"Que te lea Txpote" o la imperiosa necesidad de una didáctica democrática

Hace dos meses salió publicado mi último ensayo, Los Nadies de la Guerra de España, centrado en la Guerra Civil española o, mejor dicho, en cómo algunas personas corrientes sufrieron y actuaron durante aquellos años de miseria, violencia y muerte. No trato las historias de los grandes prohombres, sino, como recitaba el maestro Galeano, de aquellos que «no tienen historia sino unas líneas en la crónica local». Pensaba que, aunque no iba a generar gran polémica, podría ser un libro que atraería la atención de amplios sectores de la sociedad ya refleja una amplia variedad de casuísticas, clases sociales e individuos de aquel momento: una alcaldesa, una anarquista, un fraile o dos soldados forzosos (uno de cada bando). Además, analizo el recuerdo familiar, colectivo e institucionalizado, este último, obviado por los poderes fácticos.

Sin embargo, mi principal miedo estribaba en que consideraba que pudiese ser malinterpretado o, mejor dicho, que yo me hubiese explicado tan mal como para que me llamasen equidistante y que los sectores derechistas viesen una oportunidad para utilizar alguno de los capítulos en su beneficio (político). Realmente, no tuvo mayor polémica, con excepción de la reacción de algunas personas en las redes sociales. En la mayoría de las publicaciones realizadas en mi cuenta de Twitter, en las que comparto entrevistas o reportajes, han sido interpelado con frases del estilo: «Ya están los de la memoria histérica manipulando», «¿Recibiste ya la paguita por escribir el libro?» u otras, más indeseables, como «Enhorabuena a los subcampeones de 1939» o «Que te lea Txapote».

Este tipo de comentarios demuestran lo necesario e imperativo de una Ley de Memoria Democrática y que esta tiene que venir acompañada de un proceso pedagógico. No solo estamos hablando de restaurar la dignidad de las víctimas de la guerra y de la dictadura, aspecto que defiende la mayoría de la sociedad según las encuestas de opinión, sino de mejorar la calidad democrática de nuestro país. El peligro no reside en que unos personajes anónimos le escriban ciertos comentarios a un autor o autora (ya les ocurrió a otros colegas, como a Ángel Viñas o Paul Preston), sino que esas palabras han salido, en un contexto u otro, de la boca de políticos y políticas del Partido Popular y Vox.

El líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, afirmó, sin sonrojarse, que la Guerra Civil «fue una pelea de nuestros abuelos». Su predecesor, Pablo Casado, riéndose, dijo «qué pesada es la izquierda con las batallitas del abuelo». El diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros, al ser preguntado por la Ley de Memoria Democrática, no tuvo mejor idea que escudarse en la violencia de la banda terrorista ETA y decir que son los que gobiernan ahora el país. Esta estrategia también la utilizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para atacar a la oposición, con una frase que su director de Gabinete de Presidencia, Miguel Ángel Rodríguez, debió considerar en algún momento ingeniosa. Por eso, no es extraño que los medios de comunicación de derechas hablen de «memoria histérica», «querer cambiar la Historia», «adoctrinadores» o «de querer ganar en los libros la guerra que perdieron en el campo de batalla» y que, después, sean repetidos por algunos sectores de la sociedad bajo el anonimato que permiten las redes sociales.

Pero ¿qué hay detrás de este tipo de declaraciones? Solo caben dos posibilidades y las dos verdaderamente alarmantes: o ignorancia de lo que dice el articulado de la ley aprobada en sede parlamentaria, o manipulación. Si es la primera, tenemos diputados que sin haber leído y trabajado el contenido de una ley participan en su debate y votación en las Cortes, lo que es una aberración del juego parlamentario. La segunda es más peligrosa y preocupante si cabe, puesto que la manipulación está lejos de ser una herramienta política aceptable en ninguna democracia.

Por este motivo, es más necesario que nunca establecer una cultura democrática en la sociedad actual para combatir este problema que está lejos de ser endémico. Y, aunque a muchos de nuestros representantes políticos les hace tanta falta, es imperiosa la necesidad de partir de las escuelas, generando una conciencia crítica entre los jóvenes cimentada en los derechos humanos para que entiendan que la intolerancia hacía cualquier minoría social o el uso de la violencia (en cualquiera de sus formas) no tienen cabida en una democracia. Hay que enseñarles que la adquisición de derechos sociales no tiene un punto final, sino que es un proceso continuo y en el que es fundamental seguir defendiendo los ya conquistados adquiridos.

En este sentido, la Historia debe servir para crear una conciencia crítica y democrática. En la Ley de Memoria democrática, no hay nada referido a cómo se debe interpretar el pasado, como disciplina, ni cómo deben ser recordado en el seno familiar aquellas personas que padecieron ese contexto histórico. No obstante, no se debe caer en la equidistancia, defendida a través del argumento del «todos cometieron errores». Si todos han sido culpables, al final nadie es responsable. Según este argumentario, la guerra apareció por arte de magia en la vida de los españoles y estos no tuvieron nada mejor que hacer que matarse entre sí.

