EMMANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ

El logo de la Comunidad de Madrid sigue invocando una igualdad inclusiva como objetivo de las políticas públicas: ?M, o Madrid “La suma de todos”. Semejante pretensión parece una broma de mal gusto cuando se compara con las grandes líneas maestras de esas mismas políticas. Además del grave deterioro de la calidad democrática en la región, manifiesto en la multiplicación de los casos de corrupción, la Comunidad de Madrid es líder en lo que a destrucción de bienes públicos se refiere. En materia ambiental, los despropósitos son casi innumerables: continuo rebasamiento de los límites de contaminación atmosférica sin contramedidas institucionales significativas, construcción de autovías ilegales como la M-501, apertura de campos de golf en espacios protegidos (como el futuro alojamiento de la Ryder Cup en la Cuenca Alta del Manzanares) y proyectos de protección que en realidad permiten la urbanización de zonas antes protegidas (como el plan del Parque Nacional de Guadarrama). El decidido avance en la privatización del Canal de Isabel II es, en este terreno, la guinda de un suculento pastel de apoyos institucionales al negocio inmobiliario a costa de unos bienes naturales especialmente escasos en una región poblada por siete millones de habitantes. No sólo se vende una empresa pública rentable, sino que el negocio se encuentra en la gran cantidad de terrenos de servidumbre de aguas que posee el Canal y que en un par de años, a más tardar, conoceremos en prensa por los imaginativos (y no tanto) proyectos de urbanización que parecen destinados a alojar.

Y sin embargo siempre se podrá aducir que el tratamiento que reciben servicios públicos elementales como la educación o la sanidad es aún peor. El Gobierno madrileño es, efectivamente, el que menos gasta en educación por habitante de entre todas las comunidades autónomas. Un 65% menos que el País Vasco, y un 30% por debajo de la media del Estado (véase la Liquidación de Presupuestos de las CCAA, Ministerio de Economía y Hacienda, 2009). Esperanza Aguirre es archiconocida por su defensa de la enseñanza privada y concertada. Sencillamente, para ella la enseñanza concertada “garantiza la libertad de elección de los padres”. Por eso en los últimos presupuestos se ha recortado en un 5% el gasto en lo que debiera ser el principal capítulo de inversión social (con más motivo en tiempos de crisis), al tiempo que aumenta ligeramente el dinero destinado a los conciertos escolares. Poco puede sorprender que el sistema escolar madrileño sea tan cruel, con índices de abandono superiores al 30% (15 puntos por encima de la media europea según el Barómetro Social de España) y que tenga un sesgo clasista tan evidente como vergonzoso: algunos institutos públicos de los barrios más depauperados de la región concentran tasas de abandono de hasta un 70% antes de la titulación secundaria obligatoria. Evidentemente, la situación no parece que vaya a mejorar en un contexto marcado por una previsible y continua retirada institucional.

En lo que respecta a las políticas sanitarias, los resultados son incluso peores. Madrid es la comunidad autónoma de menor gasto público en salud: un 3,6% del PIB regional frente al 5,3% de la media española. Y esto a pesar de que la política de privatización de la gestión sanitaria ha llevado a pagar por una cama de hospital de gestión privada dos, tres y hasta cuatro veces más que en un hospital público convencional (véanse los estudios recogidos en

www.casmadrid.org). En este caso, la opción por la tan pretendida eficacia de la gestión privada ha acabado en el recurrente fin de trayecto de todas las políticas neoliberales: servicios de peor calidad, más caros y menos equitativos en términos sociales.

Fruto entre otras cosas de este estilo político tan “liberal”, la Comunidad de Madrid presenta la mayor distancia entre aquellos que tienen salarios más altos y aquellos con rentas más bajas. Un cuarto de los trabajadores malvive con salarios netos mensuales por debajo de los 850 euros, y la mitad por debajo de los 1.150 euros (véase la Encuesta de Estructura Salarial, INE, 2009). Si a este cóctel añadimos la fuerte precarización del mercado de trabajo y la generosa subvención fiscal a las rentas más altas (a través de la supresión de los impuestos de patrimonio y sucesiones, recortes en el de donaciones, desgravaciones fiscales a los fondos de pensiones), tenemos todos los ingredientes para una crisis social de amplísimas proporciones cuyas consecuencias son ahora tan imprevisibles como incontrolables.

A pesar de que tales datos debieran ser suficientes para generar un conjunto amplio de alianzas sociales interesadas en un cambio radical en la orientación de las políticas del Gobierno regional, el resultado más que probable de las elecciones de mayo es un nuevo triunfo de las listas encabezadas por Esperanza Aguirre. La responsabilidad, si no única, sí bastante importante, se debe apuntar en la debilidad de la oposición institucional. De hecho, frente a su moderación en ya demasiadas ocasiones, cabe preguntarse si esta no conoce en profundidad estos datos. O tal vez no sabe qué hacer con ellos. O bien es parte interesada en lo que podríamos llamar el modelo social madrileño. En cualquier de los casos, nada sería más deseable que estas cuestiones volvieran a tomar la relevancia pública que haría falta para reconstuir una alternativa creíble para la gran mayoría de los ciudadanos.

Emmanuel Rodríguez López es miembro del Observatorio Metropolitano

www.observatoriometropolitano.org