sanciones no parece una gran idea. La primera normativa en implantarse fue la de Barcelona, en 2005, y desde entonces se ha “emulado” y copiado (en ocasiones literalmente) para llevarla a otras ciudades y pueblos de la geografía española. Se ha emulado hasta la redacción, al punto que la normativa de Barcelona multa: “El ofrecimiento o aceptación de servicios sexuales ‘retribuidos’ en el espacio público”. Si los servicios sexuales no son retribuidos no hay sanción.

Tanto los discursos como las políticas públicas que se están aplicando en materia de prostitución no tienen término medio o bien se victimiza y revictimiza a las mujeres o bien se las criminaliza y se les trata cual delincuentes. Porque lo peor no son ya las multas, que también, sino el libre albedrío con que el estigma crece y se ensancha en la sociedad. Si no están haciendo nada malo, ¿por qué se las multa? A ojos de la sociedad, la situación aparece como que las prostitutas cometen delitos y, por tanto, se les sanciona. Esto en el caso de quienes ejercen la prostitución por decisión propia. Pero es que el asunto se agrava si nos paramos a pensar en las posibles víctimas de trata que son multadas por la misma policía que se supone debe velar para la detección de casos de trata. ¿Cómo confiar en quién te multa?

La pregunta es: ¿dónde deseamos poner el acento? ¿en la defensa de los derechos humanos o en la criminalización? Normalmente, las formaciones políticas que se posicionan a favor de las ordenanzas aducen como objetivo principal el “eliminar la prostitución de las calles”. Y evidentemente, sanción tras sanción se logra. Pero, ¿debemos de aplaudir dicha situación como un triunfo o reflexionar sobre qué suponen los desplazamientos de las mujeres a lugares aún más peligrosos? ¿aplaudir o reconocer que se han visto forzadas a trabajar en espacios cerrados teniendo que aceptar (cuando no se trata de pisos autogestionados entre compañeras) condiciones impuestas por terceros?

La ordenanza que propone el PSOE Madrid, a imagen y semejanza de la de Sevilla, duramente criticada por organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), insiste en que tan sólo hay que multar a los clientes, emulando el modelo sueco. El argumento de que sólo se multa a los clientes y nunca se perjudica a las mujeres es falaz y engañoso. Si no hay clientes quienes no llegan a fin de mes son las prostitutas. Y nadie, desde la administración, va a venir a completarles el salario.

Además, el modelo sueco va más allá aún y estipula penas de cárcel. La deportación de clientes migrantes, el traslado hacia zonas fronterizas de muchas mujeres y la clandestinidad y la dependencia de terceros para poder trabajar han sido algunas de las consecuencias inmediatas. Aunque probablemente lo peor ha sido la indefensión de las prostitutas y que desistan en denunciar situaciones concretas de abuso, tal y como denuncian nuestras compañeras de Rosea Alliance.

El Gobierno sueco nunca manejo cifras y datos anteriores a la puesta en marcha de su modelo con lo cual la evaluación del mismo es del todo imposible. La confrontación con las organizaciones de trabajadoras del sexo ha sido brutal. La situación no mejora en otros países nórdicos, como, por ejemplo, Noruega. En este sentido es muy interesante leer el informe de Amnistía Internacional –quien aboga por la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial- que alerta sobre la persecución que sufren las prostitutas noruegas y migrantes, desahuciadas, en ocasiones, hasta de sus propios hogares, por el simple hecho de que alguien de la comunidad la señale como prostituta.

Consecuencias de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana

La puesta en marcha, hace ahora dos años y algunos meses, de la Ley de Seguridad Ciudadana ha venido a empeorar las condiciones de vida y de trabajo de las prostitutas que captan a su clientela en la calle, al igual que anteriormente lo hicieron en muchas ciudades las ordenanzas.

Las multas y sanciones administrativas van dirigidas a un sector muy concreto: a aquellas personas que captan a su clientela en la calle y a sus clientes. Es decir, que mujeres cis y trans. y hombres que ya trabajan en condiciones enormes de vulnerabilidad se han visto atosigados por la implacable aplicación de la ley mordaza, especialmente en algunas zonas, por ejemplo, en el Polígono de Villaverde en Madrid. Allí las multas han estado a la orden del día, más dirigidas a las mujeres que a los clientes. Una cantidad notable a través del artículo 36.6 que penaliza la exhibición obscena y la mayoría a través del artículo 37.5 que penaliza la desobediencia a la autoridad. Delegación del Gobierno es parca en ofrecer datos, sin embargo, las organizaciones no hemos parado de hacer alegaciones a dichas multas. Porque en la práctica te pueden multar por estar hablando con un amigo, te pueden multar si estás parada esperando al autobús, etc… Y, además, algunos miembros de la UCRIF se excedieron en sus funciones tal y como hicimos constar en una queja policial dirigida a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior.

En la Comunidad de Madrid, organizaciones con diferente filosofía pero con un gran bagaje a su espalda en intervención social con personas que ejercen la prostitución como Fundación Atenea, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo, Fundación Igenus y Colecivo Hetaira hicieron público un comunicado en que solicitaban la: “Retirada inmediata del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en su totalidad, haciendo especial en los aspectos que se recogen en cuanto a las mujeres que ejercen prostitución y a víctimas de trata”.

Los motivos para dicha oposición no son demasiado diferentes a los que llevan a situarse en contra de cualquier ordenanza municipal. El acuerdo generalizado, tal y como ha marcado la realidad, es que aumenta la vulnerabilidad de quienes ejercen, ya que para evitar las sanciones al cliente y a sí mismas, las mujeres se ven obligadas a ejercer en lugares más alejados y peligrosos, mermando su capacidad de negociación y aumentando las prácticas de riesgo.

En segundo lugar, dichas organizaciones destacaban que la ley mordaza generaría un clima de mayor inseguridad e indefensión al aumentar la posibilidad de agresiones y delitos hacia las mujeres, insistiendo en la idea de que este tipo de políticas pueden fomentar el desarrollo de redes de extorsión. Por ejemplo, ¿cómo denunciar la agresión de un cliente a quien captaste en la calle si se supone que deberían multarte por dicho comportamiento?

Por último, todas las asociaciones coincidían en que, si el objetivo marcado es la “desaparición de la prostitución del espacio público”, las prostitutas acabarían desplazándose a espacios cerrados, a locales y pisos donde los dueños son quienes imponen sus propias normas, a excepción de los pisos autogestionados. Asimismo, advertía que esta situación dificultaría el trabajo de intervención social y de agentes de salud hacia las prostitutas por parte de las entidades.

Dos años más tarde, las mismas organizaciones constatamos que lo que preconizábamos es una realidad. ¿De verdad necesitamos más ordenanzas y sanciones?