¿Son los autónomos los trabajadores más vulnerables del mercado laboral?

El concepto de colectivo vulnerable o con dificultad en el mercado laboral es aplicable a varios grupos. Tradicionalmente, los trabajadores jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los excluidos sociales, los trabajadores de edad avanzada, las personas con capacidades especiales, entre otros, han sido considerados por la política de empleo como colectivos excluidos o con problemas de inserción en el mercado de trabajo. En esta misma consideración, como actores de ese mercado, debemos analizar si incluimos a los trabajadores autónomos.

La cuestión es determinar si los autónomos, como sector diferente a los colectivos anteriormente mencionados, son los más vulnerables del mercado laboral nacional. Afirmar que lo son no es fácil de defender; está claro que se trata de un colectivo vulnerable con graves y diferenciados problemas para el acceso y permanencia en el mercado de trabajo, pero afirmar que se trata del colectivo más vulnerable no es sostenible.

La cuestión es responder a una pregunta crucial y clave para el análisis: ¿Cuáles son los elementos que determinan la vulnerabilidad de los autónomos? La respuesta a esta pregunta nos facilita analizar lo más objetivamente posible esta cuestión. Para ello, principalmente, tenemos que referirnos a tres arterias vitales; financiación, formación y protección social de los trabajadores autónomos.

La financiación

En cuanto a la financiación, los autónomos se encuentran con serias dificultades tanto al inicio de sus actividades como en el desarrollo de estas. En este sentido, el II Estudio Nacional del Autónomo nos revela que el 38,6 % de los autónomos tiene problemas de índole económica y estos problemas son los culpables del 72,6 % de las bajas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En primer lugar, problemas de financiación que provienen de las dificultades para la obtención de créditos, en su mayoría derivados de la falta de avales que en muchos casos se condiciona al patrimonio personal y casi inexistencia de financiación privada externa.

En segundo lugar, los plazos de facturación y cobro. El mayor problema es que los plazos estipulados en la Ley de Morosidad no se cumplen, ni en el sector privado (77 días de media en 2018 en el sector privado frente a los 60 estipulados) ni el sector público (68 días en el sector público frente a los 30 establecidos).

En tercer lugar, desde el punto de vista impositivo, los autónomos están obligados a adelantar el Impuesto del Valor Añadido (IVA) antes de haber cobrado al cliente, a pesar del intento de establecer nuevos sistemas como el IVA de caja.

Esta cuestión conecta con la cuarta: falta de liquidez. En otras palabras, la falta de liquidez supone el riesgo continuo de los negocios y empresas de los autónomos.

Y, en último y quinto lugar, la cuota fija que, independientemente de que haya ingresos o no por facturación o del volumen de los mismos, deben abonar los autónomos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La formación

En lo referido a la segunda arteria, la formación, es importante destacar que el perfil formativo de los autónomos en España es bajo. Póngase como ejemplo que en la región de Murcia el 40 % de los autónomos no tiene ningún tipo de formación o que únicamente, a nivel nacional, el 24,8 % tienen estudios universitarios.

Si a estos datos se une que la mayoría no accede a cursos de formación y que no mejora su preparación durante su vida como autónomo, nos encontramos con un grave problema. No podemos dejar a un lado un dato importante y es que pese a que el autónomo cotiza por formación continua desde enero de 2019, la mayoría de las ayudas se desaprovechan.

Según datos de Fundae, la tendencia muestra que, del total del crédito para formación bonificada en 2018 (algo más de 800 millones), solo se llegaron a utilizar el 64,8 %, es decir, 536,6 millones de euros.

La protección social

Respecto de la tercera, no por ello menos importante, la protección social, es indiscutible que el nivel de protección es por comparación menor que el que tienen los trabajadores por cuenta ajena no autónomos.

Esta situación es la que provoca que la mayoría de ellos opten por el mínimo de cotización, descuidando de forma irremediable en la mayoría de los casos situaciones como desempleo y pensiones.

Teniendo en cuenta que la calidad de vida queda mermada por situaciones de estrés o porque ni siquiera pueden permitirse darse de baja (incapacidad temporal), ya que a pesar de sufrir menos accidentes leves tienen más accidentes graves (un índice de 46,3 % en los autónomos respecto a un 26 % del total de trabajadores) y más accidentes mortales (un 4,2 % frente a un 3,5 %).

También porque disfrutan menos de los descansos semanales y anuales (vacaciones) o incluso resulta imposible pensar en una jubilación digna. Y ni qué decir tiene de su derecho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, conciliación que se hace en muchos casos prácticamente imposible ya que sus jornadas son interminables donde asumen trabajo y gestión en la mayoría de los casos.

En conclusión, los hechos revelan que aunque no sean los más vulnerables, los trabajadores autónomos o por cuenta propia sí viven una situación de vulnerabilidad.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation