Roberto Mendès

Editor de MaiaLab, blog de información y comunicación

Si usted no es interrumpido por unos mensajes de Twitter imprescindibles para el mantenimiento de su vida social virtual, por las modificaciones de estado de Facebook de un desconocido que aparece como amigo o por las conversaciones de WhatsApp de su grupo de compañeros de trabajo que juegan al tenis, quizá pueda sentarse ante su flamante smart tv de 48 pulgadas y comenzar a ver algo que le haga olvidar la reunión de negocios que acaba de mantener por Skype. Por supuesto, tendrá que escoger entre Netflix, la oferta de su proveedor de servicios de telefonía, YouTube y un DVD de alguna serie que compró hace unos días.

Es cierto que, como decía Neruda, también podemos “pedir silencio” para poder “vivirnos”, que lo contrario es ruido y es muerte: pero también es cierto que muy pocos son los sabios que lo consiguen y alcanzan el anhelado “amor sin fin” que postulaba el poeta chileno. Pero volvamos al ruido cotidiano…

Todo lo anterior pretende demostrar abundantemente el hecho de que la televisión ya no es lo que era y hacernos notar que, de hecho, podemos decir, sin temor a equivocarnos ni ser tachados de líquidos nihilistas o acérrimos posmodernos, que la televisión ya no existe. Al menos la televisión entendida como un canal gratuito por el que se emiten, de forma abierta, contenidos audiovisuales de manera lineal, o dicho de otra manera: la tele de toda la vida. Bien, pues lo que estábamos diciendo es que la tele ha muerto y que estamos de luto por ella desde hace tiempo, porque este terremoto ya se ha producido: no tenemos que aventurar hipotéticos escenarios y ni tan siquiera parece razonable esperar que las cosas se queden como están en los próximos años. Tampoco servirá de nada lamentarnos, recordando entre sollozos qué buena era...

Con este panorama, cumplir el artículo 20 de nuestra Constitución se nos antoja cada vez algo más improbable, especialmente el apartado d), donde se reconoce y protege el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. El problema, curiosamente, radica no tanto en saber qué información puede ser veraz o no, si no en la posibilidad de aplicar lo anterior en “cualquier medio de comunicación”. Determinar la veracidad de las informaciones es difícil, pero abarcar todos los medios de comunicación existentes y por existir es aún más complicado, aunque no imposible, como pretenden hacernos creer aquellos que se hallan inmersos en la batalla por hacer desaparecer nuestros derechos en su propio beneficio.

En medio de todo este cambio que se acelera por días, surge de nuevo la discusión política sobre la radiotelevisión pública, sobre su dependencia o no del gobierno y del partido en el poder, sobre su financiación y sobre los criterios éticos y deontológicos que deben regirla. Una discusión que, si aceptamos lo que llevamos dicho como válido, se realiza sobre un medio de comunicación que está dejando de existir tal y como lo conocemos.

No es que los esfuerzos por definir cómo debe escogerse un consejo de administración representativo sean inútiles. Tampoco hay que entender que el nombramiento del presidente de una corporación pública de comunicación sea algo que carezca de relevancia o que los esfuerzos por hacer de las empresas de comunicación de capital estatal organismos transparentes y económicamente independientes sea una nadería; ni mucho menos. Lo que ocurre es que si las cosas continúan cambiando al ritmo que lo hacen, cuando seamos capaces de saber cuál es el método de gobernanza que nos parece óptimo para los medios de comunicación de titularidad pública, muchos de ellos habrán desaparecido o serán irrelevantes (dicho sea de paso: parece que esto es realmente lo que algunos pretenden).

Lo que se puede deducir de lo dicho es que, en estos momentos, y dado el panorama tecnológico existente, es urgente redefinir tanto la legislación sobre información y comunicación, como los modelos de medios de información y comunicación de titularidad pública (no bastará con reformar solamente la radio y la televisión públicas). Igualmente, es necesario replantear el sistema de derechos para que garantice, en el entorno tecnológico actual, la información veraz, proteja a la ciudadanía de la publicidad abusiva o inadecuada y facilite su acceso a los medios... Y cuando hablamos de urgencia queremos decir inmediatamente.

Hay que decir que es posible hacerlo y que, aunque muchos pretendan que es imposible, por ejemplo, regular algunos sectores alegando que están más en el cielo que en la tierra y que su ubicuidad hace imposible una regulación legal hay que recordarles que esto no es cierto y que los cables que atraviesan, a veces de manera indecente, nuestros edificios, que inundan los cascos históricos, manchando de negro nuestros pueblos blancos y horadando los ladrillos de edificios protegidos, son bien tangibles y no forman parte de ninguna nube. También son físicas las miles de antenas que emiten a diestro y siniestro ondas radioeléctricas y también es concreto y de titularidad pública ese mismo espectro radioeléctrico. Igualmente son concretos los beneficios de operadores y compañías productoras de contenidos concretos que se depositan en bancos igualmente concretos de países también concretos y, aunque todos entendemos que las páginas de internet de un periódico pueden formarse on the fly, o sea, al vuelo, también somos conscientes de que el vuelo que las forma depende del hardware de algún servidor alojado en alguna parte y que no es una nube la que lo hace.

Por tanto, hay que concluir que es imprescindible aceptar el reto, no solo político y legislativo, sino también tecnológico y organizativo, de ofrecerles a los ciudadanos lo que la constitución les garantiza: una información veraz, un acceso abierto a todos y un comportamiento ético y transparente en cualquier medio y a través de cualquier canal. Esto implica no solo legislar, sino construir. En este caso construir entre todos un nuevo modelo de información y comunicación pública que sirva exclusivamente a los intereses de la ciudadanía.

La tele ha muerto, sí, pero igual que, según dicen, dijo Felipe V cuando todavía era Felipe de Anjou, al ser advertido por los aduladores de siempre de que se arriesgaba mucho en las batallas de la Guerra de Sucesión española (“Majestad: rey no hay más que uno”), debemos responder que, aunque eso sea cierto, la muerte del rey nunca ha sido un problema, puesto que puede ser sustituido por otro (”A rey muerto, rey puesto” dicen que dijo). En este caso, no debemos caer en la falacia de que la muerte de la tele, tal y como la conocemos, impide disfrutar de nuestros derechos y que su desaparición hace imposible crear un nuevo modelo de información y comunicación pública; ni mucho menos: eso lo dicen los mercaderes de la información, los que solo ven en esa necesidad básica de las personas una posibilidad de enriquecerse. La ciudadanía más bien debe responder a esa amenaza diciendo que ningún operador de telecomunicaciones es imprescindible y que es urgente construir un nuevo modelo de información y comunicación pública; es decir, que a tele muerta, tele puesta. Así defenderá dos elementos básicos para el ejercicio de la opinión y la calidad democrática: su derecho a una información veraz y su acceso a los medios de comunicación públicos.