JAVIER RAMÍREZ BERASATEGUI

El 21 de marzo de 1960 fueron asesinadas 69 personas durante una manifestación pacífica en la Suráfrica del apartheid. Desde entonces, la ONU conmemora esa fecha como el día internacional contra el racismo. Es una excelente ocasión para fomentar un debate sereno y razonado sobre el racismo en España.

Los prejuicios existen y forman parte innata del ser humano; ello no se puede obviar. Un Estado democrático y de derecho que reconoce la igualdad de trato y de dignidad de todas las personas, así como el

acceso universal a los derechos fundamentales, debe tomar conciencia de esta lacra social y combatirla. La sociedad española necesita iniciar un debate maduro y sincero sobre el racismo y olvidar esa expresión de “yo no soy racista, pero…”. Sólo si se discute abiertamente sobre el fenómeno, se podrá combatirlo. El reciente informe del Observatorio Estatal contra el Racismo y la Xenofobia indica que casi la mitad (47%) de los ciudadanos tiene una imagen negativa de la inmigración.

La clave de la lucha contra el racismo no consiste en determinar si una sociedad es racista o no, sino más bien tener la capacidad de detectar los casos existentes y ofrecer a sus víctimas apoyo legal, social y psicológico. A día de hoy, estas desconocen la práctica totalidad de los derechos que les amparan en el caso de sufrir una agresión, sobre todo cuanto se encuentran en una situación administrativa irregular.

Las instituciones públicas no han brindado un apoyo a las víctimas y la Justicia no ha sido sensible a la motivación racista de muchos delitos. Cabe señalar en este sentido la escasa aplicación de la agravante penal por motivación racista, con apenas una veintena de precedentes desde 1995. En muchas ocasiones, desgraciadamente, las víctimas acababan desconfiando del sistema judicial y del apoyo de la policía cuando habían denunciado que un agente de ese cuerpo había violentado sus derechos y su dignidad. El Comité de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial señaló en su informe de 2004 su preocupación sobre este tema. Habrá que esperar su próximo informe para conocer su nueva valoración.

En este contexto, resulta difícil detectar los casos de racismo y poder así dimensionar las necesidades que estas víctimas necesitan. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa ha venido denunciando esta falta de datos. Al no existir una estadística oficial definitiva, es complicado elaborar una política eficaz que ampare a las víctimas de esta lacra social.

Las sucesivas leyes de extranjería han construido la estructura de una política pública, mediática y económica que ha negado derechos políticos y socio-económicos a los extranjeros. La economía española legitima la precariedad laboral de los extranjeros tanto en situación regular como irregular. La inmensa mayoría de los medios de comunicación y la clase política han creado una ficción por la que se puede negar la dignidad y los derechos a los ciudadanos por su nacionalidad y su situación administrativa. El Derecho y la Constitución han pasado a un segundo plano para los menores extranjeros no acompañados, los mujeres extranjeras víctimas de trata, las que trabajan en el servicio doméstico o educan a sus hijos solas, pero también los solicitantes de asilo y los refugiados.

De esta manera, la clase política y la mayor parte de los medios de comunicación criminalizan al ciudadano extranjero en lo que respecta a las redadas masivas y su internamiento en centros donde se desconocen garantías y derechos fundamentales. Por lo tanto, ante la sociedad, el extranjero no es sino un paria desprovisto de derechos, aun cuando la Constitución se los reconoce. Este claro racismo institucional ha venido imposibilitando la puesta en marcha de una verdadera política pública contra el racismo en nuestro país. La Ley de Extranjería monopolizó los debates referentes a los ciudadanos extranjeros en España sin contar en ningún momento con su opinión, al no ser reconocidos como actores políticos. No es por lo tanto posible iniciar un debate sobre las políticas contra el racismo por cuanto ni siquiera se les considera ciudadanos de una comunidad política.

El reconocimiento del derecho al voto sería un requisito indispensable para la lucha contra el racismo. En los precedentes de Vic y de Torrejón, los políticos y parte de la prensa legitimaron la violación de la normativa que garantiza el acceso universal a derechos fundamentales con un discurso basado en el miedo. Si bien el miedo es libre, una sociedad democrática no se puede fundamentar en el prejuicio sobre el otro, sino en la compleja identidad de todo ser humano único y genuino. El argumento del miedo no puede vencer al argumento jurídico en un Estado de derecho.

Todos los ciudadanos, sea cual sea su nacionalidad, son parte de los problemas y las soluciones de todo conflicto social en un país, una ciudad o un barrio. La sociedad no puede permitir que desde determinados medios de comunicación y grupos políticos se incite a la confrontación en razón de la nacionalidad u origen. No se puede permitir que los políticos intenten utilizar este asunto para justificar la demolición del Estado del bienestar, la privatización de los servicios públicos o la precariedad del mercado laboral. El racismo no puede seguir siendo un instrumento de poder y manipulación. La lucha contra el racismo es la reivindicación de lo genuino ante la uniformización y de la complejidad ante la simpleza.

Javier Ramírez Berasategui es presidente de la Federación SOS Racismo

Ilustración de Mikel Casal