Jesús Rodríguez, parlamentario de Podemos Andalucía

María Romay, concejala de Por Cádiz Sí se Puede

Quienes seguimos apostando por nuevos procesos constituyentes en nuestro país no lo hacemos desde la nostalgia, aunque sí desde el reconocimiento por aquellas fuerzas que pusieron el acento en la ruptura y no en la reforma en la transición. Aunque no nos movamos en la nostalgia, no dejamos de incorporar a nuestros saberes el acervo de aquellas fuerzas políticas y movimientos sociales que propusieron la llamada Ruptura Democrática.

Es cierto que el nivel de fuerzas del movimiento popular no era suficiente para un asalto al poder y la consiguiente ruptura, pero sí lo era que dicha fuerza iba en ascenso, que el estado español era el que tenía mayor número de huelgas de Europa, que el movimiento juvenil estaba en pleno auge, que las reivindicaciones de los pueblos hacían saltar las costuras del nacionalismo español y que el viejo régimen no podía ya mantener la misma estructura. El acuerdo pactado entre el PCE y el ala liberal del régimen para avalar la constitución del 78 y los llamados pactos de la Moncloa trajeron una desmovilización enorme, legitimó el orden establecido por los restos del franquismo, frustró el proceso de politización creciente que vivía la sociedad española, generó un cierto desencanto y legitimó un marco, que ha sido funcional a la élite de este país durante décadas. Subordinó a un movimiento obrero en ascenso, a una lógica institucional hecha a imagen y semejanza de la clase dominante. Precisamente el argumento del PCE que afirmaba que no existían fuerzas para la ruptura y había que negociar la reforma, quedó en evidencia. Optaron por no estirar el proceso, desmovilizar el enorme potencial del movimiento, legitimar la reconversión del ala liberal del tardofranquismo; en definitiva, el pacto por la reforma hizo que ya no hubiera fuerzas para la ruptura democrática.

Ese proceso de desmovilización trajo consigo como contrapartida una serie de concesiones al movimiento obrero y a la izquierda, con la idea de desarrollar un cierto “capitalismo popular” que se plasmó en un estado del bienestar tardío y menguado, extendido en la gestión de un PSOE magnífico heredero de los “consensos de la transición” y que supo integrar la idea de construcción de clase media como expectativa vital de sectores importantes de la clase trabajadora, incluido sectores de dirección del movimiento. Este modelo económico ligó en gran parte a ciertos intereses privados con la administración pública, incluyendo la especulación urbanística. Así mismo fue fundamental para la reabsorción de los conflictos y contradicciones nacionales la construcción del estado de las autonomías. El espíritu del 4D, que reivindicaba a Andalucía desde los anhelos de las clases populares, fue borrado del relato oficial para encorsetarlo en una lógica también subordinada a las clases dominantes del estado español.

Con la llegada de la crisis, la legitimidad y el consenso generado alrededor de todas las instituciones salidas de aquella transición, se han visto duramente golpeadas. La reivindicación democrática y de impugnación del régimen que comenzaba en la calle con los gritos de rebeldía como “lo llaman democracia y no lo es” y “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, está asociada a dicha crisis social, a la degradación de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y a la descomposición y desmitificación de eso que se ha llamado “clase media

2015 comienza con la victoria de Syriza en Grecia y con encuestas que daban la victoria electoral a Podemos. Cerramos el año sin embargo con la derrota de Tsipras aceptando el memorándum y con un ciclo electoral incierto en el estado español, donde el régimen ha pasado a la ofensiva para asegurar su supervivencia. Sea cual fuere el resultado del ciclo electoral, es evidente que no hay espacio ni intención por parte de la clase dominante para intentar realizar nuevas políticas que cierren la brecha social sin renunciar a sus privilegios. Tampoco parece que sea posible cerrar la crisis del Estado Autonómico sin abrir procesos constituyentes nuevos con una participación activa de la ciudadanía.

Por tanto no hay razones para pensar que este combate de largo aliento para instituir una nueva constitución que blinde los derechos sociales y democráticos de una mayoría social y de los pueblos se cierre en este ciclo electoral. Habrá idas y venidas, aperturas y cierres parciales de las brechas abiertas en los consensos de la transición. Pero las potencialidades constituyentes se van a mantener en el tiempo mientras las fuerzas sociales y políticas antagonistas al orden neoliberal, no legitimen ninguna operación de autorreforma desde arriba y mientras no desmovilicen con falsos consensos imposibles vinculándose emocionalmente el 6D.

Lo que debemos y necesitamos hacer para que el cambio de país siga abierto es mantener un nuevo sentido común desde abajo y nuevas alianzas solidarias de los sectores golpeados por la crisis. Éste no es un 6 de diciembre más, no lo es cuando anhelamos otras instituciones radicalmente distintas y radicalmente fieles a la mayoría social. Estiremos el proceso de cambio: nos merecemos una nueva vida.