Me llamo Mercedes Huertas y soy hija de una de las 7291 victimas de los 'protocolos de la vergüenza' de la Comunidad de Madrid.

En estos días se cumplen cinco años del mayor genocidio de la democracia, la negación de derechos a personas en situación de dependencia, no solo en residencias, se aplicó también a los domicilios y marcará un hito en nuestra historia reciente.

Mi historia es como la de las otras víctimas, con nombre y apellidos, una vida de lucha y sacrificio con una familia que quedó rota.

Mi padre Juan Huertas, cuando se jubiló en 2001 a los 65 años era vigilante de sala del Museo del Prado, disfrutaba y aprendía escuchando a los guías con las historias de cada cuadro. Murió el 6 de abril de 2020 en la residencia Adolfo Suárez, 100% publica. El último día que le vimos fue el día 8 de marzo, sin ningún tipo de aviso, el día 9 ya no pudimos verle ni explicarle lo que estaba pasando, de un día para otro, dejó de recibir visitas.

Para una persona con Alzheimer y con una rutina de visita diaria de su mujer e hijos, debió de ser difícil de entender lo que estaba pasando, es lógico que pensara que le habíamos abandonado y eso nos causa mucho dolor, sobre todo a mi madre que de golpe le arrebataron a su marido, sin despedirse, sin velarlo y con un duelo abierto a día de hoy.

El 22 de marzo me avisan que tiene 37’5 de fiebre, empiezan con paracetamol y varios antibióticos, siendo intolerante a uno de ellos, lo cual sabían por su historia clínica.

En las 4 llamadas siguientes me informan de los distintos cambios de tratamientos.

Nunca más volvimos a tener contacto con él, hasta esa videollamada del día 4 de abril, pero ya le habían dado paliativos y no se enteraba de que al otro lado del móvil, mi marido y yo intentábamos hablar con él pero era incapaz de abrir los ojos.

Nunca nos informaron y mucho menos nos consultaron de lo que iban a hacer con él. Le dieron paliativos negándole el traslado a un centro sanitario. Mi padre no se ahogaba, de haber sido derivado a un hospital podría haberse salvado. El día 2 de abril le hacen el test covid y empiezan a suministrarle paliativos.

El día 6 a las 21:40 me llaman para decir que ha muerto. En el informe médico reconocen la no derivación y que en otras ocasiones sí le habían derivado con bronquitis al hospital y había salido adelante. Su muerte fue por fallo multiorgánico y el resultado del covid llegó el día 7. Lo mataron por estar en situación de dependencia.

Trasladan su cuerpo a Santiago de Compostela y le incineran el día 12 de abril, día de mi cumpleaños. El día 16 nos llegó la urna con sus cenizas.

Tengo dos denuncias interpuestas desde mayo de 2020 y las dos están en el Tribunal Constitucional con un recurso de amparo a la espera de resolución.

Estos hechos produjeron en mi madre una miocardiopatía y el 30 de agosto de 2021 le ponen un marcapasos. Ingresa en una residencia concertada en la que por mi activismo y mis quejas sufre represalias. Gracias a mi gestión con distintas autoridades, una de ellas la Agencia de Atención al Mayor y a la Dependencia, todo se ha solucionado y actualmente mi madre está “bien” a pesar de las malas condiciones de estos centros.

Como reflexión final añadiría que este sufrimiento de miles de familias sirviese para tener un pensamiento crítico y empático. Estar en situación de dependencia no va relacionado con los mayores, mañana por cualquier causa podemos pasar a estar en esa situación.

Debemos defender los servicios públicos, de calidad y que el dinero de los impuestos estén destinados a ese fin, no a llenar los bolsillos de los fondos buitres.

Los conciertos publico-privado son la mayor estafa que hacen los políticos a los ciudadanos, beneficia a las grandes empresas y a sus accionistas.

Primero fue el mundo del ladrillo y ahora es el de los cuidados. En el mundo de los cuidados hay personas, no ladrillos ni cemento. Cuidémonos entre todas y todos, porque una sociedad sin memoria está condenada a repetir lo peor de su historia.