Alberto Garzón, coordinador federal de IU

Carlos Sánchez Mato, responsable federal de Economía de IU

Eduardo Garzón, economista

Una de las últimas decisiones tomadas por el Partido Popular fue actualizar el programa de Estabilidad 2018-2021 enviado a la Comisión Europea en el que definía la profundización de la senda de reducción del gasto público sobre el PIB hasta llevarlo al 38,6% en 2021, el nivel más bajo en 12 años y uno de los más bajos de toda Europa. Esta reducción es incluso superior a la que ya preveía el anterior Plan de Estabilidad, que era del 39,5% en 2020.

Sería paradójico que tras la moción de censura que ha enviado a la oposición al señor Rajoy, se mantuviera la agenda de recorte y jibarización de gasto e inversión pública comunicada a la Comisión Europea y que no tiene otra consecuencia que la reducción de las políticas públicas. Antes de que finalice el mes de julio el Consejo de Ministras deberá fijar el techo de gasto público para el ejercicio 2019. Este nivel marca el máximo que podrá gastarse el sector público español durante todo el año, de ahí su nombre de “techo”. Antes del año 2010, fue aumentando progresivamente, ya que el gobierno aplicaba políticas expansivas que revertían en más inversiones, prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, desde el citado año, y como respuesta a las presiones austeritarias de la Unión Europea, el techo de gasto fue reducido de forma drástica, lo que conllevó importantes recortes en ámbitos como la educación, la sanidad, la dependencia, I+D+i, vivienda, etc, que tan bien conocemos. A pesar de una leve subida en 2013 y 2014, el gobierno continuó recortando el techo de gasto hasta 2017, momento en el que lo volvió a incrementar, aunque de forma insignificante. De hecho, el techo de gasto de 2018 se encuentra en cotas muy similares a la de su mínimo histórico en 2012, y una tercera parte por debajo de su máximo histórico en 2010, año en el que comenzaron los recortes. Pero esto sólo en términos absolutos, porque si lo comparamos con el PIB español, entonces el techo de gasto en 2018 es el más bajo de la historia reciente. En otras palabras: en comparación con las posibilidades que tiene nuestra economía, el gasto público del Estado es, en la actualidad, el más bajo en los últimos años.

Esto ha tenido importantes repercusiones en el tamaño y calidad de nuestro Estado social, puesto que en la actualidad el gasto en sanidad es aproximadamente inferior en 9.600 millones de euros al que existía antes de los recortes. En vivienda, 8.000 millones inferior; en educación, 7.400 millones; en prestaciones por desempleo 7.200 millones; en cultura 5.700 millones, en familia e infancia, 2.700 millones, etc. Es decir, las políticas de austeridad aplicadas desde el año 2010 han recortado importantes partidas sociales del presupuesto y han deteriorado la calidad de vida de la ciudadanía. Por si a alguien piensa que esta es la vía para parecernos más a los países de nuestro entorno, ya les adelantamos que nada más lejos de la realidad. Nuestro país destina casi 48.000 millones menos que la media de los países de la Unión Europea en políticas de protección social, pensiones, sanidad y educación y esto supone, además de más desigualdad, alejarnos más aún de nuestro entorno.

Que ante esta situación, el PSOE plantee mantener la misma hoja de ruta que la diseñada por el PP se asemeja a una broma macabra. Se asemejaría a que nos intentaran convencer de que hay un cambio real de política pero se nos sirve el mismo plato con idéntica cantidad de comida aunque, eso sí, lo trae un camarero vestido con un traje de color diferente.

Si se quiere dar la vuelta a esta situación, y eso es lo que parece que busca el nuevo gobierno del PSOE, entonces el techo de gasto del año próximo debe elevarse sustancialmente. Sólo así podrían incluirse en los presupuestos del Estado los recursos necesarios para recuperar todo lo que nos ha sido arrebatado en los últimos años. Atendiendo a la previsión de crecimiento de la economía española que calcula el Ministerio de Economía, si quisiésemos volver a tener un volumen de presupuesto en porcentaje del PIB como el que teníamos antes de la crisis (con un límite de gasto no financiero en torno al 13%) y así recuperar los derechos perdidos desde entonces, el techo de gasto debería elevarse desde los 119.000 millones actuales hasta al menos los 150.000 millones de euros. Si este objetivo se considera demasiado ambicioso para lograrlo en un solo año y se quisiese hacer de forma escalonada, el aumento para el año siguiente no debería dejar el techo de gasto por debajo de los 135.000 millones; cualquier nivel de techo de gasto inferior a esa cifra sería insuficiente para darle la vuelta a las políticas de austeridad que comenzaron a aplicarse en el año 2010.

Girar el timón no solamente es factible sino que resulta imperativo después de años de destrucción de avances que costaron décadas de esfuerzo y lucha. Y es posible incluso respetando los absurdos y acientíficos topes de déficit y deuda que impone la Unión Europea. Como a la vista está que el actual gobierno no tiene intención de ejercer presión en Bruselas para modificar esas inconsistentes reglas fiscales, el escenario factible se nos estrecha a su cumplimiento (o al menos al intento de hacerlo). Pero aún así hay margen para incrementar el presupuesto público a niveles que necesita nuestra economía y nuestra sociedad. Recordemos que la economía española ingresa unos 8 puntos porcentuales del PIB menos que la media de la Unión Europea, ergo el gobierno tiene un amplio margen de maniobra para incrementar la recaudación y cubrir así el incremento del presupuesto sin necesidad de elevar el déficit público. Medidas como combatir con más energía el fraude fiscal, incrementar la presión fiscal a las grandes empresas, equiparar los tipos de las rentas del ahorro a los del trabajo, aplicar un impuesto extraordinario a la riqueza de los más adinerados, crear un impuesto a las transacciones financieras, o gravar adecuadamente a las empresas tecnológicas y otras transnacionales evasoras de impuestos, permitiría obtener los recursos necesarios para cumplir el citado objetivo.

Necesitamos una estrategia diferente y audaz que tenga en cuenta otras prioridades y que, en vez de centrarse de forma obsesiva en reducir el déficit público, priorice la eliminación del déficit social y ecológico. En definitiva, se trata de poner en el centro a la mayoría de la gente y no a las élites.