Liliana Marcos

Especialista en desigualdad de Oxfam Intermón

Si reducimos costes, aumentamos beneficios. Cuando el gran potencial de impacto positivo que las grandes empresas tienen en nuestra sociedad se ve truncado o, incluso, acaban impactando negativamente en la vida de los ciudadanos, suele deberse a una aproximación pobre de lo que entendemos por beneficios. Si el único beneficio digno de maximizar es el que se llevan los accionistas, el resto de los posibles beneficiarios de la actividad empresarial, incluidos los trabajadores, son únicamente costes a reducir.

Desde la deslocalización a la automatización, o el uso desmedido de mecanismos de flexibilización laboral, las formas de reducir dichos costes son múltiples. Y, si nos acercamos a los datos, parecen estar logrando su objetivo: cada vez las rentas al trabajo tienen menos peso en nuestra economía frente a las rentas al capital. En la década de los 80, suponían entorno al 60% del PIB; en 2016 el 47,64%. A menos “costes”, más “beneficios”.

Siendo conscientes de que la paulatina reducción de las rentas al trabajo es una de las causas más relevantes del aumento desmedido de la desigualdad económica, vamos a profundizaren una forma concreta de reducción de costes laborales: la subcontratación.

Antes de empezar a hablar de ella habría que distinguir la subcontratación legítima de la que no lo es tanto. Dentro de la primera encontramos empresas que contratan a otras para prestar un servicio como, por ejemplo, desarrollar un software para el registro de sus ventas o reformar sus instalaciones. En el otro extremo, tenemos subcontrataciones que tienen como propósito acceder a empleados con condiciones salariales y laborales distintas –y peores- que las de sus trabajadores propios; algo conocido como cesión ilegal de trabajadores, cuyo máximo exponente serían los falsos autónomos.

Resulta un poco raro que algo que se supone ilegal, no pare de aumentar, y es que la regulación de la subcontratación está tan insuficientemente definida que forzar la ley para hacer trampas es muy factible. Las denuncias son escasas y las condenas complicadas. La frontera entre la subcontratación válida y la cesión ilegal, recogida en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, es sumamente difusa.

En Oxfam Intermón acabamos de publicar el informe Diferencias abismales. El papel de las empresas del IBEX-35 en la desigualdad donde hablamos, entre otras muchas cosas, de las formas en las que algunas de las grandes empresas cotizadas de este país juegan en esa frontera.

Si una empresa externaliza un servicio que antes hacían sus propios trabajadores y lo saca “al libre mercado”, pasarán dos cosas. En primer lugar, serán varias las empresas potencialmente subcontratadas que competirán por llevarse el servicio, lo que reducirá el precio, incluidos los salarios; y, en segundo, se atomizará la plantilla, convirtiéndose en grupos más pequeños de trabajadores con menos representación sindical, menos fuerza de negociación y más precarios.

Hace algo más de un año, la inspección del trabajo de la Generalitat de Cataluña multaba a dos de las grandes empresas de telecomunicaciones presentes en el IBEX-35 por lo que el Consejero de Trabajo de la Generalitat calificó en uno de los casos de “trama de subcontratación irregular”, una nebulosa de contratas, subcontratas y falsos autónomos que precarizaba el empleo y reducía salarios. Una de estas empresas fue multada con 3,1 millones de euros que debía pagar a la Seguridad Social como responsable subsidiario.

Con la reforma laboral de 2012 apareció otra forma de exprimir legalmente los salarios a través de la subcontratación que ha tenido en las kellys o camareras de piso su víctima más visible. Antes el mínimo a pagar lo fijaban los convenios sectoriales pactados entre patronal y sindicatos. Los de empresas sólo podían mejorar o adaptar condiciones, pero, tras el 2012, los convenios de empresa son los que priman. A partir de este cambio decenas de empresas que vivían de la subcontratación, las conocidas como multiservicio, desarrollaron sus propios y peores convenios de empresa, abriéndose la veda de la subcontratación bajo mínimos.

En nuestro informe recogemos como en 2014 una gran empresa hotelera del IBEX-35 despedía a 43 camareras de piso para luego contratar, semanas después, a otras 52 a través de una subcontrata. Las camareras de piso despedidas cobraban, según el convenio sectorial de hostelería, unos 1.200 euros brutos. Las nuevas eran retribuidas según el convenio propio de la subcontrata, marcado con el salario mínimo interprofesional que ese año estaba en los 645,30 euros, una reducción salarial del 40%.

Desde 2012, el número de camareras de piso subcontratadas no ha parado de crecer. Pero el mismo problema lo tienen guardas de seguridad, personal de mantenimiento o de cuidados. El número de trabajadores empleados por una multiservicio ha aumentado, según cálculos de los sindicatos, en un 70% desde la reforma laboral y su cuota del mercado de servicios a empresas no ha parado de incrementarse. Según UGT, en 2015 ya se llevaban 1 de cada 5 euros.

No parece tener mucho sentido que las Administraciones públicas subcontraten al mejor postor a empresas de este tipo y, sin embargo, lo hacen continuamente. Los trabajadores son ciudadanos a los que subcontratándoles por miseria están empobreciendo, lo que desemboca en que tienen menos capacidad de contribuir con sus impuestos y más necesidad de servicios y asistencia pública. Mires por donde lo mires, la contratación pública precarizadora es echarse piedras sobre tu mismo tejado.

Lo barato sale caro; caro también al medio y largo plazo para la propia empresa que decidió reducir salarios ya que los trabajadores son consumidores y los trabajadores pobres son, por tanto, pobres consumidores. En una economía donde el 13% de los trabajadores son costes reducidos que viven por debajo del umbral de la pobreza (me gustaría saber cuántos de ellos son subcontratados) hay menos negocio que en otra donde el crecimiento esté auspiciado por un potente consumo interno.

El último informe de la Comisión Europea sobre empleo califica a nuestro país de “en situación crítica” en cuanto a desigualdad salarial. Es posible que ésta y otras recientes y potentes llamadas de atención de la Unión Europea a España sobre la necesidad de subir los salarios más bajos, lleven a reformas que permitan acabar con la subcontratación ruinosa; con trabajadores entendidos como costes susceptibles siempre de ser reducidos y no como los beneficiarios centrales de la actividad económica.