¿Somos todos culpables?

Augusto Klappenbach

Escritor y filósofo

“Somos todos culpables”, se repite insistentemente desde que comenzó la crisis. Recientemente el Presidente de la Patronal reiteró esa idea en una entrevista, aun cuando admitió que existían diversos grados de culpa. Se reconoce que los Bancos, las instituciones financieras y los políticos actuaron con imprudencia, pero se insiste en que también los ciudadanos de a pie vivieron por encima de sus posibilidades y se endeudaron más allá de lo que permitían sus recursos. De modo que la responsabilidad es compartida y por lo tanto todos debemos sacrificarnos para superar esta situación.

El mensaje de semejante discurso es claro: nadie es culpable, ya que todos lo somos. De modo que quienes llevaron a la ruina bancos y cajas de ahorro y quienes firmaron una hipoteca que luego no pudieron pagar porque perdieron sus empleos tienen una responsabilidad compartida, y no es el momento de pedir cuentas a nadie.

Una investigación encargada por el instituto británico Tax Justice Network ha llegado a la conclusión de que el monto total de la defraudación fiscal de las grandes fortunas y entidades financieras ascendió en cinco años (de 2005 a 2010) a casi 17 billones de euros gracias a su refugio en paraísos fiscales como Suiza y las Islas Caimán. Y conviene recordar que el origen de esos capitales proviene en última instancia del trabajo de millones ciudadanos de a pie, producto que luego se multiplica artificialmente por las decisiones de anónimos gestores a quienes no se les puede pedir cuenta de sus decisiones, ante todos porque la globalización del mercado financiero dispersa su responsabilidad en una compleja red de oficinas distribuidas por el mundo ajenas a cualquier control democrático. Pero las entidades financieras nacionales, cuyos responsables sí son conocidos y están teóricamente sujetos a la regulación del Estado, han aprovechado ese anonimato para sus propios juegos especulativos: las famosas hipotecas “sub prime” no hubieran sido posibles sin aprovecharse de un mercado internacional dispuesto a comprar y vender humo, mientras obtenían ingentes beneficios a costa de los aportes de muchos ciudadanos cuyo único delito había sido firmar contratos con ellos. Mientras tanto, los políticos a quienes correspondía la regulación de esa actividad económica se dedicaron a aprovechar esos tiempos de bonanza que permitían un importante aumento de la recaudación impositiva.

Suponer que la responsabilidad de esos gestores es comparable a la de quienes cometieron la imprudencia de confiar en sus promesas es confundir a los delincuentes con sus víctimas. Y la paradoja de la situación actual consiste en que mientras muchas de esas víctimas han sido penalizadas judicialmente por la pérdida de sus viviendas y deudas de por vida, los causantes de esa situación no solo han eludido cualquier responsabilidad penal sino que han pasado a imponer sus propias condiciones a los poderes democráticos, dictando así su política económica. O, en el mejor de los casos, se han retirado a gozar del resultado de sus manejos con sustanciosos retiros. Con excepción de algún caso aislado y de alguna imputación de inciertos resultados, los delitos especulativos no han tenido hasta el momento consecuencias penales en ningún país.

Por otra parte, la imputación generalizada a la ciudadanía de “haber vivido por encima de sus posibilidades” tampoco se sostiene. ¿Se supone, por ejemplo, que un ciudadano que tenía un empleo estable y firmó una hipoteca por un importe que podía pagar cómodamente con su salario de entonces debía haber previsto una crisis que los poderes públicos afirman que nadie podía adivinar en esos momentos? ¿Se afirma que una familia de inmigrantes que apenas conoce el idioma debía haber sospechado que el documento que le presentaba a la firma un simpático empleado del Banco contenía trampas ocultas en su letra pequeña? Y en cualquier caso: ¿se piensa que la responsabilidad de tales imprevisiones es siquiera comparable a la de quienes organizaron esos manejos? No me refiero, por supuesto, a aquellos aprendices de brujo que intentaron imitar el juego especulativo de sus maestros y sufren ahora sus consecuencias. Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos, que se limitaron a vivir en un relativo estado de bienestar y a administrar razonablemente sus modestos recursos no pueden equipararse, ni siquiera compararse, con aquellos que provocaron la crisis o que la permitieron.

Pero, aun si admitiéramos que el origen de esta crisis tiene una responsabilidad compartida, sus consecuencias está claro que no lo son. Los especuladores financieros y las grandes fortunas no han sufrido consecuencias que afecten a su vida cotidiana, más allá de alguna disminución de sus ganancias (que en algunos casos ha sido un aumento). De hecho, el mercado del lujo ha continuado creciendo y la lista de grandes fortunas ha aumentado. La clase política se ha limitado a simbólicos recortes en sus sueldos, sin cuestionar sus coches oficiales, sus dietas e indemnizaciones desmesuradas, sus cargos designados a dedo, sus gastos de representación, sus instituciones prescindibles como las diputaciones provinciales y embajadas autonómicas y un largo etcétera. Mientras tanto, la reducción del déficit se ha confiado al esfuerzo de quienes carecen de esos privilegios: los funcionarios deben prescindir de su paga extraordinaria, todos los ciudadanos, aun aquellos parados que carecen de cualquier ingreso, deben pagar la misma proporción del IVA, los recortes en sanidad, enseñanza y servicios sociales afectan solo a quienes no gozan de servicios privados, se facilita el despido mientras aumenta el paro, etc.

Al menos se puede exigir que no se repitan frases como “debemos salir de la crisis con el esfuerzo de todos” o “todos debemos hacer sacrificios”.