El pasado mes de febrero se derogó la ley de memoria democrática de Aragón. Hay mucho que decir respecto a las repercusiones que tendrá, pero aquí me gustaría centrarme en la justificación del nuevo texto legal, porque es muy elocuente respecto a las políticas reaccionarias de la memoria.

Es paradójico que una ley que acusa a otra de tergiversar la historia comience con una mentira. Concretamente cuando afirma que la difunta ley de memoria democrática de Aragón impone “limitación en la definición de ‘víctimas’ a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra”. La Ley 14/2018 describe como víctimas a “las personas asesinadas, las que sufrieron daños físicos o psíquicos y las que fueron objeto de desaparición forzosa durante la guerra civil y la dictadura franquista”, así como a “las personas que padecieron represión por sus creencias políticas o religiosas, por su expresión, orientación sexual o identidad de género, o por su origen étnico”. Es obvio que ahí quedan englobadas las víctimas que lo fueron en territorio republicano.

En otros casos, sin embargo, no está tan claro si prima la mentira o la ignorancia. Por ejemplo, cuando el legislador asevera que “la memoria es algo subjetivo y personal”. Hace más de un siglo que sabemos que existe la memoria colectiva. Sociólogos, antropólogos e historiadores han escrito miles de páginas al respecto. A estas alturas, negar su existencia es terraplanismo sociológico. Un terraplanismo con intención política en este caso, porque lo que subyace es la idea thatcheriana de que no existe la sociedad, sino los individuos. Así pues, el legislador debe simplemente “garantizar a los ciudadanos los medios y el libre acceso a las fuentes para que, con plena libertad, se analice el pasado histórico sin recibir consigna, censura o condicionamiento alguno”. Una ley liberal frente al autoritarismo de izquierdas.

Huelga decir que aquí hay trampa. Y queda clara en la reciente protección otorgada por la Junta de Castilla y León al monumento fascista del Puerto del Escudo. En la web de la Junta se habla de arquitectura racionalista, del siglo XVIII y de las pirámides de Meroe. De lo que no se habla es del fascismo que lo levantó, seguramente para evitar al ciudadano “consigna, censura o condicionamiento alguno”. También se construye discurso con elipsis. En este caso, uno que legitima el fascismo como una opción política más. Ese, y no otro, es el objetivo que persigue la nueva ley aragonesa, supuestamente liberal: normalizar ideas iliberales y antidemocráticas.

Mientras la derecha impone su relato a escondidas, acusa a otros de hacer lo propio abiertamente. Así, la ley que deroga la de memoria democrática en Aragón critica la anterior por imponer una historia oficial que vulnera las “libertades públicas, puesto que al legislador no le corresponde construir un relato histórico”. Pensar que no existen los relatos históricos oficiales en las democracias modernas es de una candorosa inocencia.

Relatos oficiales son los que se transmiten de forma cotidiana en los colegios, en los telediarios y el día de la fiesta nacional. Aparecen recogidos en las leyes cuando estas nos dicen qué contenidos históricos se han de enseñar o qué hechos debemos celebrar. Relato histórico oficial es el que estipula qué informaciones sobre el pasado se transmiten en los medios de comunicación públicos y en qué períodos históricos se invierten más recursos. Y lo son las conmemoraciones, el Museo del Ejército, la Real Academia de la Historia y Patrimonio Nacional. También la protección de la tauromaquia como patrimonio y la web de la Junta de Castilla y León hablando del monumento en el Puerto del Escudo. Nadie recuerda solo lo que le da la gana. Recuerda también lo que la sociedad en que vive considera relevante y lo que el Estado establece a través de leyes e instituciones.

Y lo cierto es que la derecha nunca ha tenido ningún problema con ello. Todo lo contrario. Con lo que tiene un problema es con la historia oficial que trata de promover la izquierda. En el fondo, derecha e izquierda están de acuerdo en una cosa: que es necesario un consenso mínimo respecto a cómo entendemos y nos contamos nuestro pasado. Y tienen razón. Solo que para la derecha la clave en el relato es la unidad de España y la monarquía. Para la izquierda, los derechos humanos y el rechazo a la dictadura. Y lo que de verdad es un problema no es la diversidad ideológica o los relatos oficiales, sino que parte de la derecha ya no reconozca estos últimos valores como prioritarios.