Llega alguna vez el momento en que los pueblos nos quedamos solos y uno se pregunta qué pasó con nuestra civilización. No olvido el genocidio en Ruanda, la destrucción de Alepo, las huelgas de hambre hasta la muerte en Turquía, los asesinatos en México, el desigual enfrentamiento entre Israel y Palestina, las recientes muertes en Colombia. La lista es larga. ¿Dónde está el mundo civilizado cuando suceden estas iniquidades?

En Nicaragua, desde la rebelión iniciada el 18 de abril de 2018, no hemos tenido paz. Tras la violenta respuesta del gobierno de Daniel Ortega que resultó en 328 asesinatos de jóvenes, más de cien mil exiliados, y 112 presos políticos, la sociedad civil ha sido lentamente acorralada, desmantelada, y criminalizada. En la última semana, hemos vivido una atrocidad sin muertes, pero no por esto menos atrocidad. Cristiana Chamorro, hija de una familia de larga tradición antidictatorial, ha sido el centro del rábido ataque de las fuerzas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ella dirigió por veinte años la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, nombrada así por su madre, que fue presidenta del país de 1990 a 1995. Esta Fundación fue creada en memoria de su padre también, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por el Somocismo, el 10 de enero de 1978 por su labor opositora al frente del periódico La Prensa. La misión de la fundación era apoyar al sostén, modernización y capacitación del periodismo independiente.

Cristiana es una mujer carismática. Su anuncio de que se proponía ser candidata a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre de 2021 recibió la aprobación popular. Ella es la candidata que sobresale en las encuestas y que tiene la mayor aceptación entre los varios candidatos de la oposición que apuestan a cambiar el régimen dictatorial de Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo.

El día 25 de mayo, de manera inesperada, aunque anunciada en discursos hostiles del presidente y su esposa, Cristiana Chamorro fue citada al ministerio público para responder por el delito de “lavado de dinero” de su fundación. Veintisiete periodistas, que recibieron apoyo de la Fundación, han sido llamados como “testigos” contra la Fundación. Los primeros tres -dos trabajadores de la ONG y la periodista corresponsal de Univisión, María Lily Delgado- ante su insistencia de ser acompañados por un abogado, como está escrito en la Constitución del país, fueron avisados por la Fiscalía, que pasaban de ser testigos a estar implicados en la investigación. Tanto a Cristiana Chamorro como a estas personas se les congelaron sus cuentas bancarias.

Este viernes, el contable y el administrador financiero de la Fundación, fueron detenidos y sacados de sus casas, sin orden judicial. Según las leyes recientemente aprobadas, el Estado tiene derecho a encarcelar a los “investigados” por 90 días. En una rápida comparecencia ante un juez, luego de estar desaparecidos, les aplicaron este período de detención. Podemos suponer que estos dos hombres experimentarán todo tipo de amenazas y castigos a menos que produzcan evidencias o declaraciones que enturbien la inocencia de Cristiana. Ya la USAID, proveedora de gran parte de estos fondos, junto con agencias como la Cooperación Suiza y Oxfam, ha emitido declaración de que no ha existido lavado de dinero en el manejo de sus fondos de cooperación. Esta acusación contra Cristiana Chamorro no es más que una burda maniobra para inhibir sus posibilidades de ser candidata a la presidencia.

El mismo día que acusaron a Cristiana, la Policía entró en la oficina de su hermano, el periodista y reciente ganador del Premio Ortega y Gasset, Carlos Fernando Chamorro y procedió a sustraer cámaras, computadoras y documentos, sin ninguna orden legal, ni justificación. Fue la segunda vez que a Chamorro lo despojan. En diciembre de 2018, el local de su medio de comunicación y todo su contenido fue confiscado ilegalmente.

Estas acciones de Ortega y Murillo marcan una nueva etapa de la represión a que nos tienen sometidos como pueblo nicaragüense. Es, de hecho, una declaración de que manejarán las elecciones a su antojo. La ley del país ya dejó de obedecer a los códigos y a la Constitución y funciona ahora según los designios de estas dos personas. De hecho, otros dos candidatos electorales fueron avisados por la policía que no pueden salir de sus casas; un mandato arbitrario e inaudito en un período electoral.

Lo que aquí expongo es del conocimiento de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de Amnistía Internacional, de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos. Estos últimos dos poderes han aplicado ya sanciones económicas y restricción de visas a una serie de personeros de la dictadura Ortega-Murillo. Igual que Venezuela, a quien el repudio internacional parece no hacerle mella, Ortega y su mujer parece estar dispuestos a soportar cualquier censura o presión internacional con tal de mantener el poder.

Nicaragua, que sólo logró derrotar, con una guerrilla armada y una insurrección popular, a la dinastía somocista que duró cuarenta y cinco años, ha optado esta vez por la lucha cívica y pacífica. Por desgracia, esa determinación parece condenada al fracaso pues el pueblo tiene prohibido salir a manifestarse en las calles, y cualquier intento de hacerlo es aplastado por la enorme y letal fuerza policial de la dictadura.

Los ataques cotidianos a nuestra libertad y dignidad, ciertamente que convocan expresiones de condena de los organismos internacionales al gobierno de Ortega, pero como pueblo vivimos la soledad de nuestra indefensión. La vivimos como cada país que es dominado y abusado por dictaduras o gobiernos autócratas; nuestras tribulaciones aparecen en el mundo, si acaso por instantes, en las pantallas de TV o en las redes sociales. El dolor de muchos se ha convertido en espectáculo y el mundo “civilizado” que pensamos habitar se encuentra sin respuestas.