¿Por qué y cómo se ha de suspender inmediatamente el pago de la deuda para combatir el Covid-19?

La extensión geográfica de la epidemia del coronavirus produjo una crisis sanitaria mundial y creó una situación totalmente nueva.

Existe un medio simple de liberar recursos financieros: consiste en suspender inmediatamente el pago de la deuda pública. Las sumas economizadas podrán ser canalizadas directamente hacia las necesidades prioritarias en materia de salud. Otras medidas muy fáciles que se pueden tomar para liberar recursos financieros son: establecer un impuesto de crisis sobre las grandes fortunas y los ingresos muy altos, imponer multas a las empresas responsables de los mayores fraudes fiscales, congelar los gastos militares, poner fin a los subsidios a los bancos y a las grandes empresas…

Los Estados pueden decretar de manera unilateral la suspensión del pago de la deuda, respaldándose en el derecho internacional y especialmente en tres argumentos: el estado de necesidad, el cambio fundamental de circunstancias y la fuerza mayor.

Los sufrimientos y el número de muertes son claramente agravados por la subfinanciación de la sanidad pública tanto en los Estados del Sur como en los Estados del Norte. Los Estados, excepto muy raros casos, sistemáticamente impusieron restricciones a los gastos en materia de sanidad pública, bajo el pretexto de reembolsar la deuda y de alcanzar una reducción del déficit presupuestario. Si, por el contrario, hubieran reforzado los instrumentos esenciales de una buena política de salud pública en el ámbito del personal, de las infraestructuras, de los stocks de medicamentos, de los equipamientos, favoreciendo las investigaciones, la producción de medicamentos y desarrollo de tratamientos, y una mejora de la cobertura sanitaria de la población, la crisis del coronavirus no habría alcanzado la magnitud actual y no se estaría desarrollando tan dramáticamente.

En los países más ricos, dotados de sistemas de salud pública netamente más desarrollados, después de 40 años de políticas neoliberales, que dejaron a los servicios públicos en lamentables condiciones y la falta de preparación de las autoridades públicas produjeron estos efectos devastadores. Podemos imaginar muy bien lo que puede pasar en otros lugares. La crisis sanitaria ya ha comenzado a actuar con saña por países de África, América Latina y Caribe y Asia.

Los gobiernos y las grandes instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, y los bancos regionales de desarrollo instrumentalizaron el pago de la deuda pública para generalizar unas políticas que deterioraron los sistemas públicos de salud: supresión de puestos de trabajo en el sector de la salud pública, precarización de los contratos de trabajo, supresión de camas hospitalarias, cierre de centros de salud de proximidad, aumento del coste de la salud tanto en el ámbito de los cuidados como en el de los medicamentos, inversiones irrisorias en las infraestructuras y en los equipamientos, privatización de diferentes sectores de la sanidad pública, falta de una buena inversión pública en la investigación y en el desarrollo de tratamientos… en beneficio de los intereses de los grandes grupos privados farmacéuticos.

Incluso antes del estallido de la epidemia del COVID-19, esas políticas habían ya producido enormes pérdidas de vidas humanas, y en todo el mundo, el personal sanitario había organizado grandes protestas.

Si queremos disponer de los medios para combatir el coronavirus y, más allá de eso, mejorar la salud y las condiciones de vida de las poblaciones, hay que adoptar medidas de urgencia.

El pedido de la suspensión del pago de la deuda o de su anulación está de nuevo en primer plano con ocasión de esta crisis sanitaria mundial. A mediados de marzo de 2020, una decena de expresidentes y expresidentas de América Latina habían hecho un llamamiento en ese sentido. El 23 de marzo, una amplia mayoría de la Asamblea Nacional de Ecuador pidió la organización de una unión de gobiernos de América Latina para suspender el pago de la deuda. A fines de marzo, los representantes de la CEMAC (Comunidad económica y monetaria de los Estados de África Central, que reúne a seis países) pidieron la anulación de la deuda exterior de sus respectivos países. El 4 de abril, el presidente senegalés Macky Sall demandó la anulación de la deuda pública de África.

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD; sus siglas en inglés) acaba de publicar un informe en el que alerta de la amplitud de los efectos dramáticos de la crisis, especialmente en el plano económico. En un pasaje de este documento, la UNCTAD sostiene, en términos diplomáticos, que los países endeudados deberían poder de manera unilateral congelar temporalmente el reembolso de sus deudas. También declara que no corresponde a los acreedores decidir si los países endeudados tienen o no tienen el derecho de suspender el pago de sus deudas.

Es una posición que, desde hace tiempo, el CADTM pone de relieve en términos sin ninguna ambigüedad. Esta posición es compartida por numerosas organizaciones sociales y políticas a escala planetaria.

¿Cuáles son los argumentos jurídicos que pueden apoyar una decisión unilateral de suspensión de pagos en el momento presente?

El estado de necesidad: un Estado puede renunciar a proseguir con el pago de la deuda porque la situación objetiva (de la que no es responsable) amenaza gravemente a su pueblo y, por consiguiente, la continuación del pago de la deuda impediría responder a las necesidades más urgentes de su población. Es exactamente el caso paradigmático al que un gran número de Estados del mundo se confrontan actualmente: la vida de los habitantes de sus países está directamente amenazada si el Estado no puede financiar los gastos urgentes para salvar el mayor número de vidas humanas.

El «estado de necesidad» es una noción de derecho utilizada por los tribunales internacionales, y definida en el artículo 25 del proyecto de artículos bajo la responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la ONU. Como está explicado en el comentario del artículo, el «estado de necesidad» es utilizado para designar los casos excepcionales en el que el único medio que tiene un Estado para salvaguardar un interés esencial amenazado por un peligro grave es inminente y, momentáneamente, la ejecución de una obligación internacional cuyo peso o urgencia es menor. En derecho internacional, la destrucción del Estado, como tal, o la puesta en peligro de la vida de las personas son dos circunstancias que permiten invocar el estado de necesidad para suspender obligaciones internacionales tales como el establecimiento de acuerdos (como un programa de austeridad concluido entre un Estado y sus acreedores) y el reembolso de deudas.

