Jaume Asens

Teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Transparencia y Participación de Barcelona.

En democracia todas las ideas se pueden defender. Esa ha sido siempre la letanía formal repetida una y otra vez por sucesivos gobiernos españoles para señalar el camino alternativo a la violencia. Con el veto a la candidatura de Otegi ese mantra vuelve a resonar ahora como un eco vacuo e hipócrita. En realidad, las actuaciones de los diferentes estamentos estatales lo desmienten con rotundidad desde hace tiempo. Cualquier disidencia respecto a las cuestiones esenciales del orden constitucional, y en especial sobre su naturaleza nacional, se pueden convertir en una actividad sospechosa. Y con ello, susceptible de ser prohibida o perseguida de algún modo.

En Euskadi, no son pocas las veces que se han generado situaciones de excepcionalidad democrática y de posicionamiento partidista de las instituciones en nombre de “la lucha contra el terrorismo”. Con su invocación se ha logrado prohibir agrupaciones electorales, cerrar periódicos e incluso amenazar con encarcelar a un lehendakari por convocar una consulta ciudadana. La actuación del Gobierno, la Fiscalía o el propio Tribunal Constitucional –degradado tras su reforma exprés– son una prueba inequívoca de que “todo vale” en la gestión regresiva de la “cuestión nacional”.

En Catalunya, a pesar de la ausencia de terrorismo, la cultura de la excepción también ha penetrado con fuerza. En primer lugar, a raíz de la consulta del 9N se emprendió una ofensiva político-penal contra el ex-presidente Mas y otros miembros del gobierno. Nada importó que fuera un mero acto simbólico, no vinculante, para conocer la opinión ciudadana sobre la cuestión territorial. Con posterioridad, se crearon unidades policiales al servicio de una “caza de brujas” contra dirigentes catalanes. Una auténtica “guerra sucia” que se confirmó con las conversaciones filtradas por Publico entre el jefe de la Oficina Antifraude y el ministro Fernández Díaz. Y recientemente, se ha anunciado la intención de llevar al banquillo a la Presidenta del Parlament, junto otros miembros de la mesa, por no impedir un debate sobre el proceso soberanista en la cámara.

Es en este contexto de excepcionalidad que debe interpretarse lo sucedido. El acuerdo adoptado por la Junta Electoral de Gipuzkoa deduce que Otegi es “inelegible”. El argumento empleado tiene que ver con una condena ya cumplida de seis años y medio de prisión con otros tantos de inhabilitación. Los magistrados se pliegan a los intereses del Gobierno y confunden ser “elegible” con ser cargo público. Y lo que es peor: hacen oídos sordos a la jurisprudencia del Constitucional en la materia. En un supuesto similar, en efecto, éste dictaminó que en este tipo de condenas es imprescindible precisar a qué cargos afecta una inhabilitación. Una posición que permitió al candidato vasco Iker Casanova recoger su acta de diputado. El precedente, de hecho, no pasó inadvertido por cierta prensa conservadora ante la inminente puesta en libertad del dirigente vasco. En El Mundo, por ejemplo, se señalaba con alarma que si ésta se producía no habría ningún obstáculo legal a su eventual candidatura.

Con Otegi no es la primera vez que se produce un disparate jurídico con trasfondo político. La Audiencia Nacional le condenó "por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna por orden de ETA". Poco importó entonces que no se le atribuía ningún atentado o delito concreto. O que dicha supuesta reconstrucción tuviera como objetivo la desaparición de la actividad armada. En realidad, es gracias a personas como el dirigente vasco que hoy las armas han callado y aquellos que las utilizaban han empezado reconocer el daño causado. O que la izquierda abertzale ha apostado claramente por la vía de la reconciliación y la reparación de todas las víctimas. El primero que se refirió a él como “hombre de paz”, de hecho, fue el expresidente Zapatero.

La condena fue ampliamente criticada en el ámbito jurídico. El magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barriro, puso el grito en el cielo con su voto particular. En él mostraba su perplejidad ante una condena dictada por realizar actividades políticas a favor de la paz. O por pruebas exculpatorias presentadas de forma torticera como incriminatorias. Buen ejemplo de ello era el documento llamado Bateragune donde ETA mostraba su oposición a la opción pacificadora de Otegi.

Igual de irregular fue su estancia penitenciaria. Mientras los corruptos apenas cumplen ¼ parte de sus condenas, él la cumplió íntegramente y sin poder acceder a ningún permiso de salida. Poco y nada importaron las protestas de tres premios Nobel, tres expresidentes latinoamericanos, un exfiscal general de los Estados Unidos u otras figuras de reconocido prestigio nada sospechosas de izquierdismo radical.

En una democracia, que haya quien considere a una persona “moralmente abyecta”, indigna de “todo aprecio” o “reconocimiento personal” no debería bastar para llevarla a la cárcel. O para borrarla del mapa político. Con actuaciones de ese tipo se ha reforzado, de hecho, su aura de “preso político”. Prueba de ello es que ya es una suerte de Nelson Mandela vasco para el mundo abertzale. O las muestras de solidaridad de buena parte de los partidos de izquierda. El dirigente de ERC, Joan Tardà, y el de la CUP, David Fernández, incluso le fueron a recibir tras su liberación a la puerta de la cárcel. Y éste último se incorporó a su equipo electoral. También desde Podemos Euskadi se ha criticado el acoso a Otegi y la judicialización de su campo político. Pablo Iglesias, de hecho, aplaudió su salida en libertad por considerar que “nadie debería ir a la cárcel por sus ideas políticas”.

En realidad, el objetivo de esta cadena de despropósitos parece claro. Como ahora no se puede excluir del juego democrático a la izquierda abertzale, se trata de que tenga la mínima representación en el Parlamento vasco. E impedir, de ese modo, un cambio de gobierno autonómico. A nadie se le escapa que esa interferencia al proceso electoral conlleva una clara amenaza a la normalización política de Euskadi.

A partir de la declaración de cese de violencia de 2011 la sociedad vasca fue capaz de ponerse a convivir de manera inmediata, dejando atrás en numerosas ocasiones a sus partidos políticos, fueran de un signo u otro. La paz y la convivencia allí se han construido siempre desde abajo. Es el momento de que las fuerzas políticas vascas y estatales se pongan a la altura de esa ciudadanía. Esto significa que todos debemos dar pasos. Lo cierto, no obstante, es que el Gobierno central sigue enrocado. Se muestra indiferente a lo que suceda en el mundo abertzale y en la sociedad vasca en general. Con la apertura de un horizonte de paz, quedaban pocas excusas para no mover ficha. Su cerrazón fortalece, sin duda, las tesis de los más violentos y debilita a quienes han optado por las vías pacíficas. Con este último episodio, de hecho, no está en juego la suerte política de Otegi. Lo que está en juego es la propia paz. Pero también el pluralismo político y el principio democrático que debe regir en un Estado de derecho. O dicho de otro modo: el derecho de los vascos y vascas a escoger a su presidente. Ni más ni menos.