Se debe subrayar que, si no hubiese habido un golpe de Estado, la violencia que vino después no hubiera ocurrido. Nada justifica la intervención militar en la vida sociopolítica. No ocurrió en Reino Unido o Francia, en donde hubo, según autores como Nigel Copsey, existió un «mínimo antifascista» dentro de los sectores conservadores. Por el contrario, en España, no ocurrió lo mismo. Los partidos que conformaron el bloque nacional apoyaron económicamente o con la organización de milicias.

Es cierto que hubo violencia política, verbal y efectiva, en 1936. Pero ¿acaso los que se abanderan ahora como constitucionalistas, defiende el golpe militar como un recurso político? Da miedo pensar que así sea. El problema es que los mismos «constitucionalistas» son los que denominan al actual gobierno de «ilegitimo», «socialcomunistas», «etarras» o califican al presidente del gobierno como «felón». Extraña ambigüedad en la que un gobierno elegido por cauces constitucionales sea considerado de «ilegitimo», mientras que el «franquismo» aún no fue condenado por esos mismo sectores políticos y mediáticos. Extraña forma de entender el «constitucionalismo».

La Ley reconoce a las víctimas del bando republicano, su dignificación, y las incorpora al relato democrático para que su recuerdo deje de ser manipulado para lo que el régimen las empleó en su momento: la legitimidad política. El primer capítulo del libro que «quieren regalarle a Txapote» versa sobre cómo un soldado del bando franquista y de recluta forzosa falleció en la «tragedia buque mercante Castillo de Olite» y cómo su familia desconoce dónde están sus restos en la actualidad. La ley también va dirigida a este tipo de casos. No obstante, es obvio, y no debería de ser recordado, que hay en cunetas muchos más muertos perpetrados por los golpistas durante la contienda y la dictadura.

Uno de los apartados más relevantes es el de llevar a las aulas la Ley de Memoria Democrática. Quizá deba concretarse un poco más cómo va a efectuarse, pero aplaudo la intención que se encuentra detrás. Si los «constitucionalistas» fueran verdaderamente demócratas, no les importaría que la juventud aprendiese de los errores del pasado para comprender y defender los derechos humanos. Este es uno de los principales objetivos de las Humanidades. Que sepan que hubo un golpe de Estado contra un sistema democrático (en un contexto de crisis del liberalismo y que estaba lejos de ser perfecto), que el golpe dividió en dos bandos a la sociedad de aquel tiempo e inició una guerra en la que la barbarie proliferaba. Les debe servir para que rechacen cualquier acto que ponga en peligro nuestra democracia.

Si, además, explica la naturaleza violenta de ambos procesos represivos, el perpetrado por los sublevados y el de carácter revolucionario desarrollado en los territorios de la República, se podrá evitar equiparaciones y equidistancias, para enseñarles la importancia del respeto y hacia dónde nos conduce la intolerancia. Estudiar la dictadura franquista puede realzar su compromiso con la progresiva consecución de derechos sociales. Las bases legales están puestas, ahora deben ser cimentadas con hechos reales, que requieren de medios económicos, para acercar la investigación a la sociedad y que esta la considere relevante para su desarrollo, tanto en las aulas de la enseñanza como en el resto de espacios públicos.

Posiblemente esté pidiendo una entelequia si la derecha política y mediática con una mano se enmascara de «constitucionalismo» para unas cosas mientras con la otra blanquea la dictadura franquista. Es necesario una política de la concordia, para no impedir la proliferación del odio, de esas frases tan manidas y desagradables contra aún no sé qué. La Ley de Memoria Democrática debe servir como herramienta para trasladar a la ciudadanía, en especial en el ámbito educativo, los valores democráticos y los derechos humanos. El pasado, siempre expuesto a un debate sano y productivo, debe servir para comprender qué caminos no debemos transitar en el presente ni en el futuro.

Así, expresiones como «gobierno ilegítimo» (empleada a partir de la victoria del Frente Popular) o el uso de víctimas del terrorismo de ETA, para evitar condenar el franquismo, no formarán parte del acervo popular de una parte de la sociedad. Espero que el libro lo lean tanto quienes me acusan de manipular la Historia como el propio Txapote y, en ambos casos, sirva para que acepten las reglas del juego democrático. Lo sé, es una tarea casi imposible, pero entre todos y todas debemos intentarlo.

Quiero creer, quizá ingenuamente, que la sede de la soberanía popular no está plagada de fríos manipuladores y, por tanto, que estamos ante la primera posibilidad que planteaba al principio. De ser así, basta con que nuestros diputados hagan un uso responsable del cargo público que desempeñan y se lean la ley antes de debatir o hacer una declaración pública. Señorías, hagan los deberes.