JUAN ABARCA CIDÓN

España es de los pocos países del mundo donde, afortunadamente, la “sanidad para todos” constituye uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Este principio ha sido erigido como bandera por partidos políticos de uno u otro signo hasta extremos que pueden llegar a ser inasumibles por el propio sistema, quizá porque consideran que afrontar de manera responsable el reto de la crisis de sostenibilidad les podría pasar factura electoral.

A estas alturas del desarrollo de la medicina y la amplia oferta diagnóstica y terapéutica existente para los pacientes, que ya llega incluso hasta el punto de la personalización de los procesos, no es fácil precisar si realmente nos encontramos ante una crisis que trata de sostener un sistema sanitario con unas condiciones envidiables –universalidad y equidad en el acceso y las prestaciones–, o directamente que ese marco que se pretende es simplemente inalcanzable. A medio plazo, se puede deducir que los motivos de la crisis –cronificación de enfermedades, envejecimiento de la población o el incremento del coste sanitario, etc.–, a diferencia de lo que ocurre con la crisis económica, no han hecho más que comenzar. Por tanto, o realizamos un esfuerzo real por ajustar nuestro sistema sanitario o asistiremos, sin duda, a la transformación del modelo que venimos disfrutando todos los ciudadanos.

En primer lugar, parece necesario hacer un esfuerzo incrementando la inversión pública en Sanidad para aproximarnos al porcentaje normal de gasto que tienen los países de nuestro entorno –a pesar de que no cubren el nivel de prestaciones que se alcanza en España–, por lo que habría que pasar del 6,5% de gasto sanitario público al 8% o 9%. De no ser posible dicho incremento de la inversión pública, habría que reevaluar con responsabilidad y sentido de la realidad las coberturas del sistema y unificarlas, a fin de que no haya diferencias en la asistencia. Si no es así, nos encontraremos con la desagradable e innecesaria imposición de un copago para necesidades básicas (urgencias, consultas, etc.), cuando estamos dando cobertura a prestaciones mucho menos vitales. La implantación del copago en España en ningún caso tendría el efecto recaudatorio que se pretende y dudosamente tendría el efecto disuasorio que se le estima, porque no lo ha tenido en otros países que ya lo han aplicado. Además se da la circunstancia y la suerte, por otra parte, de que en España ya existen ocho millones de ciudadanos que de manera voluntaria afrontan un copago voluntario a través de los seguros privados de salud, produciendo un ahorro directo a las arcas públicas.

En este sentido, la planificación del sistema sanitario deberá contar con la totalidad de los recursos –públicos y privados–, aprovechando y potenciando el esfuerzo de los usuarios del sistema privado que pagan un complemento por su salud y evitando que se produzcan duplicidades en el consumo de los recursos o el desaprovechamiento de los mismos. Lo que no tiene sentido en estas circunstancias es estigmatizar un servicio sanitario por el simple hecho de que sea privado. En Sanidad lo que importan son los resultados de salud y lo que deben pedir los detractores del sistema privado es que se midan y se exijan estos, tanto en el sistema privado como en el público, redundando sin duda en beneficio del paciente, que es el eje y razón de ser del sistema.

En segundo lugar, debe replantearse el sistema de gestión del sistema sanitario público, fundamentalmente, aprovechando las sinergias que permiten administrar tal volumen de recursos por medio de la negociación colectiva, la gestión transversal y una planificación ordenada. No creo que la sanidad pública tenga que ser gestionada privadamente para que funcione de forma correcta, pero, o se hace gestión de verdad, o habrá que fomentar las fórmulas de colaboración publico-privadas a fin de que el sistema sanitario público perdure.

Y, finalmente, se debe hacer hincapié en la educación sanitaria de la población, ya que la racionalización de la demanda es una pieza clave y fundamental si queremos tener un sistema de salud eficiente y competitivo. En este proceso de optimización puede plantearse cualquier tipo de medidas siempre que no resten posibilidades o prestaciones a los ciudadanos. Una de estas medidas, la factura sombra, por poner un ejemplo, ha sido recientemente implantada en algunas comunidades. En cualquier caso, sin desmerecer el esfuerzo, a lo mejor es más eficaz remitir esa factura a los profesionales de la salud, para que se hagan cargo del gasto que realizan, ya que el hecho de que el gasto en los procesos sea mayor o menor muchas veces depende del uso de los recursos que ellos administran.

Es el momento de definir qué tipo de sistema de salud queremos y nos podemos permitir. De no hacerlo seguiremos sin ver que, por mucho que nos empeñemos en que tenemos uno de los mejores sistema sanitarios del mundo, la realidad indicará que cada día las diferencias en los resultados sanitarios en función de dónde vivan los ciudadanos se harán más patentes sin que haya posibilidad de reajustarlo sin cambiar un modelo que hasta ahora ha sido ejemplo de calidad, justicia y bienestar para todos.

Juan Abarca Cidón es director general HM Hospitales. Secretario general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

Ilustración de Mikel Casal