Marta Sorlí

Diputada de Compromís

La ley 1/2004 marcó un antes y un después. Con ella se empezaba a hacer público un problema que hasta el momento se mantenía en la esfera privada. Por fin, después de años de silencio, la violencia de género irrumpía de manera clara en la agenda política y legislativa. Ahora, esta ley se ha demostrado totalmente necesaria pero demasiado limitada para abordar y dar respuesta a la globalidad de la problemática de los asesinatos machistas. Todos los partidos políticos del arco parlamentario más plural de la historia democrática nos sentamos alrededor de una mesa para intentar, de nuevo, conseguir un hito histórico: un pacto de estado contra la violencia machista.

Más de una década y casi 900 asesinatos han sido necesarios para que todos los partidos políticos nos comprometiéramos a reabrir este debate en el estado. Tras la demanda social y unos gobiernos del cambio haciendo puzles presupuestarios para pagar las políticas valientes para erradicar todas las violencias machistas, comenzó una negociación estatal. Una negociación que no fue suficiente para llegar a un Pacto transgresor que diera respuesta real a las demandas sociales. Ni los años ni los asesinatos fueron suficiente para hacer un acuerdo realmente valiente que abordara el problema de raíz. El acuerdo sigue sin tener una perspectiva realmente feminista que busque transformar la sociedad.

Frente a los padres de la Constitución, en una sala donde no se reconoce el trabajo de ninguna mujer durante la transición, se aprobó un documento demasiado básico para acabar con la violencia machista en su totalidad con propuestas diluidas y que aprueba justo con un suficiente.

El consenso requiere de mucho sacrificio. Cada persona, cada diputada y diputado que y conformamos esa subcomisión veníamos con una mochila diferente, con unos aprendizajes y con una ideología radicalmente opuesta. Nos unía la voluntad de hacer un Pacto contra la violencia machista, pero nos separaban profundamente cual era el proceso para erradicar esta lacra social. Diagnósticos diferentes, propuestas diferentes y conceptos diferentes.

Como resultado conseguimos un documento que da un paso adelante demasiado modesto, que reconoce poco a las víctimas y acusa de manera insuficiente a los maltratadores. Un acuerdo que deja fuera cosas tan importantes como la definición clara y la inclusión dentro de la legislación estatal de todos los tipos de violencia machista más allá de la relación de pareja. Un pacto que no afronta el problema estructural del patriarcado y del machismo y que no reconoce los asesinatos machistas como una cuestión equiparable al terrorismo a la que las instituciones tienen que dar respuesta.

Demasiadas cosas han quedado fuera para que este Pacto pueda ser considerado, realmente un Pacto de Estado. La prostitución queda sin reconocerse como violencia machista. Una de las mayores expresiones de los estereotipos sexuales, de la sumisión de la mujer y de la explotación queda fuera. La ley educativa quedará sin reformar, una ley competitiva y mercantilista continuará sin educar en igualdad de trato. Las entidades feministas quedaron fuera de la elaboración del pacto y vuelven a quedar fuera también del seguimiento, de poder poner una visión apartidista a la aplicación del mismo.

Aún así, sí hay algo que celebrar: el compromiso económico del pacto, no tanto por la cantidad como por su destino. Esta partida arrancada al partido del gobierno para destinarlo a entidades locales y gobiernos autonómicos da un balón de oxígeno a quien está haciendo verdaderas políticas de cambio y permitirá que las administraciones más cercanas puedan atender mejor a las víctimas. Era más que necesario dar recursos a quienes tienen prácticamente todas las competencias para erradicar el machismo.

Este pacto es un acuerdo político y que podrá ser institucional, pero sin la participación de las entidades civiles nunca podrá ser social. Por tanto, no es un Pacto de Estado, sino un documento de mínimos para seguir persiguiendo modestamente la erradicación de la violencia machista. Vivimos en una guerra contra los maltratadores y no podemos parar hasta ganarla. La deben ganar las mujeres y todas las personas feministas para que gane el conjunto de la sociedad.