El cambio fundamental de circunstancias: La ejecución de un contrato (o de un tratado internacional) de deuda puede ser suspendido si las circunstancias cambian fundamentalmente, en forma independiente de la voluntad del deudor. La jurisprudencia en materia de aplicación de los tratados y de los contratos internacionales reconoce que un cambio fundamental de circunstancias puede impedir la ejecución de un contrato. En el caso de la crisis actual, durante estos dos últimos meses, las circunstancias cambiaron fundamentalmente:

• Una epidemia muy grave está en plena expansión.

• Los precios de las materias primas se desploman (el precio del petróleo bajó a la mitad en un mes) y toda una serie de Estados deudores dependen de los ingresos provenientes de la exportación de materias primas para conseguir los dólares o los euros necesarios para el pago de sus deudas externas.

• La actividad económica se está reduciendo repentinamente y con mucha fuerza.

• Los países del Sur son víctimas de la decisión de las grandes empresas y de los fondos de inversión del Norte de retirar sus capitales de esos países para repatriarlos hacia las casas madre e insertarlos en un esquema de optimización fiscal.

La fuerza mayor: las circunstancias presentadas son ejemplos de casos de fuerza mayor. Un Estado puede invocar esos casos que le impiden ejecutar un contrato.

Cuando un estado invoca un estado de necesidad, el cambio fundamental de circunstancias o la fuerza mayor para suspender el pago de la deuda, el carácter legítimo o ilegítimo de esa deuda no tiene ninguna importancia. Aunque la deuda reclamada al país fuera legítima, eso no impide en absoluto que suspenda su pago. Pero hay algo fundamental: la población de dicho país debe estar segura que el dinero efectivamente liberado por el impago de la deuda sea utilizado en beneficio de la lucha contra el coronavirus y contra la crisis económica. Eso implica que la población ejerza un control estricto sobre la acción del gobierno, que se movilice y que esté preparada para expresar enérgicamente su descontento si el gobierno no actúa a favor de los intereses del pueblo y deber estar preparada también para derrocarlo si fuera necesario.

Por otra parte, desde el punto de vista de la mayoría de la población, es fundamental que se organice una auditoría de la deuda con activa participación ciudadana con el fin de identificar las partes ilegítimas, odiosas e ilegales que deben ser anuladas en forma definitiva.

Las declaraciones de los jefes de Estado actuales o de los responsables de las organizaciones internacionales sobre las necesarias anulaciones de las deudas no hay que tomarlas en serio, y es evidente. Su único objetivo es de quedar bien ante la opinión pública. Los jefes de Estado siempre podrán decir a sus pueblos que trataron de obtener la anulación de la deuda pero que no lo consiguieron. Así que será necesario continuar pagando. En cuanto al FMI, también con la vieja cantinela desde hace décadas: afirma periódicamente que los acreedores deben anular una parte de las deudas, pero, precisando, que como institución internacional, no puede renunciar a recuperar todo lo que se le debe. No es la primera vez que los más poderosos pronuncian amables discursos y, todas las veces, los efectos sobre el bienestar de las poblaciones son prácticamente nulos.

Actos y no discursos: suspensión inmediata y unilateral del pago de la deuda

Es el primer medio que un Estado puede utilizar con el fin de encontrar, bajo la presión y el control popular, los recursos financieros necesarios para combatir el coronavirus y los brutales efectos de la cada vez más grave crisis económica mundial.

Reorientar los gastos destinados al pago de la deuda y a otros gastos (militares, suntuarias, correspondientes a mega infraestructuras que deben ser abandonadas o pospuestas) dando prioridad a la salud pública, puede conducir a un comienzo de cambio fundamental y saludable.

En efecto, un aumento radical de los gastos en salud pública tendrá también efectos benéficos muy importantes para combatir otras enfermedades que azotan, sobre todo, a los países del sur.

Según el último informe sobre paludismo en el mundo, publicado en diciembre de 2019, 228 millones de casos de paludismo fueron detectados en 2018 y se calcula en 405.000 el número de muertos por esta enfermedad en el mundo. Por otro lado la tuberculosis es una de las diez primeras causas de mortalidad en el mundo. En 2018, contrajeron la tuberculosis 10.000 millones de personas y 1,5 millones murieron de la enfermedad (de los que 251.000 portadores de VIH). Esas enfermedades podrían ser combatidas con éxito si los gobiernos les dedicaran suficientes recursos.

Otras medidas complementarias podrían permitir también combatir la malnutrición y el hambre que destruyen la vida cotidiana de un ser humano de cada nueve (o sea, más de 800 millones de habitantes del planeta). Y, en el mundo, cerca de 2,5 millones de niños mueren cada año, directamente por desnutrición, o por enfermedades ligadas a su débil inmunidad debido a la subalimentación.

Así mismo, si se hicieran inversiones para aumentar masivamente el aprovisionamiento de agua potable y de la evacuación y saneamiento de las aguas servidas, sería posible una reducción radical de las muertes por enfermedades diarreicas, que se elevan a más de 430.000 por año (fuente: OMS 2019).

Como elemento de comparación, a fecha del 8 de abril de 2020, oficialmente, habría habido cerca de 82.000 muertos causados por el coronavirus desde el comienzo de la epidemia en diciembre de 2019. Es el momento más adecuado para actuar, utilizando prioritariamente el poderosísimo instrumento de la suspensión del pago o la anulación de la deuda.